Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
La economía argentina continúa mostrando signos de reactivación, aunque con diferencias entre los sectores. Si bien la dinámica de la pandemia determinará la evolución futura, el hecho es que gran parte de las actividades que habían estado semi o totalmente paralizadas ya están despegando.
En el tercer trimestre del año, el PIB creció un 12,8% en la medición desestacionalizada con respecto al trimestre anterior. Según el informe del Indec, a excepción de las exportaciones (-1,4%), todos los componentes evidenciaron un crecimiento, destacándose la suba de la formación bruta de capital fijo (+42,9%), muy afectada en el trimestre anterior, y que ya venía en baja desde inicios de 2018. Aún no hay datos sobre producción total más actualizados por parte del Indec, pero puede indicarse que ésta tuvo variaciones mensuales positivas ya desde mayo, según las cifras del EMAE, aunque aún no han compensado las grandes bajas de marzo y abril.
Otro indicador positivo es la Utilización de la Capacidad Instalada de la Industria del mes de octubre (Indec), que se mantuvo por encima del 60% por segundo mes consecutivo. En la comparación con igual mes del año pasado, la variación fue casi nula: -0,03 puntos porcentuales. Se destacaron positivamente la industria de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico junto con la producción de cemento.
En este proceso de reactivación, el Gobierno nacional continúa dejando bien en claro cuáles son las prioridades y los ejes de su gestión. Por caso, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se mostró contundente en su intervención junto a Paolo Rocca en el cierre del encuentro anual de ProPyme hace pocos días. Fue enfático con relación a ciertos aspectos en los que este Gobierno no piensa ceder: “el esquema es ir resolviendo los problemas macroeconómicos sobre la base de políticas de Estado” señaló. El Estado, destacó el ministro, “juega para el desarrollo, en generar más dinamismo, en complementar el funcionamiento de los mercados, en resolver cuestiones sobre todo con la generación de conocimiento, la infraestructura pública, la logística. Cuestiones que por sí mismo, el mercado no resuelve en ninguna economía del mundo”. Un giro de 180° con respecto a la postura de la gestión de Mauricio Macri, en la que el Estado se limitaba a “preparar la cancha” para que los grandes actores privados jugaran su juego de maximización de beneficios, mientras la ciudadanía quedaba expuesta a las reglas del mercado.
Un ejemplo del Estado activo es la reciente reglamentación de la Ley de Góndolas, que permite a las grandes marcas y a las empresas más pequeñas y sectores de la economía popular competir de forma más equitativa. Se establece que una misma marca no podrá superar el 30% del espacio disponible en la góndola de los hipermercados que comparte con productos de similares características. Esta normativa es parte de una serie de avances que van a permitir un mejor control sobre las conductas de los grandes grupos económicos y que podría incluso mejorarse recuperando los preceptos de las leyes sancionadas en 2014 sobre regulaciones de la producción y el consumo. Normativas que permiten al Estado analizar las cadenas de valor y detectar irregularidades, y que por diversas razones su aplicación ha sido frenada. Normativas a las que los poderosos grupos empresarios ponen continuamente trabas, por su reticencia a perder los privilegios de dominar el mercado y de esa manera aumentar sus ganancias.
La cuestión fiscal
Los ingresos fiscales constituyen una herramienta fundamental a tener en cuenta en la gestión económica. Sin embargo, incluso antes de la pandemia, la recaudación ya venía disminuyendo, producto de la recesión económica recibida, baja que luego se profundizó a partir de la aparición del Covid. Pero en concordancia con la dinámica de recuperación económica, dicha variable ya registró un crecimiento real interanual en los últimos tres meses, es decir, recuperó la baja de la pandemia y algo de la negativa herencia recibida.
Por otro lado, el acuerdo alcanzado por el Gobierno con los acreedores privados en moneda extranjera constituye un gran paso a la hora de despejar el horizonte y generar un alivio en el pago de deuda durante los próximos cinco años. Además, se está negociando un nuevo acuerdo con el FMI. La postura del Gobierno no deja lugar a dudas. Contrariamente a lo que ocurrió en otros momentos en los que el organismo marcaba la agenda, interviniendo abiertamente en las decisiones de política económica, Guzmán aclaró que lo que se busca es “generar un acuerdo plurianual nuestro que sea la base de un acuerdo amplio entre el frente político y la sociedad argentina”. Además, ya se adelantó que el mismo será discutido en el Congreso de la Nación. Muy lejos de lo ocurrido en 2018 cuando la vuelta al FMI fue anunciada a través de un breve mensaje del ex Presidente Macri, quien ya había firmado un decreto aprobando el acuerdo.
Otro aspecto clave a tener en cuenta para lograr una paulatina convergencia al equilibrio fiscal es la estructura tributaria. En este sentido, en un análisis regional de la Cepal se lee que “los ingresos totales de América Latina y el Caribe han sido históricamente insuficientes para cubrir las erogaciones públicas, lo que conduce a un sesgo deficitario en el manejo de las cuentas fiscales”. La mitad de los ingresos tributarios de la región provienen de impuestos indirectos, en comparación con aproximadamente un tercio en los países de la OCDE, y nuestro país no es la excepción. El informe aclara que “el reto no es únicamente aumentar la presión tributaria, sino hacerlo de forma progresiva, a fin de que el sistema tributario contribuya también a reducir las desigualdades”.
En una reciente entrevista que brindó al diario El País, la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, también hizo alusión a la estructura tributaria. Señaló que América Latina “entró en la pandemia siendo la región más desigual del mundo y lamentablemente la historia nos dice que una pandemia conduce a una mayor inequidad y que ésta tiende a mantenerse en el tiempo” a lo que agregó que “el apoyo público debe ser mejor dirigido a los grupos sociales más golpeados” y que en general “los países tienen que plantearse si sus sistemas fiscales son lo suficientemente progresivos”. Una visión interesante dado que proviene de un organismo que reiteradas veces recomendó políticas de reducción del gasto público e incrementos de alícuotas en el impuesto al valor agregado, un tributo de los más regresivos.
Respecto a los comentados reclamos de progresividad impositiva de los organismos internacionales, en nuestro país se ha dado un paso hacia esa dirección. El viernes se promulgó la Ley 27.605 que establece la creación de un “Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia”, que alcanza a las grandes fortunas, y cabe aclarar que el mismo se establece “con carácter de emergencia y por única vez”.
Desde nuestro espacio político venimos señalando incansablemente que es necesaria una reforma tributaria integral que modifique la regresividad y complejidad en la tributación en nuestro país. Una reforma que otorgue un mayor peso a los impuestos directos (sobre la renta y la propiedad) y menos a los indirectos (mayormente vinculados al consumo). Una tributación progresiva que ayude a lograr un crecimiento con una importante mejora en la distribución del ingreso.
