Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
Vivimos un tiempo de aceleración: los hechos suceden y desaparecen rápidamente. Los grandes acontecimientos se “apagan” sin que sus efectos se analicen plenamente. De allí que sea una tarea de gran importancia política retomar los hechos sepultados en el aluvión de novedades y devolverlos a la agenda y a la reflexión pública.
La movilización por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, recordando a los 30 mil detenidos-desaparecidos por la última dictadura cívico-militar, tuvo una enorme relevancia. No fue un suceso aislado. Irrumpió como un nuevo eslabón de la cadena integrada por acontecimientos como el rechazo a la Ley “Ómnibus” en la Cámara de Diputados, la presencia en el Congreso de más de 200 organizaciones con críticas a los contenidos de ese proyecto oficialista y el paro y la movilización realizados por la CGT y las dos CTA, entre otras entidades.
La del 24 de marzo no fue una movilización más. Por un lado, sobresalió su masividad orgánica. Los partidos políticos y demás organizaciones arribaron a la plaza o a sus inmediaciones con sus columnas repletas. La concurrencia del Partido Solidario, por ejemplo, fue de las más numerosas en muchísimo tiempo. Por otro lado, hubo una gran cantidad de manifestantes espontáneos: familias enteras y grupos de amigos y amigas, que expresaron su apoyo a una cultura política nacional, popular y democrática en contra de la oscuridad, la violencia y el negacionismo que se vienen intensificando en los últimos tiempos en la Argentina. Además, muchísimos jóvenes, poniendo en discusión esa suposición de que la juventud apoya masivamente al gobierno de Javier Milei.
Hubo otros datos a tener en cuenta: una nutrida columna de la UCR encabezada por el Presidente del partido, Martín Lousteau; el video de Horacio Rodríguez Larreta repitiendo varios veces el número “30 mil desaparecidos”; el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, pidiendo “no caer en negacionismos”, entre otros hechos significativos.
Insisto en la necesidad de mantener en el debate público lo que ocurrió con esta gran movilización que tuvo su expresión más masiva en la Plaza de Mayo pero que también tuvo lugar en calles y plazas de los pueblos y ciudades de la Argentina. De lo contrario, tiende a instalarse la idea de que el gobierno avanza sin fisuras y sin que se produzcan reacciones del arco político, sindical, social y cultural.
A mi juicio sucede lo contrario: es difícil encontrar un proceso político en el que en 100 días un gobierno haya alcanzado un nivel tan alto de deterioro. Coexisten dos fuertes velocidades: la del gobierno acelerando la aplicación de su plan de ajuste, recortes y licuación de ingresos; y la de la toma de distancia de sectores de la sociedad respecto del proyecto gubernamental.
Como parte de su plan de motosierra y licuadora el gobierno anunció la nueva fórmula de movilidad para jubilaciones y pensiones que regirá desde julio y que se actualizará mensualmente según el IPC. La medida se implementó por decreto. La insistencia en ese camino supone cierto desdén por la vía parlamentaria. El oficialismo continúa bloqueando que algunos temas se resuelvan en el Parlamento. No acompañó la convocatoria que se hizo hace dos semanas a una sesión especial en Diputados, no convocó a una reunión conjunta de las comisiones de Previsión Social y de Presupuesto para producir un dictamen común y, finalmente, sacó un Decreto de Necesidad y Urgencia. Es decir: la primera cuestión que es necesario resaltar es la reiteración de la actitud antidemocrática de esta administración.
La segunda cuestión es que está consolidando la licuación de los ingresos de los jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas. Con el decreto 268/24 se establece que desde julio los aumentos de los haberes previsionales se producirán por la inflación de dos meses atrás: ello significa que no se compensa en su totalidad la inflación de los tres primeros meses de esta gestión, generando una pérdida real en los haberes, en especial para quienes cobran la mínima, que se consolidará hacia adelante, congelando así el cambio de precios relativos que está llevando a cabo este gobierno. Es necesario que se reconozcan las pérdidas producto de la inflación y que además se incorporen en la fórmula variables como los salarios o la recaudación, para que a futuro, en el marco de otras políticas, las jubilaciones no estén al margen de lo que ocurre con la actividad económica y así se puedan empezar a recuperar.
Asimismo, el gobierno eliminó por decreto los adelantos de la Anses a cuenta de los déficits de las cajas previsionales a cargo de 13 provincias. No son transferencias discrecionales, venían siendo prorrogadas en las leyes de presupuesto. Un apriete más a dichas jurisdicciones y a los habitantes de las mismas.
Además, los salarios de enero (INDEC) cayeron en términos reales un 12,5% comparados con los de noviembre. La mayor caída la sufrieron los sueldos del sector público (-21,9%), y también cayeron los privados registrados (-12%). La licuadora funciona.
Pero también funciona la motosierra. En el último encuentro del Foro Económico Internacional de las Américas, en Buenos Aires, Milei afirmó: “echamos a 50.000 empleados públicos” y ahora “van a caer 70.000 contratos”. La decisión comenzó a implementarse con el masivo despido de cerca de 15.000 trabajadores estatales el pasado miércoles. Es un número impactante que afecta la vida de las y los trabajadores pero que también reduce el consumo perjudicando la actividad económica y generando un continuo ciclo recesivo que parece no preocuparles. El titular de la Cámara de Comercio, por ejemplo, afirmó que “ahora estamos con recesión y con esperanza. Y antes teníamos consumo que sabíamos que era de mentira”.
La motosierra alcanza a sectores claves y sensibles del Estado: la Agencia Nacional de Discapacidad; la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, entre otras áreas del Ministerio de Capital Humano; el Servicio Meteorológico Nacional; la Agencia Nacional de Seguridad Vial; el Conicet; la Biblioteca Nacional; Parques Nacionales; la Administración General de Puertos, entre muchos otros organismos y dependencias. Prácticamente todas las áreas del Estado están siendo alcanzadas. Por lo cual, junto a los despidos generalizados se encuentra el objetivo mayor de reducir o directamente disolver una serie de funciones del Estado. Ello coincide con la idea del Presidente de que el Estado es “una organización criminal” y que por lo tanto hay que eliminarlo.
Como ya dijimos, hay dos altas velocidades: la de la motosierra y la licuadora pero también la del deterioro del gobierno y su consecuente pérdida de apoyos.
