Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
El Gobierno gestiona la anormalidad que impone la pandemia mientras trabaja para restablecer “la normalidad”. Ambas agendas se superponen: las medidas para enfrentar un presente de crisis y las iniciativas para un futuro de poscrisis. Entre estas últimas se encuentra la formulación y discusión del Presupuesto 2021. La Constitución establece que el Poder Ejecutivo debe remitirle al Parlamento el proyecto de ley de Presupuesto para que éste lo discuta, eventualmente lo modifique y finalmente lo apruebe. Entre el 15 de septiembre y el fin de las sesiones ordinarias, el 30 de noviembre, debería tratarse, en ambas cámaras del Congreso, el proyecto de Presupuesto y ser convertido en ley.
El Presupuesto establece a dónde quiere ir el Gobierno. Como su nombre lo indica, el Presupuesto es una presuposición. Comúnmente se lo conoce como la ley de leyes: contiene las prioridades de lo que se proyecta hacer durante el año, de dónde van a salir los recursos y cómo se los va a asignar.
En el medio de las dos pandemias, la producida por las políticas del gobierno anterior y la generada por el virus, un equipo liderado por el jefe de Gabinete comienza a recabar información de los distintos ministerios para diseñar el Presupuesto. Podríamos decir que es una preparación para, luego de superada la emergencia, retomar el rumbo.
El Presupuesto tampoco es un instrumento neutro: con sus prioridades define a qué sectores beneficia y a cuáles no. Por ejemplo, no es lo mismo proponer el desarrollo de un plan de obras públicas para favorecer a las zonas más pudientes de los grandes centros urbanos, que un plan destinado a mejorar la situación de los barrios carenciados: construir cloacas, proveer agua corriente, pavimento, llevar gas para sustituir las garrafas, entre otras mejoras. Es decir: no es lo mismo un plan de obra pública que toma como objetivo resolver las carencias que otro que no fije esa prioridad.
No es la única iniciativa para la pospandemia. Esta semana también se reunió el gabinete económico tratando de pensar y diseñar las medidas para cuando sea posible retomar “la normalidad”. Mientras siga siendo necesario aumentar el aislamiento es difícil priorizar la actividad económica: ambos aspectos tienden a ser contradictorios.
Para las nuevas medidas que se decidan, el Presupuesto debe ocuparse de los ingresos. Es decir: debe establecer el origen de los recursos que el Estado va a utilizar para llevar adelante los proyectos que presupuesta. Allí aparecen las demandas tradicionales de bajar impuestos y los razonamientos como los planteados en la semana pasada por Hernán Lacunza, el último ministro de Hacienda de Mauricio Macri, quien afirmó en el diario La Nación: “La deuda pública es hija del déficit fiscal. Si no hubiera déficit no habría deuda”. Por un lado, para Lacunza pareciera que no existió la fuga de capitales; por el otro, para que no haya deuda, en su perspectiva, se debe reducir el déficit por la vía del ajuste. Por supuesto, hay una alternativa: obtener mayores recursos por medio de una reforma tributaria progresiva.
Los parlamentarios de la Unión Europea, por ejemplo, están impulsando una mayor presión impositiva sobre las grandes empresas tecnológicas, las empresas contaminantes y los evasores de impuestos. En esta perspectiva, la lógica pasa por sacarles presión tributaria a las Pymes y transferirles esa presión a ciertos grupos empresarios.
Volviendo al plano local, el Gobierno decidió prorrogar 60 días los precios máximos. Además, la resolución de la Secretaría de Comercio dice que “en aquellos casos en los que se acrediten debidamente variaciones en las estructuras de costos que afecten sustancialmente la situación económica financiera de los sujetos alcanzados por la aludida norma, con posterioridad al 6 de marzo de 2020, pueda establecer nuevos precios máximos de los productos incluidos en dicha medida”. Agrega: “intímase a las empresas que forman parte integrante de la cadena de producción, distribución y comercialización de los productos incluidos, a incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión”.
La decisión se nutre del espíritu de la Ley 26.991 de Nueva Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo, sancionada en 2014, que habilita al Estado a acceder a la cadena de costos y valor para comprender el detalle sobre la formación de los precios internos.
Muchas veces, cuando algunas empresas dicen “no podemos soportar estos precios”, lo que están diciendo es “no podemos soportar haber tenido que resignar un poquito de lo que ganábamos”. Es decir: no es que se quejan porque pierden, se quejan porque ganan un poco menos. El objetivo de esta resolución de la Secretaría de Comercio, además de prorrogar los precios máximos, es poder determinar con información precisa en qué casos amerita aceptar alguna variación de esos precios consecuencia de un aumento verificado de los costos.
El Gobierno actual, en el medio de las crisis, esboza los lineamientos de un proyecto de país superador del modelo de la globalización financiera. Entre esos lineamientos, sobresale el de impulsar un plan de desarrollo inclusivo, que potencie las capacidades productivas, el desarrollo de las Pymes, la utilización de la mano de obra en condiciones de trabajo dignas y con derechos, entre otros aspectos. El adelanto del Presupuesto 2021 va en esa dirección. Se basa en un Estado activo que controla su moneda, que administra sus divisas, que regula precios y salarios, que avanza con el canje de la deuda, que incentiva la producción y el empleo y proyecta un plan integral de obras públicas vinculadas a las necesidades de las mayorías.
Este año, ese proceso de discusión republicana del Presupuesto, en el que intervienen todos los sectores políticos con representación parlamentaria, probablemente coincida con la transición desde la anormalidad de las dos pandemias hacia un comienzo de retorno lento a la normalidad.
