ContraEditorial | Opinión
Por Carlos Heller
Ni siquiera la contundente evidencia que día a día entrega la realidad parece generar un mínimo cambio en algunos de los sectores empresarios más concentrados. Basta con leer el reciente texto firmado por un grupo de ex presidentes neoliberales y funcionarios que los acompañaron, donde se sostiene, por ejemplo, que “a ambos lados del Atlántico resurgen el estatismo, el intervencionismo y el populismo con un ímpetu que hace pensar en un cambio de modelo alejado de la democracia liberal y la economía de mercado”. Y en este contexto manifiestan “enérgicamente que esta crisis no debe ser enfrentada sacrificando los derechos y libertades que ha costado mucho conseguir. Rechazamos el falso dilema de que estas circunstancias obligan a elegir entre el autoritarismo y la inseguridad, entre el Ogro Filantrópico y la muerte”. Parecen frases de otro tiempo.
Pero no es la primera vez que la coyuntura tira por la borda los conceptos del neoliberalismo y la filosofía del Estado canchero. Ideas que proponen que debería existir un Estado pequeño, cuyo rol sea marcar la cancha, preparar el terreno, crear las condiciones para liberar las fuerzas del mercado para que los empresarios sean los que jueguen y los que hagan crecer la economía. Y que el derrame genere el bienestar del conjunto de la población. Los hechos han demostrado que lograron una particular inversión de una de las leyes de la física, al conseguir que el derrame sea para arriba, en lugar de hacia abajo. Es decir, todas esas políticas generan, como ha sucedido durante el gobierno de Cambiemos, y en otros momentos históricos, una gran concentración de riqueza.
Por eso, si se lee con detenimiento la carta se llega a la misma conclusión de siempre: que hay una élite que quiere mantener a toda costa sus privilegios, y quedar a salvo de lo que sería el Estado “ogro”, en oposición al “canchero”. Lejos están de creer que han perdido la batalla de fondo. Se están preparando para que una vez que se supere la pandemia sanitaria, las cosas retornen a la lógica anterior, a la que ven como normal, porque es la que los favorece. Sería importante no perder esto de vista, para cuando la economía y la sociedad vayan alcanzando una nueva normalidad.
Para estos sectores concentrados, lo lógico sería que el Estado no restrinja la libertad que más les importa: la de fijar sus márgenes de rentabilidad. Márgenes que repercuten en las condiciones de vida del resto de la población, por ejemplo a través de los mayores precios. Son los mismos que piden que no se les cobren impuestos, lejos de cualquier criterio de solidaridad. Todo esto nos dice que la discusión siempre gira alrededor de la distribución del ingreso y la riqueza. Antes, durante, y seguramente después de la pandemia.
No es casual entonces que desde el Foro de Convergencia Empresarial se rechacen los controles de precios y la idea de establecer un impuesto a las grandes fortunas: “los proyectos de crear nuevos impuestos al patrimonio y a las ganancias de las empresas es un antecedente sumamente negativo para recrear el clima de inversión”. No hay que dejar de decir que es un cobro extraordinario a los mayores patrimonios de personas humanas. Un cobro extraordinario para una situación extraordinaria.
Tampoco es inesperada la fuerte suba en las últimas semanas del dólar ilegal, y del dólar contado con liquidación, a valores mucho más altos que el oficial. Y con saltos que no siguen a ninguna otra moneda del mundo. Una situación que en parte es una forma de presionar en medio de las discusiones por la reestructuración de la deuda. Pero que también proviene de ciertos sectores locales que utilizan su gran poder para fijar sus márgenes de rentabilidad a costa del conjunto de la población. La idea sería que el tipo de cambio oficial es “una ficción”, “un dibujo”, y que el verdadero es “el otro”, una especie de dólar libre (¡otra vez recurren falazmente al argumento de la libertad!). Según esta lógica los precios “verdaderos” estarían distorsionados, y habría que corregirlos. Los miden con los dólares de la especulación, y luego dicen que están ganando menos. Realismo mágico puro e intencionado.
