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Cuando aún son visibles las consecuencias sociales de la crisis financiera de 2008 en el viejo continente -en 2013 más del 24% de la población se encontraba en riesgo de caer en la pobreza o en la exclusión social según Eurostat- el Banco Central Europeo puso en funcionamiento el 3 de noviembre pasado el Mecanismo Único de Supervisión (MUS).
Por Carlos Heller
El nuevo organismo supervisará en forma directa a 120 entidades de crédito, que representan casi el 82% del total de los activos bancarios en la zona euro ya que los bancos más pequeños quedarán bajo la órbita de las autoridades nacionales. Entre sus funciones se destacan la de “conceder o revocar licencias bancarias”, “evaluar adquisiciones bancarias” y “aumentar los requerimientos de capital”. Una decisión que limita aún más la soberanía de los países en aras de la tan discutida “Unión Monetaria”.
De acuerdo a las palabras de la presidenta del MUS, la francesa Daniele Nouy, el objetivo final de la unión bancaria es “asegurar que el sistema bancario pueda financiar de manera efectiva a la economía y por lo tanto generar el crecimiento necesario para reducir los inaceptables altos niveles de desempleo”. Añadió además que los déficits de capital de las entidades financieras “deben ser cubiertos con fondos privados”, y para dejar en claro la lección de las malas experiencias expresó que los contribuyentes no deben ser los que “paguen la cuenta”. En este sentido, de acuerdo a los datos brindados por Ignazio Angeloni, miembro del consejo supervisor de la nueva entidad, la ayuda estatal brindada a los bancos privados durante el período 2008-2012 en la eurozona ascendió a 456.000 millones de euros, un 4,8% del producto bruto total, encontrándose Alemania dentro de los países con mayores desembolsos con un 5,5% del PIB.
Claro que, más allá de los contribuyentes, no habría que olvidarse de las aún más injustas pérdidas sufridas por los pequeños inversores y los tomadores de créditos hipotecarios, quienes vieron esfumarse su limitado patrimonio en el primer caso y perdieron su vivienda en el segundo, a partir del “estallido de la burbuja inmobiliaria” en los Estados Unidos y la crisis derivada de ella.
Adaptarse a las condiciones imperantes
En lo que podría considerarse otro intento por “disciplinar” a las entidades financieras, el 12 de noviembre, las reguladoras estatales de los Estados Unidos, Suiza e Inglaterra, multaron por algo más de 4.300 millones de dólares a seis de los más grandes bancos del mundo, acusándolos de “conspirar para manipular los mercados de divisas”.
Éste constituye un caso más dentro de lo que podríamos llamar un “epílogo” de miles de millones de dólares en pagos de multas por abusos en la tasa de referencia Libor, o en el diseño de las hipotecas tóxicas, lo cual refleja que la ausencia de regulaciones es funcional a la búsqueda de fabulosas ganancias. Los bancos recientemente multados, entre los que se encuentran el HSBC, el JP Morgan, el Citibank y el Bank of America, participan de un mercado global de operaciones diarias en torno a los 5 billones de dólares, un monto lo suficientemente grande como para poner en jaque, llegado el caso, la estabilidad de cualquier sistema monetario y financiero nacional.
No obstante, lo anterior fue sólo el primer capítulo, quedan las investigaciones criminales pendientes. Pero, al haber despedido a 30 operadores durante el último año, los bancos estarían intentando minimizar el daño, de modo de quedar “distanciados” de posibles acusaciones, al tiempo que estarían mostrando cierto grado de “cooperación” con el Departamento de Justicia.
En definitiva, aunque de manera bastante gradual, las autoridades de los países del hemisferio norte parecen haber tomado nota del gran descontento social imperante en los últimos años como consecuencia de la abrupta caída en el bienestar de sus poblaciones. Habrá que esperar un tiempo hasta percibir los resultados de estas decisiones y hasta qué punto resultan efectivas, ya que los centros de poder financiero no cederán sus grandes beneficios tan fácilmente.
Las regulaciones en Argentina
A pesar de las críticas de quienes al mismo tiempo ponen como ejemplo a los países del norte, Argentina ha recorrido un gran camino, siendo la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, en el año 2012, una prueba fehaciente de la regulación del sector financiero, estableciendo como prioridades el desarrollo económico y la equidad social; cabe resaltar que aún resta reemplazar la Ley de Entidades Financieras de la dictadura, por otra de Servicios Financieros que avance aún más en la regulación de las entidades.
Más recientemente, puede citarse la férrea postura de las autoridades argentinas de llevar el tema de los “fondos buitre” a los niveles más altos de la agenda mundial, como las Naciones Unidas o la cumbre de los países del G-20, obteniendo muy buenos resultados en pos de una mayor regulación de los buitres, aunque aún falta mucho por realizar.
En lo doméstico, se lograron desarmar las expectativas devaluatorias gracias a la fiscalización de las normas financieras y cambiarias, y la aplicación de las sanciones correspondientes a los incumplimientos, en especial sobre las operaciones especulativas con las divisas. A estos controles se asociaron otras medidas, entre ellas los acuerdos para un mayor ingreso de divisas con los exportadores de cereales, y la suscripción de dos swaps con China por un monto conjunto de 1.322 millones de dólares que incrementaron las reservas internacionales. Se evidencia entonces el compromiso del gobierno, en todos sus estamentos, de no permitir que la voluntad de un reducido grupo de especuladores dotados de un fuerte poder económico (sean tanto internos como externos, una diferencia que muchas veces no se evidencia), imponga sus intereses por sobre el bienestar de un país entero.
