Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
El tema de la negociación de la deuda pública bajo jurisdicción extranjera ha salido de la centralidad informativa que supo tener los últimos meses. Es cierto que con la nueva situación generada por la pandemia hay que atacar múltiples frentes, y todos al mismo tiempo. Creo que el gobierno lo está haciendo y muy bien. Y también estoy convencido que, precisamente en este contexto, es importantísimo que la Argentina siga avanzando en la renegociación de la deuda.
La liberación de recursos que se generaría al resolver definitivamente este tema es de tal magnitud que dejaría una capacidad de maniobra para el Estado nacional mucho más amplia: en 2019 se pagaron 12.400 millones de dólares por intereses de la deuda nominada en moneda extranjera.
De allí que resulta importante obtener un largo periodo de gracia, plantear que tiene que haber una fuerte baja de las tasas de interés y reducción del monto del capital, combinación esencial de estas tres cuestiones que ya expresó el ministro Martín Guzmán. Orientando la economía en el largo plazo hacia un camino también de sostenibilidad fiscal, una vez que se haya salido de la actual situación y sus implicancias, sin recorrer el sendero del ajuste ortodoxo.
De hecho, en los “lineamientos” presentados esta semana por el ministro se proyecta a partir de 2027 un superávit fiscal primario de 1,2 por ciento del PIB de máxima y del 0,8 por ciento de mínima: son orientaciones de hacia dónde se propone ir.
En el documento se ratifican las definiciones ya establecidas en cuando a sostenibilidad, para que la trayectoria de la deuda sea consistente con las perspectivas de crecimiento sostenible de la economía. También se propone que tiene que estar alineada con expectativas razonables sobre los futuros costos de refinanciación y con los supuestos de la negociación como el FMI.
Dentro de los principios generales, y como condición de sostenibilidad, además de lo expresado, se afirma que los resultados deben ser tales que “la economía argentina absorba los shocks de la crisis financiera que impera desde abril de 2018 y la crisis actual del Covid-19”, así como la necesidad de “generar mecanismos de protección contra futuros shocks exógenos”: es decir, mantener una suerte de “colchón” ante situaciones inesperadas.
También se explicitan algunos supuestos de financiamiento a mediano y largo plazo, como que la deuda en pesos no aumentará su magnitud (medida en dólares) y que se refinanciaría a una tasa de entre el 1,2 y el 1,5 por ciento real.
También “se apunta a reducir la carga de deuda en moneda extranjera a favor de deuda en moneda local, en línea con el desarrollo del mercado de deuda doméstico”. Respecto a la deuda en moneda extranjera, se estiman tasas más bajas que las actuales e instrumentos a 5, 10 y 15 años luego de, interpreto, un largo período de gracia en el pago de intereses y capitales.
Se plantea, además, que “es la intención buscar un nuevo programa que permita que el préstamo existente con el FMI sea refinanciado hasta que Argentina pueda acceder a los mercados internacionales de deuda a tasas sostenibles”.
La mención al Fondo nos lleva también a otra cuestión: la posible recepción de un nuevo préstamo del organismo (un tema no confirmado oficialmente) para cubrir las necesidades derivadas del coronavirus. Lo esencial no es de dónde proviene este nuevo financiamiento (partiendo de la firme decisión del gobierno de no aceptar condicionamiento alguno del FMI), sino la aplicación que se dé al mismo.
Una cuestión es endeudarse con el Fondo para permitir la fuga de capitales y cancelar deuda, y otra es recibir recursos que se aplican a un plan general de asistencia destinado a paliar los efectos de la pandemia. Y que, creo entender, llegarán en las condiciones de sostenibilidad que está buscando la Argentina para su deuda pública.
En medio de esta difícil situación que nos toca vivir, tanto en nuestro país como en el resto del mundo, resulta un aliciente que el gobierno siga avanzando en la renegociación de la deuda, a la vez que toma valientes medidas sanitarias y económicas para sortear las indeseadas consecuencias de esta pandemia.
