Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
El gobierno acaba de anunciar la implementación de tres decretos orientados a paliar los efectos de la sequía, fomentar el empleo, mejorar las exportaciones y por lo tanto las Reservas Internacionales, sin descuidar el mercado interno.
En uno de los decretos se establece la automaticidad para suspender las ejecuciones fiscales, bancarias y las percepciones de adelantos o anticipos impositivos a más de 69.000 productores en emergencia afectados por la sequía, una medida que, además de aliviarlos, les permitirá mantenerse en el mercado de crédito.
En otro decreto se reinstala el Programa de Incremento Exportador, por el cual se prevé un tipo de cambio fijo de $300 para los productos de soja y sus derivados por unos 45 días, plazo que permitiría liquidar los granos retenidos y captar las ventas de la nueva cosecha.
Además, se incorporó al programa a las economías regionales, con requisitos específicos. Estas economías son grandes empleadoras, con unos 338.000 puestos formales; de allí que, al decir de Sergio Massa, “la sostenibilidad es uno de los factores de elegibilidad”. En este caso, regirá del 8 de abril al 30 de agosto.
Para ingresar al programa de Economías Regionales se establecen tres criterios de elegibilidad: a) mantener el empleo; b) participar del programa de Precios Justos y c) mantener el volumen y abastecimiento al mercado interno. Expresó Massa: “Esos son tres temas centrales para que abramos nuevos mercados, aumentemos el volumen de exportaciones, tengamos mayor acumulación de Reservas, pero para que también tengamos garantizado que los argentinos y las argentinas consuman a un precio justo los alimentos que son generados en Argentina”.
El tercer decreto es, según comentó el ministro de Economía, para aquellos que no juegan limpio entre los exportadores; aunque hay un plazo de 180 días (para liquidar las divisas) y hay muchos que hacen el esfuerzo y traen las divisas, eso se ve desdibujado porque otros especulan y le hacen trampa al Estado. Son unos U$S 3.700 millones faltantes, como consecuencia de las empresas que no han cumplido con la norma. Se establece un mecanismo de suspensión del CUIT de dichas empresas y de sus directores y se les suspenderá el acceso al mercado de cambios, si luego de 30 días de sancionado el decreto no cumplen con la obligación de liquidar sus exportaciones.
Por otra parte, existe un remanente de la cosecha anterior no liquidado, que rondaría, al menos, una cifra de U$S 6 mil millones (soja y maíz). Una buena noticia es que el clima está mejorando y ya se estima que para la siembra de trigo, que va a empezar pronto, hay condiciones adecuadas.
Juicios contra el país
Se conocieron dos sentencias de tribunales extranjeros contra la Argentina. Una de ellas, en tribunales estadounidenses, fue por la reestatización de YPF. El fallo no establece ningún valor preciso de la sentencia, razón por la cual todos los números que circularon acerca de lo que se debería pagar son especulaciones. Además, se litiga contra el Estado argentino, el cual posee inmunidad soberana (sus activos no pueden ejecutarse en terceros países) y aún se puede pedir la revisión del fallo, luego ir ante la Cámara de Apelaciones y luego ante la Corte Suprema del país del norte.
La oposición cargó contra quienes reestatizaron la empresa, pero la verdadera mala decisión fue, no sólo privatizarla, sino en las condiciones en que se hizo, incluidos la elección de la empresa a la que se vendió uno de los principales baluartes de soberanía nacional (como YPF lo ha sido y ha vuelto a serlo), y los perjuicios que se le ocasionaron.
En el caso del fallo londinense sobre los pagos de los cupones PBI, se sentenció a la Argentina por supuesta adulteración de datos. Pero, ¿cómo determinaron los jueces la adulteración del PBI? Las consultoras privadas no tienen la información suficiente para estimarlo (estamos hablando de la producción de todo el país). Incluso, hasta el propio gobierno de Macri calculó el crecimiento de 2013 en 2,4%, cifra que el Indec mantiene hasta hoy. Si tomamos las estadísticas del PBI definitivas (no las proyecciones) informadas por el FMI, veremos los siguientes datos de crecimiento: 2012: 0,9%; 2013: 2,9%; 2014: 0,5%; 2015: 2,5% y así podemos seguir. Ninguno superior al 3% anual. Además, recordemos que el cálculo es acumulativo: si en un año se crece menos, en el siguiente hay que compensar ese incremento para que el crecimiento acumulado sea del 3,2% anual y se pague el cupón. No hay manera de llegar al nivel del PBI que dispara el pago. ¿Acaso este tema no lo tomó en consideración el Tribunal Superior de Londres? Son las dificultades de someterse a las jurisdicciones extranjeras. No deja de ser llamativo que tribunales de Londres y Nueva York fallen casi en simultáneo contra Argentina en un año electoral.
Las verdaderas intenciones
En la semana corrió bastante tinta alrededor de la idea de “simplificar” el esquema cambiario, lo cual no es otra cosa que devaluar abruptamente. Esta política ya se aplicó (entre otras tantas veces) cuando Juntos por el Cambio llegó al gobierno en diciembre de 2015, y llevó a un significativo salto de la inflación.
Martín Redrado, quien asesora a Rodríguez Larreta, señaló varios ejes de un programa de estabilización y crecimiento, un “shock de leyes”, según lo definió. Entre ellas, una “ley de desindexación del gasto público (…), con una reestructuración de las empresas públicas, cerrando algunas que no tiene sentido tenerlas”. Para enfrentar a la inflación también avanzaría con un “Banco Central que vuelva a tener independencia (…), que tenga prohibido financiar al sector público”.
Desindexar el gasto público significa que éste crezca significativamente menos que la inflación, es decir, licuarlo. ¿Qué rubros afectarían? No lo dicen, pero para que ello sea posible, en la magnitud que plantean, se debería necesariamente ajustar los gastos sociales, que representan el 55,6% del total. Están queriendo imponer un ajuste que recaiga en los sectores más vulnerables.
Además, no hay que perder de vista que el gasto previsional se financia con los aportes y contribuciones a la ANSES, que explican el 58% de los recursos de la seguridad social, y un 36% con una parte de la recaudación tributaria. La sustentabilidad del sistema previsional precisa de una economía en crecimiento, no en recesión.
Respecto de la autonomía del BCRA, el presidente de la Reserva Federal de EEUU fue bien explícito al afirmar, meses atrás, que “restaurar la estabilidad de precios cuando la inflación es alta puede requerir medidas que no son populares a corto plazo, ya que elevamos las tasas de interés para desacelerar la economía”. Luego agregó: “la ausencia de un control político directo sobre nuestras decisiones nos permite tomar estas medidas necesarias sin considerar los factores políticos de corto plazo”. La famosa independencia de los bancos centrales, muy bien vista por el establishment local y por la oposición de JxC, radica finalmente en que se puedan tomar las medidas que hagan falta para desacelerar la economía, sin considerar lo que le termine pasando a la población.
Más allá de los grandes desafíos que existen, no hay que dejar de resaltar que hay una oposición que, si bien oculta los efectos negativos de sus políticas, explicita sin pudor que, inicialmente, tendrían un alto costo para la sociedad. Sirva como ejemplo la reciente consideración de Ricardo López Murphy ante un eventual triunfo de JxC: “la gente ligada a los subsidios va a sufrir”.