El problema es que las consecuencias de este accionar no resultan inocuas para el resto. Influyen, por ejemplo, en las decisiones de exportación de bienes primarios (alguien podría pensar: “si me van a dar 66 pesos por cada dólar que exporto cuando valen 100, entonces no exporto”). También afectan al proceso de determinación de precios y la inflación, ya que le aplican a los bienes que se destinan al mercado local un valor de “paridad” internacional calculado en base a un dólar “inflado”. Al respecto, no me canso de repetir que todo el comercio exterior argentino se regula con el tipo de cambio oficial, que se ha mantenido estable, que no hay aumentos de tarifas de servicios públicos ni de combustibles, que no hay aumento de salarios, más bien todo lo contrario. Incluso ha habido bajas de los costos financieros y moratorias impositivas. Por ello, salvo por la pretensión de mantener o incrementar la rentabilidad para tratar de compensar la caída de consumo, producto del coronavirus, no hay ninguna otra explicación para que aumenten los precios. Y en cuanto al dólar especulativo, algunas cosas. Primero, los volúmenes que se transan son insignificantes, no son representativos de operatorias relevantes, ni financieras ni de la economía real. Segundo, el gobierno comienza a implementar medidas para limitar aún más esas operatorias.
El rol del Estado, hoy y después
Pensémoslo por el lado de la negativa. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado hoy en el contexto de la pandemia si los cultores de la desaparición del Estado hubieran cumplido con su cometido? ¿Si, por ejemplo, el sistema de salud pública estuviera completamente desmantelado? O, ¿qué hubiera pasado si nuestro país se hubiera dolarizado formalmente, como pedían algunos cuando se discutía qué hacer con la Convertibilidad? Estaríamos despojados de la posibilidad de financiar el gasto público para enfrentar la emergencia, en un momento sanitario, social y económico crítico. Un momento que se complica aún más por la caída del comercio global y por la huida de capitales de las economías emergentes. Si bien son preguntas contrafácticas, se responden solas.
Por más que no les guste a los firmantes de la carta, la mayoría de la ciudadanía argentina no comparte esas ideas. Está de acuerdo con este Gobierno que puso al Estado a hacerse cargo de enfrentar las consecuencias de la pandemia. Está pasando en todo el mundo. Sin dudas, los desafíos que se enfrentan son muy complejos, pero seguramente muy distinta sería la situación sin la inyección monetaria y fiscal que se está llevando adelante. El rol del Estado es clave para enfrentar y aliviar las fuertes caídas de la producción, el comercio y el empleo que se verificarán en 2020. Y para permitir que la reacción de la economía sea más rápida una vez superada la pandemia.
Mucho dependerá del margen de acción del que se disponga. Y precisamente son las Naciones que no aplicaron las políticas de desmantelamiento de sus Estados y de sus servicios públicos los que más espalda tienen para enfrentar la pandemia y salir de esta situación con el menor daño posible. No es la situación en general de nuestra región, que posee niveles de endeudamiento gravosos y muchas urgencias en el plano social, además de estructuras tributarias sumamente regresivas.
En lo más urgente, según la Cepal, “los paquetes fiscales anunciados en la región son la primera respuesta al impacto socioeconómico de la pandemia. Se requerirán esfuerzos adicionales en la medida que aumente la magnitud de la crisis. Por lo tanto, es necesario expandir el espacio fiscal, lo que requiere acceder a condiciones de financiamiento favorables”.
Argentina ha puesto en marcha toda una serie de medidas sanitarias y anticíclicas que superarían los cinco puntos del PIB. Un esfuerzo descomunal y necesario, más aún para un país que quedó con una dura hipoteca, social y financiera, a la que se ha sumado todo lo que trajo el nuevo coronavirus. Por eso es de vital importancia llegar a la resolución, en los términos planteados por nuestro país, de la sostenibilidad de la deuda pública, liberando recursos para aplicar en la emergencia y para la reconstrucción de las capacidades estatales y productivas pensando en el mediano plazo. Asimismo es crucial el aporte de los que poseen mayores riquezas, una herramienta que también se está debatiendo en otros países.
