Por Juan Carlos Junio
Con la trascendente decisión que tomó el presidente Mauricio Macri, eliminando los derechos de exportación que tributaban las multinacionales mineras, no sólo restó al Estado nacional un ingreso de 3.300 millones de pesos, sino que además “dio la señal para que avancen”, tal como afirmó el experto en minería del Centro Cultural de la Cooperación, Nicolás Gutman en una nota que se publicó en Página/12.
Nuestro código minero de 1994 es probablemente la pieza jurídica neoliberal más pura y opuesta al concepto de soberanía de los recursos naturales. Explicita la prohibición de que el Estado explote directamente los yacimientos, y obliga a entregar a privados para su explotación los minerales que encontrase. En su artículo 18 establece que “las minas se conceden a particulares por tiempo ilimitado” y en su artículo 7 que “el Estado no puede explotar ni disponer de las minas sino en los casos expresados en la presente ley”. En suma, les niega la posibilidad de explotarlos.
Esta concepción política y legal fue la expresión de un momento político de derrota (el menemismo) que ahora se replica en la fase macrista. Aquel código minero abrió las puertas al saqueo de nuestras riquezas y a la acción empresaria que daña sin compasión la salud de los ciudadanos, destruye la naturaleza y genera condiciones de trabajo inhumanas. Se llevan todo y dejan un gran agujero en la montaña.
El Código Minero, la Ley de Inversiones Extranjeras y la Ley de Entidades Financieras conforman un triángulo legal anacrónico que restringe severamente nuestra soberanía económica y nos coloca en una situación de dependencia más propia de una fase histórica neocolonial. De allí que la democracia argentina y muy particularmente su Parlamento tienen una gran deuda: instituir mediante nuevas leyes una arquitectura jurídica que asegure para la Nación argentina y la vida de su pueblo el usufructo de nuestras riquezas naturales y productivas.
Las corporaciones mineras están exceptuadas de todo tipo de obligaciones impositivas: pueden deducir el pago de los impuestos de los gastos de exploración; están liberados del pago del impuesto al cheque; tampoco pagan impuestos por la importación de maquinarias y repuestos y gozan del reintegro del IVA por las importaciones de bienes de capital. Ya sabemos que además el código minero menemista les otorga “estabilidad fiscal” por 30 años.
La calificación de “colonial” no es peyorativa, sino que se corresponde con la realidad. Está en juego el destino de tanta riqueza que nuestra naturaleza generosa guarda en sus entrañas, en este caso nuestro oro, nuestra plata, nuestro litio.
En la región, la lucha por la posesión de las minas y contra los monopolios viene desde nuestros orígenes. Ya Mariano Moreno en su “Plan de operaciones” proponía "hacer desaparecer las fortunas agigantadas de 5.000 mineros y pasarlas a poder de la Nación por diez años” y planteaba que los beneficios provenientes de las riquezas naturales deben ser para los pueblos.
