Perfil | Opinión
Por Carlos Heller
No se gobierna en el vacío. Por lo general, las decisiones se toman en escenarios complejos donde actúan diversos actores políticos, económicos, sociales y mediáticos con intereses contrapuestos. Todos ellos despliegan sus fuerzas y su capacidad de presión para imponer sus estrategias.
Hace algunas semanas, y luego de una dura negociación, el Gobierno logró limitar los pedidos con los que insistía el FMI. A pesar de los intentos del organismo internacional de avanzar con una devaluación mucho más significativa, el Gobierno dispuso un 21,8%. Pero el traslado a precios de esta variación del tipo de cambio fue muy superior a su impacto real sobre los costos de producción. La consecuencia: argentinos y argentinas comenzaron a pagar los bienes y servicios que consumen con fuertes aumentos mientras los formadores de precios y las cadenas de valor acumulaban ganancias inesperadas.
En ese marco, el ministro de Economía, Sergio Massa, tomó una serie de medidas cuyo objetivo es contrarrestar el impacto de esos aumentos excesivos, recomponiendo los ingresos de la población. Junto con esas iniciativas coyunturales se tomaron otras de largo plazo.
Una rápida enumeración de algunas de las políticas anunciadas muestra su relevancia.
Se subió por decreto el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias para trabajadores/as, jubilados/as y pensionados/as que cobran más de $ 1.770.000, el equivalente a 15 salarios mínimos. Con esta medida solo pagará el gravamen el 0,88% del total de los trabajadores/as registrados en el país. En paralelo, la misma iniciativa fue enviada al Congreso, obtuvo media sanción en Diputados y fue girada al Senado, que la convirtió en ley este jueves.
Se implementó la devolución del 21% de IVA para la compra con tarjetas de débito de los productos de la canasta básica, que alcanza a todas las personas que ganan hasta $ 708 mil mensuales. Si bien este tipo de mecanismos de reintegro estaba funcionando en el caso de quienes cobran la AUH y para los jubilados/as de la mínima, con la nueva medida se amplió el universo a más de 18 millones de personas: 7 millones de jubiladas/os, alrededor de 9 millones de trabajadoras/es, cerca de 2,7 millones de monotributistas y 440 mil personas trabajadoras de casas particulares.
Se anunció un programa de créditos de hasta $ 400 mil para trabajadores/as a pagar en hasta 48 cuotas fijas y a tasa del 50% de la tasa actual de financiamiento bancario.
Se amplió el refuerzo alimentario de PAMI a casi 3 millones de beneficiarios/as y se aumentó el monto a $ 15 mil mensuales de septiembre a noviembre.
Se decidieron refuerzos para los trabajadores/as no registrados o informales: un ingreso de $ 94 mil, dividido en dos cuotas para los meses de octubre y noviembre, de $ 47 mil. La medida alcanza a un universo de alrededor de 3 millones de personas. En paralelo, para financiar la medida se implementará un anticipo del Impuesto a las Ganancias a “quienes ganaron con la devaluación del Fondo Monetario”, tal como afirmó el ministro Massa.
Se aprobó en Diputados y se giró al Senado el proyecto de ley de generación y fortalecimiento del “empleo Mipyme”. Este último apunta a resolver la informalidad laboral creando un régimen de incentivos para que las empresas incorporen nuevos trabajadores/as o registren los no registrados/as. Para acceder al beneficio, estas incorporaciones deben ser incrementales con relación a la dotación de personal preexistente. Según datos del Ministerio de Trabajo, el 74% de los trabajadores/as en las empresas de menos de cinco integrantes son informales.
El Gobierno toma medidas de urgencia para aliviar la situación de los argentinos y argentinas y, al mismo tiempo, señala cuál es el rumbo de sus políticas futuras.
En las próximas elecciones se elige entre dos modelos de país: uno conduce a la Argentina hacia adelante; el otro retrocede hacia el precipicio. Uno promueve un Estado activo, que incluye, regula, distribuye, defiende el interés nacional, impulsa la unidad latinoamericana y legisla para proteger a los sectores más vulnerables y a la mayoría de la ciudadanía; el otro deja todo en manos del mercado, beneficia a una élite que promueve la ley del más fuerte e impulsa la concentración de la riqueza y de los ingresos.
