Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
La media sanción en Diputados del proyecto sobre Bienes Personales interpela a la realidad desde varias aristas, que abarcan al funcionamiento del Parlamento y a las posturas que aparecen como intransigentes en gran parte de la oposición, expresadas también en el rechazo del Presupuesto 2022.
El Senado votó en octubre de este año un proyecto para elevar el mínimo no imponible del impuesto a los Bienes Personales, importe que no se actualiza desde el ejercicio fiscal 2019. Además, estableció la actualización anual de los montos por el índice de precios. Es una iniciativa elogiable, pues beneficia a unos 445 mil contribuyentes, según el cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), pero contiene una falencia: genera un costo fiscal sin una contrapartida de ingresos que lo equilibren.
Juntos por el Cambio (JxC) quería revalidar este proyecto, pero el Frente de Todos presentó un dictamen, finalmente aprobado con media sanción en Diputados, con un incremento de las alícuotas para los contribuyentes de mayores patrimonios, elevándola del 1,25 por ciento a 1,50 por ciento para los patrimonios superiores a 100 millones de pesos y para los mayores a 300 millones de pesos, al 1,75 por ciento. Esta suba de alícuotas afecta a menos de 16 mil contribuyentes.
La oposición de JxC rechazó la suba de alícuotas, puesto que en su “contrato electoral”, tal como expresaron varios diputados y diputadas, se estableció que no votarían aumento de impuesto alguno. Al mejor estilo del Tea Party, el ala más radicalizada del Partido Republicano de Estados Unidos.
JxC y los y las libertarios/as sostuvieron que generaría una huida de inversiones, que eran tasas confiscatorias y que se judicializaría. Ante estas posturas, sostenidas también en el tratamiento del Aporte Solidario y Extraordinario a las grandes fortunas, tenemos los resultados incontrastables de la recaudación del aporte referido, que llegó a los 247.500 millones de pesos provenientes de unos 10 mil contribuyentes.
Hubo escasas presentaciones judiciales para no pagar y la gran mayoría de ellas rechazadas por la justicia. Solo algunos datos del destino: los fondos del Aporte representaron alrededor del 40 por ciento de lo invertido en la campaña de vacunación de la Covid-19; un 54 por ciento de los recursos destinados durante el año a los programas REPRO 2 y de Asistencia de Emergencia al Trabajo, y permitieron la aprobación de 230 proyectos de infraestructura que benefician a más de 55 mil familias de 279 barrios populares.
Al declamar, tanto JXC como los libertarios, que fomentan la menor recaudación vía reducción o eliminación de los impuestos, merman los recursos del Estado, y lo que intentan impulsar es un ajuste del gasto, entre otros, en los subsidios a las tarifas, en las ayudas a familias y a las PyMEs. Ese es el verdadero sentido del “no votaremos subas de impuestos”, aunque (o especialmente porque) en este caso sólo alcanza a los 16 mil contribuyentes más adinerados de país.
Cabe detallar que varios organismos internacionales como el FMI y la OCDE vienen sugiriendo, especialmente luego de la irrupción de la pandemia, la necesidad de incrementar los impuestos a los grandes patrimonios, así como a las “ganancias excesivas”.
El proyecto con media sanción también incorporó un artículo por el cual se establecen las tasas para los bienes en el exterior, que son superiores a las tasas para bienes en el país pero que no cambian respecto a las existentes. Estos valores se establecen explícitamente en una ley y no a través de una facultad delegada al Poder Ejecutivo como fue hasta ahora, cuestión que el proyecto de Presupuesto 2022 también preveía solucionar. Cabe aclarar que las mayores tasas por bienes en el exterior pueden evitarse si se repatría una parte determinada de los bienes.
Además se incorporó un artículo por el cual se faculta al Poder Ejecutivo para incrementar el mínimo no imponible de Ganancias, para que cerca de 1.300.000 trabajadores/as y jubilados/as sigan sin pagar el impuesto.
Las autoridades del Senado también están atentas a ratificar esta media sanción, y es por ello que se comprometieron a tratarla en la Comisión de Presupuesto y Hacienda al día siguiente, lo cual sucedió y en ese marco se obtuvo la aprobación del dictamen de mayoría. Está previsto que antes de fin de año se sesione para convertirla en ley, y dar un paso más hacia una mayor equidad impositiva.
