Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
Esta semana la Cámara de Diputados declaró prioritaria para el interés del país la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo ley extranjera, y empoderó al Ejecutivo, a través del ministro de Economía, para encarar la negociación. De hecho, el Ministerio de Economía acaba de informar el cronograma con las distintas acciones para la gestión de esta deuda, que en la segunda semana de marzo comprende el lanzamiento de la oferta a los acreedores, oferta que expira al finalizar el mes. Cumpliendo los plazos prometidos por el presidente Alberto Fernández.
La media sanción del proyecto de ley refuerza el apoyo político a esa renegociación imprescindible para atender la situación de emergencia que atraviesa nuestro país, y está en el marco de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva (27.541).
La carga de la deuda pública es imposible de afrontar en los términos actuales y limita la posibilidad de atender la emergencia social. Entre 2015 y 2019 la deuda pasó del 48,6 al 90,9 por ciento del PIB y los servicios totales pagados anualmente se cuadruplicaron, pasando del 10 al 40 por ciento del PIB.
En particular, la tasa de interés promedio ponderada, que se encontraba en 5,5 por ciento en 2015, saltó al 7,26 por ciento en 2019. Esto determinó que la relación entre los intereses y los recursos tributarios creciera en forma significativa, un deterioro que golpea directamente en el presupuesto público. Es una deuda que además está muy concentrada en el corto plazo.
Los números no dejan dudas de que el manejo que se hizo de la deuda en la gestión anterior fue nefasto. Comenzando por la desregulación de la economía y el costoso acuerdo con los buitres, que traería “lluvia de inversiones”, siguiendo por bonos como el Centenario, o por el acuerdo con el FMI.
La renegociación también alcanza a la deuda del 2005 y 2010, pero cabe aclarar que ésta es producto de la reestructuración de los canjes de lo que estaba en default en ese momento (la herencia recibida en aquellos tiempos), a la que se le aplicó una quita del 70 por ciento y se convirtió en deuda reestructurada que se siguió pagando con normalidad.
Cabe subrayar la frase de Martín Guzmán: “la voluntad de pago está, siempre lo hemos dicho, pero para poder pagar el país necesita generar capacidad y para eso hay que crecer, por lo que es fundamental que exista un alivio de la carga de deuda que enfrentamos”.
Lo importante es liberar los recursos para crecer y atender las urgencias, en línea con los compromisos que adoptó el actual gobierno al asumir.
El proyecto tiene como uno de sus ejes centrales la noción de “buena fe”, que no es otra cosa que lo establecido en los Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana, aprobados por la ONU en 2015 y declarados de orden público en nuestro país, a través de la ley 27.207.
La ONU establece que “el principio de que el deudor soberano y todos sus acreedores deben actuar de buena fe implica su participación en negociaciones constructivas de reestructuración de la deuda soberana y en otras etapas del proceso con el propósito de restablecer la sostenibilidad de la deuda y el servicio de la deuda de manera rápida y duradera y de obtener el apoyo de una masa crítica de acreedores mediante un diálogo constructivo acerca de las condiciones de la reestructuración”. Es importante dejar este punto explicitado.
Una de las cuestiones que surgió en el debate tuvo que ver con la necesidad de contar con esta ley, ya que las herramientas están contempladas en las normas actuales. Si bien el argumento es atendible, lo que se busca es perfeccionar el plexo normativo vigente y, por sobre todas las cosas obtener apoyo político y unidad nacional para una negociación soberana.
En otras palabras, se trata de un proyecto hecho en Argentina y para los argentinos y las argentinas, que trata de garantizar la sostenibilidad de la deuda, en los términos que define la ONU y nuestra propia legislación. Y con estas herramientas apuntar a recuperar el ejercicio de la autodeterminación financiera y económica del país, y a posibilitar el crecimiento con equidad que nos saque de la profunda crisis que heredamos.
