Página/12 | Opinión
Por Juan Carlos Junio
Habrá mucho que procesar críticamente sobre el resultado de las elecciones legislativas de cara al futuro, pero los guarismos inesperados de las PASO condicionaban la interpretación política del pronunciamiento del domingo 14 de noviembre. El Frente de Todos logró, a partir de la mayor participación ciudadana, una valiosa remontada en la provincia de Buenos Aires, generando una expectativa positiva en su fuerza frentista. Por su parte, Juntos por el Cambio mantuvo en el orden nacional el caudal del 2019 con una ventaja del 8,8 por ciento. En las dos fuerzas mayoritarias no se produjeron modificaciones significativas y habría que registrar la continuidad de un voto critico que derivó en distintas propuestas. En la CABA, si bien el macrilarretismo sostuvo su caudal y su primacía, el FdT consolidó un valioso resultado con vistas a la disputa del 2023. Es insoslayable registrar que Milei, un grotesco aprendiz de fascista, logró un porcentaje importante de votos. En este punto, la historia enseña que lo único que no se puede hacer frente al fascismo es subestimarlo.
El gobierno de Alberto y Cristina fue votado por la ciudadanía para el periodo 2019-2023, de allí que los próximos dos años serán cruciales para el pueblo argentino. Esta fase de su mandato democrático se sustenta en el valioso logro colectivo del Estado y la ciudadanía ante la emergencia sanitaria, muy particularmente por el éxito de la masiva campaña de vacunación que coloca a nuestro país entre las naciones con mayor porcentaje de población inmunizada. A partir de ahora, el reto del FdT es la puesta en práctica del programa votado por la ciudadanía para superar la destrucción social que dejó como trágico legado la derecha desde el gobierno de Mauricio Macri. El desafío es tan dramático como apasionante. Es el momento de asumir en plenitud lo expresado por el presidente Alberto Fernández en su discurso de asunción. El llamado a “crear una ética de las prioridades y las emergencias, supone comenzar por los últimos para llegar a todos”. Se infiere, entonces, que la prioridad es continuar enfrentando con la máxima determinación política la cuestión de la grave deuda social. Lo más urgente es profundizar y ampliar las políticas en pos de mejorar la situación de nuestros 19,2 millones de pobres, de los cuales 4,5 millones son indigentes, según cifras del INDEC. Es decir, personas que no alcanzan a alimentarse, pasan hambre. Otro dato oprobioso es que la mitad de nuestros niños y niñas son pobres. Hay sectores de clase media con y sin trabajo que viven con grandes limitaciones. Es necesario recuperar a las pymes y a los profesionales, tanto en su nivel de vida como en sus aspiraciones de ascenso social. Es imprescindible asignar más recursos al sistema educativo, científico y de salud pública. La recuperación de la industria y del aparato productivo ya en marcha, deberá acentuarse para generar trabajo, llevando a la práctica la idea estratégica de distribuir para crecer. A todos estos fines, resulta excluyente una acción cada vez más determinante del Estado como modo de defender la vida ciudadana frente a las grandes corporaciones monopólicas. En este sentido, estamos viviendo actualmente un ejemplo claro y significativo: los formadores de precios, una vez más actúan privilegiando su objeto social empresario: potenciar siempre su tasa de ganancia, exhibiendo crudamente su insensibilidad e indiferencia ante las consecuencias de esta conducta en la vida de la gran mayoría de la sociedad.
En suma, el reto de esta hora crucial para el pueblo argentino es el de continuar con los fundamentos de la fase Néstor-Cristinista que incluye una tenaz interpelación al pueblo para que sea protagonista, tomando la historia en sus manos. Alberto Fernández enarboló estas políticas en el discurso del 1° de marzo del 2020 ante la Asamblea Legislativa: “Esta es la hora de definir de qué lado estará cada uno. Nosotros estamos del lado del pueblo”. Ya es conocido quién integra el otro lado: el poder económico más concentrado que nunca, y más decidido a restringir la democracia macerando la opinión pública, invadiéndola desde los medios de comunicación sin reparar en la utilización del odio y la negación de la verdad. Para ello cuenta con políticos subordinados en forma irrestricta a sus mandamientos.
Resulta ineludible afrontar también la deuda con el FMI contraída tras el contubernio de los expresidentes Donald Trump y Mauricio Macri. Al respecto, en el mencionado discurso de apertura de las sesiones legislativas, el presidente Alberto Fernández se pronunció claramente: “Lo he dicho siempre: No vamos a pagar la deuda a costa del hambre y la destrucción del sueño de los argentinos y las argentinas. Nosotros vamos a cuidar a la patria”. Esta actitud política soberana muestra el aprendizaje de nuestra propia historia. Simboliza el rechazo del paradigma expresado a fines del siglo XIX por el presidente Nicolás Avellaneda quien pontificó para los tiempos que “los argentinos economizarán sobre su hambre y su sed para responder a una situación suprema a los compromisos de la fe publica en los mercados extranjeros”. Consecuentemente con esta posición política es legítimo que el gobierno interpele a todos los sectores a apoyar un acuerdo que excluya las tradicionales imposiciones de ajuste y muy particularmente las ominosas “condicionalidades”. La convocatoria al parlamento para que consagre una decisión tan trascendente materializa su pensamiento auténticamente democrático.
Una vez más, emerge la necesidad política de amalgamar la iniciativa del gobierno popular con la participación del pueblo en todo lo concerniente a la cosa pública. Las instituciones civiles, culturales, religiosas, universitarias, estudiantiles y los partidos, deben pronunciarse permanentemente y ser protagonistas centrales en la vida política. Ese eco de la opinión pública activa, le dará vida a una democracia llena de pueblo, único camino para afrontar colectivamente los retos del futuro.
