Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
El jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur, presentó este miércoles su informe de gestión ante la Cámara de Diputados de la Nación. Allí afirmó, entre muchas otras cosas, que el país lleva 21 meses consecutivos de crecimiento económico.
En efecto: las cifras del INDEC, disponibles a junio de este año, muestran que el nivel de actividad económica se encuentra un 7,1por ciento por encima del que existía cuando finalizó la gestión anterior. En la misma línea, el nivel de actividad en la industria manufacturera se elevó en un 13,6 por ciento. Además, a junio de este año, hay en el país 12,7 millones de trabajadores registrados, récord histórico para la serie disponible desde 2012. La Argentina cuenta hoy con 600 mil puestos de trabajo por encima de los que tenía cuando recibimos el gobierno de manos de Mauricio Macri. Estos indicadores, junto a otros, muestran con claridad el sendero de recuperación económica en el que se encuentra la Argentina.
Un día después de la exposición del jefe de Gabinete, se debatió y se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de Consenso Fiscal que ya contaba con media sanción del Senado. El acuerdo había sido suscripto el 27 de diciembre de 2021 por el Poder Ejecutivo nacional y representantes de las provincias. En la presentación del dictamen de mayoría hicimos referencia a los indicadores de recuperación económica en contraposición con las fuertes caídas que se produjeron durante el periodo 2016 – 2019. Argumentamos que la redefinición de los términos de ese consenso fiscal resultaba necesaria para darle continuidad y sustento a la recuperación económica. También para que puedan profundizarse las políticas que apuntan a aumentar la inclusión social y las mejoras en la distribución de la renta. De ninguna manera el objetivo de la iniciativa reside en subir impuestos. Según lo planteado por el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, cuando tuvo lugar la firma del consenso “todos los gobernadores y gobernadoras que participan de la firma se están autolimitando en lo relativo a la suba de impuestos”. Y agregó en esa oportunidad: “aquella jurisdicción que no firma este consenso puede aumentar más los impuestos que el resto de los que participan de la refrendación del acuerdo”. Finalmente sostuvo que “la gestión del gobierno anterior condicionó a las provincias con metas de ajuste fiscal y las empujó a endeudarse en dólares”. Por el contrario, este nuevo consenso promueve el desendeudamiento de las provincias.
En la firma del consenso, el Presidente Alberto Fernández había sostenido: “es muy interesante poner en debate algo que nos hemos propuesto como un objetivo, que es buscar la progresividad del sistema recaudatorio para que paguen los que más tienen y dejen de pagar los que menos tienen, y que podamos poner en discusión en el 2022 un impuesto como el de la herencia”. La idea del consenso fiscal es establecer una estructura impositiva orientada a la promoción de la inversión, del crecimiento económico con equidad e inclusión y a la generación de empleo formal en todo el país. En la misma línea, continuar avanzando en forma gradual y sostenida en la reducción de las diferencias en desarrollo económico y social entre las distintas regiones de la Argentina. Para ello, se busca que en la distribución de la carga impositiva tengan mayor incidencia los impuestos patrimoniales, históricamente débiles en muchas provincias, para poder compensar la reducción de la recaudación de tributos sobre las actividades productivas y el consumo.
Además conseguimos darle media sanción en la Cámara de Diputados a la prórroga por cinco años de seis gravámenes nacionales y sus aplicaciones específicas. De ellos, el Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y al Cheque, representan el 54 % de lo recaudado en 2021. Tal como dijimos en la sesión, la no aprobación de la prórroga tendría un impacto devastador sobre las finanzas nacionales, de las provincias y los municipios.
Este 15 de septiembre ingresó el proyecto de Presupuesto 2023 al Congreso. A partir de la semana que viene comenzaremos su tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda con la participación de funcionarios del Poder Ejecutivo de las distintas áreas involucradas.
En la presentación de su informe ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete también afirmó que “en un contexto internacional muy difícil, mantenemos nuestro compromiso con el pueblo argentino de aumentar la inversión en cuestiones estratégicas para nuestro país como la obra pública, la educación, la ciencia y la tecnología. El año pasado vivimos una situación amarga que nos impidió contar con una ley de presupuesto. Las y los convoco a debatir y deliberar con una visión constructiva (…) Millones de argentinos y argentinas que esperan un futuro de paz y prosperidad nos están mirando”.
Es decir, el gobierno hace un llamado al diálogo y al trabajo en común y es de esperar que la oposición se sume.
Más allá de las grandes diferencias ideológicas que existen entre los distintos sectores políticos, lo que el Frente de Todos propone es que esas controversias se resuelvan a través del debate político y la búsqueda de acuerdos posibles.
Lo que estamos planteando es ponernos de acuerdo en cómo se dirimen las diferencias y cuáles son los límites de la confrontación.
En el Senado, ante curas y monjas de Opción por los Pobres y en su primera aparición pública luego del atentado, la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo: “Lo más grave no es lo que me pudo haber pasado a mí. Lo más grave fue haber roto un acuerdo social que había desde 1983. La recuperación de la democracia no fue solamente que podamos volver a votar y elegir autoridades, fue recuperar la vida y la racionalidad de que podamos discutir en política, peronistas, alfonsinistas, peronistas renovadores, peronistas tradicionales. Lo que pasó el otro día fue algo más, fue una ruptura de eso que tenemos que volver a construir urgentemente”.
Se trata de recuperar el diálogo y el debate democrático en un marco donde se sabe que hay diferencias de fondo y las mismas deben debatirse dentro de ciertos límites que eviten el agravio y la descalificación del oponente.
El Poder Ejecutivo y el Parlamento vienen desarrollando una intensa actividad enmarcados en el llamado de distintos integrantes de la coalición de gobierno a participar del debate político y a dejar atrás la cultura de la eliminación del adversario. La salida es con más y mejor democracia.
