Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
El proyecto de ampliación de la moratoria enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo forma parte de un esquema integral que está llevando a cabo el gobierno para enfrentar las múltiples consecuencias de la pandemia. Un enfoque que busca proteger la salud y a la vez intenta morigerar sus inevitables impactos sociales y económicos.
No obstante, los diferentes resultados a nivel global en materia sanitaria, en la actividad productiva y en el empleo, son inmensos y se ven en todas las economías. Lo que también se observa es un rol activo de los gobiernos con políticas fiscales y monetarias, aunque mucho depende del margen de acción del que se dispone. Por eso es mucho más valorable lo que se hace en nuestro país, que ya arrastraba una situación de emergencias desde antes que irrumpiera la pandemia sanitaria. Todo esto da marco al proyecto de extensión de moratoria que se comenzó a tratar esta semana.
En virtud de las consecuencias que está generando la pandemia, la propuesta para ampliar la moratoria es otra forma de mitigar los daños sobre el tejido productivo y el empleo, que son muchos y que, por caso, se expresan en un muy fuerte aumento de la deuda tributaria del conjunto de los contribuyentes. El proyecto del Ejecutivo viene a fortalecer los objetivos que ya perseguía la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que se aprobó casi por unanimidad el año pasado. Se otorga, así, un estímulo más para que la producción y el consumo transiten más desahogados este período de restricciones, y generar las condiciones para que, a medida que se resuelve la pandemia, la economía vuelva a crecer.
Se plantea “extender el ámbito temporal de las obligaciones tributarias, de los recursos de la seguridad social y aduaneras previsto por dicho régimen, a aquellas vencidas al 30 de junio de 2020, inclusive”. Se incluyen tanto deudas por falta de pago de obligaciones corrientes, como también por la caída de planes de facilidades de pago que estaban en vigencia.
Además, se amplía el universo a la totalidad de contribuyentes, incluyendo a personas humanas y empresas que no habían sido contempladas en la norma de diciembre. Más allá de algunas especulaciones mediáticas intencionadas, se trata de una medida de carácter general, es decir, no ideada para empresas específicas, que está en absoluta sintonía con la gravedad de la crisis.
Si bien se decidió incluir a las grandes empresas, se contempla una diferenciación que favorece a las MiPyMEs, entidades sin fines de lucro y personas humanas consideradas pequeños y pequeñas contribuyentes, otorgándoles beneficios por sobre el resto, por ejemplo, en materia de plazo máximo de las cuotas.
Un aspecto a destacar es que las grandes empresas que adhieran no podrán distribuir dividendos o utilidades hasta 24 meses después de acceder al régimen. Tampoco podrán acceder al mercado de cambios para realizar pagos de beneficios netos a sujetos vinculados del exterior (por ejemplo por servicios de consultoría y asistencia técnica), ni para realizar operaciones como las de contado con liquidación o las de “dólar MEP”. La idea es incluir distintas medidas que son absolutamente necesarias para evitar el desvío en el uso de los fondos públicos, y que lleguen a quienes lo necesitan, grandes o chicas, pero evitando comportamientos especulativos.
Incluso en países como Estados Unidos estos aspectos se contemplan. Allí se implementó un programa destinado a la industria de la aviación, por más de 50 mil millones de dólares, bajo la forma de préstamos y de subsidios destinados al pago de salarios. A cambio de ese apoyo, las empresas beneficiarias no podrán recomprar acciones ni pagar dividendos y se establecen límites a la compensación de los ejecutivos, entre otras restricciones. En otros países desarrollados hay medidas similares.
En definitiva, con el proyecto de ampliación de la moratoria se está tratando de contar con una herramienta para hacerle frente a los problemas actuales y que ayude a la recuperación en la pospandemia. Forma parte de un arsenal de medidas que el Estado Nacional está implementando y hay motivos de sobra para que sea tratado y aprobado en el Congreso.
