Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
El anuncio de las nuevas medidas sanitarias opacó, por obvias razones, todo lo que generó la suspensión por 30 días de las exportaciones de carne bovina. Sin embargo, son temas que tienen muchos puntos en común y se expresan en la frase del presidente Alberto Fernández de principios de semana: “la libertad que invocan algunos nos lleva a los contagios y a las muertes”. En el caso puntual de la carne, la libertad para fijar precios a valores internacionales estaría dejando afuera del consumo de ese producto alimenticio a un gran número de hogares argentinos.
Las restricciones para bajar la curva de contagios y muertes fueron establecidas hasta el próximo domingo y será indispensable el control por parte de las autoridades y la responsabilidad de todos y todas. La ecuación es simple: cuanto mayores sean los cuidados hoy, menos víctimas habrá mañana. Nadie se puede salvar solo.
Si bien la economía se viene recuperando, el gobierno nacional tiene en cuenta que hay segmentos de los hogares y las empresas que requerirán mayor asistencia. Por eso se anunció que se ampliarán el alcance del Programa de Recuperación Productiva (REPRO), el salario social complementario para las y los trabajadores de sectores críticos y la salud, la cantidad de becas del plan Progresar, la AUH y habrá un refuerzo de la tarjeta Alimentar, entre otras medidas.
No es una decisión aislada. En abril de este año, el presupuesto en programas sociales (excluyendo gastos Covid), se aumentó más de un 200% en términos reales respecto del mismo mes de 2020.
Respecto a los gastos por Covid, se calcula una erogación cercana a los 480.000 millones de pesos (algo más del 1% del PBI), que será financiada por los mayores ingresos fiscales, y por parte del Aporte Solidario y Extraordinario a las grandes fortunas. La presencia del Estado resulta imprescindible. Cerca de la mitad de estas erogaciones se destinarán exclusivamente a gastos orientados al “saber hacer de la economía”, es decir, a empresas, trabajadores formales e informales de los sectores más afectados por la pandemia y sus familias. La otra mitad, en refuerzo de asistencia social (es decir, más fondos para los programas sociales ya vigentes y otros nuevos), orientado a personas en situaciones de mayor vulnerabilidad económica y social. En resumen, paliar los efectos del Covid, junto con la mejora en la distribución del ingreso y en la situación social de las familias.
Respecto de las restricciones a la exportación de carne, el Estado apunta a garantizar el abastecimiento del mercado interno y a estabilizar los precios de estos productos, de gran incidencia en la canasta de alimentos. Ante ello, las entidades que conforman la Mesa de Enlace anunciaron el cese de la comercialización.
Según figura en la Resolución 75/2021 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, “de conformidad con el actual avance del mercado exportador de carnes, sus precios han experimentado un alza sostenida, producto de la creciente demanda de dichos productos, principalmente por parte de los mercados asiáticos (…). Esta situación ha generado que los precios internos acompañen a los de exportación de la carne vacuna, en un contexto donde el precio mundial de los alimentos ha aumentado significativamente (...). Aceptar sin más la fijación de valores del mercado internacional para alimentos locales que constituyen productos básicos de la mesa de los argentinos y las argentinas, implicaría renunciar a los deberes básicos en materia de política económica”. Fundamentos más que suficientes como para justificar la medida adoptada por el gobierno nacional.
Según datos oficiales, las exportaciones de carne respecto del total de la producción se incrementaron fuertemente en los últimos años (pasando del 7,3% en 2015 al 28,5% en 2020) como consecuencia de la mayor compra de países como China. Están por encima de los niveles que se consideran adecuados para proveer al mercado interno. Alberto Fernández lo resumió con claridad: no celebró que “hagan pagar a los argentinos el precio que le hacen pagar por la carne, y que les den una migaja de 8 mil toneladas de carne (el volumen incluido en los últimos acuerdos para distribución de carne a precios más bajos que los del mercado) cuando acá se consumen 200 mil”.
Uno de los argumentos que se esgrimieron para rechazar la medida es que con el cierre de las exportaciones (temporal, por 30 días y podría achicarse según los resultados de las negociaciones) se generará un “daño irreparable”. También dicen que se terminaría afectando las decisiones de los productores y que ello, a futuro, derivaría en una menor oferta y en mayores precios domésticos. Sin embargo, los elevados precios cárnicos que hoy están impactando en los bolsillos existen a pesar de que entre 2015 y 2020 el volumen de la producción de carne vacuna (res con hueso) creció 16,1%. Suponer que de manera natural el aumento del volumen va a bajar los precios es una apreciación carente de sustento real.
Un país que persigue el bienestar colectivo, en primer lugar debe priorizar a su gente, y luego exportar los excedentes. No al revés, es decir, exportando todo lo que puede, dejándole al consumo interno lo que queda, y a precios internacionales. Entre abril de este año y del anterior en el Gran Buenos Aires el precio del asado subió el 95,8%, el de la nalga 78,3% y el de la paleta el 73,8%, muy por encima de la inflación promedio del GBA (44,2%). En este marco, los datos oficiales muestran que el consumo doméstico per cápita es de 50 kilos, el más bajo desde 1990, ocho kilos menos que en 2015.
Otro aspecto relacionado es el de las interacciones que se dan con las demás producciones y que también impactan en la formación de los precios. En los establecimientos de feedlot, que son la mayoría, los animales se alimentan de productos que también se exportan, como la soja y el maíz, cuyos precios han aumentado hasta valores casi récord. Por eso resulta esencial lograr que todo el espectro de precios vinculados al mercado interno se desacople de los precios internacionales, no sólo en el caso de las carnes. Primero se puede intentar ir por el canal del diálogo y de los acuerdos, pero si ello no surte efecto —como pareciera ser el caso— se debe ir por la vía de las potestades legales de las que dispone el gobierno.
Lo que ocurre con el sector cárnico es otra manifestación de la puja distributiva que se verifica en el proceso de formación de los precios y en la dinámica de la inflación. Como ocurre con otros bienes, los productores de carne no han sufrido el impacto de aumentos desproporcionados de los salarios, de otros costos y de las tarifas de servicios públicos. Ni siquiera les ha afectado el tipo de cambio, ya que el oficial, que es el único utilizado en las operaciones como la compra de insumos, operó dentro de los parámetros presupuestados. Y no se está en presencia de otros impulsos inflacionarios como el fiscal o el monetario.
Por eso tampoco es casual que los sectores más conservadores, no sólo en Argentina, cuando sienten que sus privilegios se ven amenazados saquen a relucir —de forma totalmente sesgada— la cuestión de “la libertad”. Concepto que en última instancia remite en este caso, a la posibilidad de definir libremente los márgenes de ganancia.
La libertad no es un valor absoluto; es válido en tanto y en cuanto no conspire contra los derechos de los demás. En los temas tratados en esta columna queda más que claro, ya sea en el caso de las necesarias medidas para evitar que el virus se propague, como en el caso de la fijación de precios.
