Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
El gobierno ha puesto en práctica dos instrumentos de gestión complementarios: la motosierra y la licuadora. Promueve un plan político, económico y social cuyos principales objetivos son reducir al mínimo la intervención del Estado, para eliminar el déficit fiscal, y fomentar un cambio de precios relativos por el que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas pierden ingresos reales. Lo ha dicho el presidente Javier Milei: “la motosierra y la licuadora, que son los pilares del ajuste, no se negocian. El déficit cero no se negocia”.
Veamos lo anterior con mayor detalle. Con la motosierra la actual administración lleva adelante la reducción y desarticulación del Estado y de sus funciones: por ejemplo, la eliminación de las obras públicas y la precarización de servicios como los de salud y educación, entre otros. El Presidente ha declarado que el Estado es una organización criminal y que es necesario recortarlo drásticamente. No se propone hacer un Estado más eficiente: lo que quiere es llevarlo a su mínima expresión. En su visión, para que el mercado funcione en plenitud es necesario que el Estado tienda a desaparecer.
El segundo instrumento es la licuadora. ¿En qué consiste su accionar? En licuar los ingresos y los ahorros de la ciudadanía. Para ello, el gobierno impulsa un cambio de los precios relativos de la economía. Lo hace a través de la eliminación o drástica disminución de los subsidios a los servicios públicos y de la liberación de los precios de los productos, facilitando de ese modo la mejora de la rentabilidad de los formadores de precios. Permite que los productos y servicios suban más que los salarios, las jubilaciones y las pensiones. Juan Domingo Perón lo sintetizó hace ya muchos años en una frase: “los precios suben por ascensor y los sueldos por escalera”.
Los indicadores salariales son elocuentes. Según el último dato para el mes de febrero, medido por el RIPTE (salarios de trabajadores formales), en tres meses de gobierno se registró una caída real del 19,2%. Se trata de un ajuste inédito, por su magnitud y por su rapidez. Hay que remontarse a 2002/2003, tras la devaluación que se verificó a la salida de la Convertibilidad, para hallar niveles similares de salario real.
En este sentido, cuando hay paritarias con aumentos que tienden a recomponer la pérdida que la inflación ha producido sobre los salarios, lo que el gobierno intenta es no convalidarlos. En estos casos, los libertarios contradicen uno de sus conceptos centrales: la no intervención del Estado.
En el último tiempo las empresas de medicina prepaga produjeron aumentos significativos. Sin la intervención regulatoria del Estado las grandes corporaciones del sector aprovecharon para llevar sus rentabilidades a niveles elevadísimos. Recordemos: antes de la desregulación presidencial, las prepagas aumentaban cuando lo estipulaba el Ministerio o la Superintendencia de Servicios de Salud.
Ante las fuertes subas, el ministro Luis Caputo cuestionó esta semana a esas empresas: “le están declarando la guerra a la clase media”, sostuvo. Y agregó: “desde el gobierno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media”. En la misma línea, el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó que “se están evaluando todas las alternativas para que no haya cartelización y la gente pague lo que es justo, a valores de mercado y ante un mercado de competencia”. Finalmente, el presidente Milei, a través del “retuiteo” de una publicación de otra cuenta, señaló al dueño de Swiss Medical y presidente de la Unión Argentina de Salud, Claudio Belocopitt, como el responsable de los aumentos.
Es decir: cuando el gobierno dejó al “mercado” sin regulación estatal, las empresas del sector produjeron aumentos de precios de tal magnitud que el mismo gobierno ahora habla de la necesidad de intervenir. Lo que falla, entonces, es su propia teoría. Ellos, que se oponen a toda intervención, terminan declarando la necesidad de reponer cierta forma de intervención. Por supuesto: no es que no quieran producir el cambio de los precios relativos y, vinculado a ello, promover la caída de los ingresos reales. Lo que no quieren es que se produzca de modo tan abrupto que genere crecientes efectos negativos en el humor social. Si el ajuste de los ingresos es demasiado intenso, los discursos justificatorios tienden a perder legitimidad de modo más rápido.
La mayoría de los precios de los productos y servicios viene subiendo de modo sostenido. La inflación de marzo, anunciada este último viernes, fue de 11%. En los cuatro meses de gestión del actual presidente la inflación acumulada alcanza un 90,2%. El mayor aumento en marzo se registró en Educación (52,7%), debido a la suba de las cuotas en el inicio del ciclo lectivo. Luego le siguió Comunicación (15,9%), por los aumentos en servicios de telefonía e internet. El tercer rubro de mayor aumento fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (13,3%).
Los liberales afirman que la inflación es un fenómeno monetario y que si se frena la emisión se termina con las subas de los precios. Por eso, uno de sus dogmas es el déficit cero. Entonces recortan inversiones, gastos y subsidios de modo permanente y ello genera, entre otras cosas, la caída de la actividad económica, la baja del consumo y, en ese contexto, el descenso de la recaudación impositiva. Es lo que viene sucediendo en la Argentina: lo recaudado en el tercer mes de 2024 sufrió una caída real cercana al 15%, respecto de igual mes de 2023.
El proceso se retroalimenta: cuando la recaudación cae, en un contexto en el que el objetivo central es el déficit cero, se recurre nuevamente al recorte de gastos. Se ingresa, de ese modo, en un ciclo de ajuste permanente. El único límite a esa espiral recesiva es la capacidad de resistencia de los ajustados.
Lo que queda claro es que la solución de los problemas de los argentinos y de las argentinas no es por la vía del ajuste sino por la vía del crecimiento de la economía, de la generación de empleo de calidad, de políticas impositivas progresivas que graven a los que tienen mayores ingresos y patrimonios y del desarrollo de las fuerzas productivas que el país tiene para desplegar. Ese es el camino.
El otro camino, el que propone el gobierno, está destinado a producir resistencias crecientes como la movilización de las universidades de todo el país a Plaza de Mayo el 23 de abril, la convocatoria de la CGT a una movilización el 1º de mayo y el llamado al segundo paro nacional de actividades para el 9 de mayo.
