Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
La semana se caracterizó por el pedido de renuncia al ministro Alfonso Prat-Gay, una preocupante vuelta de tuerca en la profundización del modelo instalado el 10 de diciembre de 2015. Otra noticia importante es la amplia movilización popular que se está gestando para anular el veto presidencial a la ley de declaración de utilidad pública y expropiación del BAUEN y conseguir en 2017 los dos tercios en ambas cámaras legislativas.
El presidente Macri despidió a Prat-Gay, el ministro del súper endeudamiento externo para pagarles a los fondos buitre lo que estos exigían y para financiar el déficit fiscal. El mismo que el año pasado, en campaña, dijo que el dólar ilegal de $ 16 ya estaba incorporado a los precios, y quien posteriormente pronosticó una inflación de “hasta el 25%” para 2016, cuando estamos terminando el año por encima del 40 por ciento.
El ministro se despidió con el anuncio de los resultados del blanqueo de capitales, cerca de U$S 90 mil millones. Cabe destacar que es muy escasa la proporción de ese dinero que ingresó al país, la mayoría son inmuebles y cuentas cuyos saldos continúan en el exterior. Se indicó que se obtendrán unos $ 82 mil millones por multas, lo que daría una tasa promedio del 6%, bien austera. De todas formas, ese monto de multas no alcanza siquiera a evitar que la recaudación nacional caiga en términos reales respecto de la del año pasado.
Se va un ministro que participó activamente de la gestión implementada por Macri. El desdoblamiento del Ministerio en Hacienda y en Finanzas profundiza la atomización del manejo económico, financiero y productivo, atribuyéndole supuestamente mayor poder de decisión económica al presidente de la Nación (o al círculo reducido que habitualmente consulta). Nicolás Dujovne, flamante ministro de Hacienda, ha dejado bien en claro en sus apariciones periodísticas –y en presentaciones de su consultora– su preocupación por el elevado déficit fiscal, que propuso reducir para 2017. Dujovne sostiene que “sobra más de un millón de empleados públicos”, dando a entender que se trata de un seguro de desempleo encubierto. Y sustenta la idea de congelar el gasto público en términos reales por varios años, al mejor estilo del Brasil de Michel Temer. También plantea la necesidad de bajar los costos laborales y eventualmente acceder al financiamiento del FMI ya que “las condiciones que impondría el organismo serían pasablemente laxas para el gobierno”.
De esta forma, al igual que lo sucedido en otras áreas, los nuevos funcionarios parecen elegidos para llevar el ajuste aun más profundo. El propio Macri propuso a sus ministros diez cosas que tienen que dejar de hacer en 2017, en una clara intención de reducir el Estado.
Mientras tanto, la economía sigue deprimida. Fausto Spotorno sostiene que “la recuperación firme del consumo se producirá en el segundo semestre del año que viene”, es decir, el cuarto semestre de esta gestión. Es entendible, puesto que las medidas implementadas por el gobierno nacional ajustan el gasto, los bolsillos de los consumidores y permiten la llegada de productos que compiten con la industria nacional.
Veto contra la iniciativa popular
El veto del presidente a la ley de expropiación del BAUEN era esperable, aunque no deja de ser doloroso e indignante.
Doloroso porque continuará la situación de desprotección de los trabajadores que han construido y desarrollado con tenacidad y eficacia la cooperativa de trabajo Buenos Aires Una Empresa Nacional (BAUEN).
Indignante, porque el veto va en contra de la voluntad legislativa, que por amplia mayoría en ambas cámaras votó la ley de expropiación, sustentada en el interés público de la misma.
Es, además, especialmente cruel, dado que se publicó en el Boletín Oficial el día del vencimiento del plazo, generando en los trabajadores una expectativa de resolución favorable hasta último momento, cuando la decisión ya estaba tomada desde la fecha misma de la sanción de la ley.
Queda claro que se trata de una decisión eminentemente ideológica: expropiar un activo de un particular para sostener una empresa recuperada por sus trabajadores no está en el ideario del conservadurismo que expresa Macri. No importa que el inmueble en cuestión tenga una historia de impagos, quiebras y traslados de propiedad irregulares. Es una cuestión de “principios” neoliberales: el capital privado es intocable.
El veto pretende echar por tierra la solución política a un conflicto jurídico de casi 14 años. Y, si bien tuve el honor de que se resolviera sobre la base de un proyecto que presenté en Diputados con la inestimable colaboración de los trabajadores del BAUEN, se arribó a tal solución gracias al consenso de diversas fuerzas políticas que durante varios años trabajamos de manera conjunta para sancionar la ley. La cooperativa BAUEN es un testimonio de las más de 200 empresas recuperadas por los trabajadores que debieron llegar a esa instancia por las políticas que se aplicaron en los noventa. Hoy se están aplicando esas mismas políticas, y el veto es parte de ellas.
Ese veto se fundamenta en que “las obligaciones (emergentes de la ley) resultarían sumamente gravosas para el Estado nacional, favoreciendo exclusivamente a un grupo particularizado y sin traducirse en un beneficio para la comunidad en general” (decreto 1302/16). Este argumento es insustancial y falaz. Insustancial, porque la suma que eventualmente deba abonarse, lo expresa la ley vetada, será cancelada total o parcialmente con los créditos que el Estado nacional posea contra el titular y/o los titulares de los bienes declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación, y los costos que hubiera que pagar son insignificantes en relación con el Presupuesto de la Administración Nacional. Falaz, porque sostiene que favorece exclusivamente a un grupo y no se traduce en beneficio para la comunidad: la ley vetada establece que el inmueble se incorpora al patrimonio del Estado, y se otorga en comodato a la cooperativa BAUEN “para dar continuidad a las actividades culturales, educativas y sociales que desarrolla y mantener su actividad productiva como fuente creadora de trabajo”. Entender que esto no se traduce en beneficio a la comunidad no es solo una cuestión de ceguera, sino de desconocimiento de la importancia de los movimientos sociales y de las empresas de la economía solidaria en la producción y distribución de la economía. Además, la ley exige al BAUEN, entre varias obligaciones de carácter social, destinar el 30% de sus plazas hoteleras para el turismo social y dar cobertura a las derivaciones médicas de todo el país efectuadas por el INSSJP, lo que implica mayor impacto social aun.
En cuando a “favorecer a un grupo particularizado”, ¿no es acaso lo que ha hecho este gobierno al reconocerles rendimientos más que excepcionales a los fondos buitre, o el mantener el régimen de estabilidad minera? ¿O al extender un blanqueo a aquellos que, en el mejor de los casos, han sido evasores, condonando, con una pequeña multa, ingentes ingresos que deberían haber llegado al fisco y que impidieron la construcción de miles de escuelas y hospitales y transferencias a los sectores más empobrecidos?
El conservadurismo, al que adhieren Macri y sus funcionarios, siempre ha beneficiado a las clases altas y a los sectores concentrados, y maltratado a todas las expresiones populares. En la medida en que podamos instalar esta idea, iremos avanzando en la batalla cultural. Para ir transitando ese camino, #PoneteLaCamisetaDelBAUEN para lograr la sanción definitiva de la ley con dos tercios de los votos de ambas Cámaras en 2017.
