Tiempo Argentino | el partido contra los sectores antinacionales
Los representantes de los poderes económicos más concentrados actúan intentando articular una ofensiva de desestabilización política.
Por Juan Carlos Junio
Parece que los "verdaderos dueños de la pelota" decidieron salir a la luz: los titulares, con los que la presidenta pedía hablar desde hace varios meses, ya que los otros, los dirigentes políticos de los partidos opositores, están opacados, sin propuestas para la sociedad, y cada vez resulta más visible que actúan al son de los acordes de Clarín y La Nación.
Su reaparición era esperable, ya que el intenso lobby gestado por los representantes de los poderes económicos más concentrados se exacerba cada vez que sus arraigados privilegios se ven amenazados, aunque en esta circunstancia actúan intentando articular una ofensiva no sólo económica, sino de desestabilización política. El otro equipo está integrado por un Estado activo, liderado por un gobierno en plenitud de legitimidad política y que ha demostrado un firme compromiso en pos de avanzar hacia una mayor equidad en la distribución de la renta nacional.
El contrapunto reciente con la petrolera Shell, y con su provocativo presidente Juan José Aranguren, refleja un crecimiento de la tensión con el establishment, aunque este señor ya tiene marcados antecedentes en la materia. En 2005, cuando la petrolera nacional de Venezuela PDVSA, en sociedad con la estatal argentina Enarsa, expresaron la voluntad de avanzar en la adquisición de Shell, la reacción de Aranguren, un verdadero cruzado de las corporaciones extranjeras, fue violenta. Pero el tema no quedó ahí. En diciembre de 2006 el gobierno argentino aplicó por primera vez la Ley de Abastecimiento, cuando le impuso a aquella empresa 23 multas por desabastecer al mercado en octubre y noviembre de ese año.
Hace unas semanas, Aranguren volvió al ruedo con una operación que, si algo tiene de claro, es que fue oscura e intencionada. Consistió en demandar dólares en el mercado financiero a un valor de $ 8,40, cuando la moneda extranjera estaba cotizando a $ 7,20. Una operación irracional: estaba ofreciendo comprar algo a un precio bastante mayor al que cotizaba. Todo indica que no se trató de una torpeza, sino de una conducta deliberada, apuntada a desestabilizar el mercado cambiario y a generar un clima de zozobra.
Mientras tanto, la prensa del establishment, tanto la local como la extranjera, ya iba generando un clima de incertidumbre en torno a la cotización del dólar. A los pocos días, el New York Times señalaba, en alusión a la coyuntura argentina, que "se dañó a la economía al generar confrontaciones innecesarias con el sector privado y los inversores", o el Wall Street Journal advertía: "Una megadevaluación parece inevitable", para luego agregar que la historia argentina de "200 años de devaluaciones recurrentes es una condición más seria que una adicción. Es patológico." Queda clara la intencionalidad política de estos comentarios del establishment financiero internacional y su asociación con sus voceros y operadores vernáculos.
Otra de las voces de los jugadores titulares que se hizo sentir recientemente fue la de los representantes de la Mesa de Enlace, bajo la batuta de la Sociedad Rural Argentina, quienes volvieron a mostrar su acérrimo rechazo al reclamo del gobierno de liquidar la soja y reiteraron su exigencia de baja de las retenciones y de más devaluación. Resulta evidente que la cuestión de la apropiación de la extraordinaria renta agraria es otro fiel reflejo de las tensiones en torno a la puja distributiva. El presidente de la Sociedad Rural, Luis Etchevehere, pontificó, antes de que el valor del dólar se estabilizara en $ 8: "Conviene más especular con la inflación y con el dólar que producir", para días después ratificar que la retención de granos "es una cuestión de necesidad y responsabilidad de los productores". O sea, que el Estado no se meta con sus campos y su soja. Estas consideraciones del jefe ruralista resultan falsas y prepotentes, ya que representan a un sector que experimentó un crecimiento sin precedentes desde 2003 a la fecha, lapso en el cual la producción de granos se incrementó en casi un 50% y también se sostuvo un precio internacional excelente. Este cambio tan favorable posibilitó que hayan acumulado fenomenales ganancias. Como dijo la presidenta de la Nación: "la juntaron en pala". Además, se destacan por su vocación de tener trabajadores en negro, negándoles todos sus derechos sociales e, inclusive en algunas situaciones, sometiéndolos a condiciones de trabajo cercanas a la esclavitud. Se ve que los perturban las históricas decisiones de la Asamblea del Año XIII.
Estas conductas, al igual que en el caso de la petrolera extranjera, nos colocan una vez más ante un dilema político de nuestra época: o avanzamos con determinación en regular y disponer estratégicamente los recursos naturales asentados en el territorio de nuestra Nación y que, consecuentemente, pertenecen al pueblo, o nos veremos siempre sometidos al acoso de estos sectores antinacionales. A esta altura resulta necesario valorar los resultados obtenidos a partir de la estatización de algunas empresas estratégicas. YPF constituye el ejemplo más reciente y el que mejor refleja los contrastes entre la gestión privada y la estatal de los recursos naturales. En el momento en el que el Estado se hizo cargo de la mayoría accionaria de la petrolera, un tercio de las ganancias de Repsol provenían de YPF, las cuales se utilizaban para financiar su expansión en otras partes del mundo. Esta política generó un resultado altamente favorable para la multinacional pero a la vez fuertemente perjudicial para los intereses de la Nación. No asombra comprobar entonces que cuando YPF se privatizó tenía reservas para 15 años, mientras al momento de su estatización alcanzaban para menos de cinco.
Un siglo y medio de predominio de los barones de la Sociedad Rural sobre nuestras riquezas es más que suficiente. Ellos no son como se autotitulan, "la Patria"; muy por el contrario, representan lo más retrógrado y antidemocrático de la sociedad. Así las cosas, resulta imperioso que el Estado avance, junto con la gran mayoría de la sociedad, en una dinámica de regulación del sector que coloque un techo a la rentabilidad de los grandes propietarios y del complejo agroexportador, al mismo tiempo que garantice el precio y el desarrollo de los pequeños productores. El dilema político es el de siempre: para más Democracia y Libertad, se debe avanzar hacia un paradigma de más igualdad social.
