Ámbito Financiero | Opinión
Por Carlos Heller
En medio de una segunda ola de covid, el Gobierno sigue desplegando distintas herramientas para morigerar los impactos de la pandemia. Se intenta mejorar la situación de los sectores más afectados y desprotegidos, por ejemplo con el REPRO II, las becas Progresar, o la tarjeta Alimentar, medidas que hay que valorar, más aun considerando las dificultades presupuestarias y la herencia social que dejó la gestión previa.
El REPRO II permanecerá vigente para los salarios de junio, y se extiende el Programa de Asistencia de Emergencia a Trabajadoras y Trabajadores Independientes en sectores críticos.
También se extiende el reintegro del 15% en compras para jubilados y beneficiarios de planes sociales, que seguirá vigente para las compras realizadas con tarjeta de débito para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE). Y se amplía su alcance para incluir gastos asociados a farmacias y salud.
Por primera vez en la historia, desde septiembre se les reconocerá a las y los trabajadores de casas particulares un plus por antigüedad. Además, se llegó a un acuerdo paritario con un incremento del 42% para el periodo junio 2021 - marzo 2022.
No obstante estos grandes esfuerzos, de los cuales los comentados son sólo una pequeña parte, muchos medios y analistas ningunean hechos importantes, como la reciente reglamentación de los cambios en ganancias de las personas humanas, que generarán un mayor poder de compra en unos 1.300.000 asalariados/as y jubilados/as. A partir de julio cobrarán, en cinco cuotas consecutivas, la devolución retroactiva de lo descontado desde enero de 2021.
Todos estos fondos de algún lugar deben salir. Se calcula que la merma se compensará en el tiempo con el resultado de los cambios de ganancias de sociedades, por medio de los cuales sólo el 5% de las empresas (que acumulan el 80% de las ganancias declaradas totales) pagará una alícuota más elevada que la que estuvo vigente en los años anteriores, y el 90% una alícuota menor a la que regía en 2020. En el corto plazo la mayor recaudación asociada al consumo interno ayudará a consolidar la economía. El espíritu de los cambios apunta a la sostenibilidad fiscal y también a la progresividad, y esto es algo que también se discute a nivel internacional. Durante años, en Argentina y en el mundo se abordó la cuestión tributaria desde la óptica exclusiva de la eficiencia económica y se dejaron de lado los temas distributivos. Con ese enfoque, la desigualdad no paró de aumentar, haciéndose más extrema aún con la irrupción de la pandemia.
El G7 acaba de anunciar un acuerdo para que, en caso de que la rentabilidad supere el 10% (un margen muy elevado para los estándares de ganancia habituales), las grandes firmas multinacionales paguen en los lugares donde operan una alícuota mínima del 20%. La idea parece estar apuntando a las empresas tecnológicas o a los laboratorios, las grandes beneficiarias en los tiempos que corren.
La iniciativa es “para ajustarse a la era digital global, pero sobre todo para garantizar que las empresas adecuadas paguen los impuestos adecuados en los lugares adecuados”, según un referente del G7. Se habla además de un mínimo global del 15% (independientemente de la rentabilidad) para las corporaciones. Aunque suena a poco teniendo en cuenta que es una alícuota baja, sería un cambio importante que sienta precedente.
Efectivamente, los países desarrollados están buscando enérgicamente mayores recursos para las arcas públicas. Pues éstos son esenciales en tiempos de pandemias, y más aún para los países de ingreso mediano y bajo.
Por eso hay que destacar el aumento de los ingresos fiscales en nuestro país, lo que nos lleva a remarcar la reciente declaración del ministro de Economía, Martín Guzmán: “si la idea es un país de impuestos bajos y gasto bajo, esa no es nuestra idea”. Frase que reafirma que si bien la noción de superávit o déficit fiscal es importante, no puede disociarse del nivel de los recursos y gastos, y de la amplitud y eficiencia de estos últimos. En Argentina, el esquema fiscal está orientado a generar una mayor equidad distributiva, condición esencial para que el crecimiento se vaya convirtiendo en desarrollo económico.
