Tiempo Argentino | OPINIÓN
Mientras un par de intendentes y el ministro de Seguridad bonaerense compiten por el podio de quién es más derechista y regresivo en la "nueva gran idea" de reinstalar el Servicio Militar Obligatorio, el gobierno nacional desplegó una cantidad de iniciativas muy importantes, a pesar de su menor impacto mediático.
Por Juan Carlos Junio
El pasado lunes, la presidenta realizó anuncios destinados a fortalecer la actividad económica y continuar con la política de expansión de derechos. Entre ellos, se destaca la creación del Fondo para el Desarrollo Argentino (Fondear), que contará con una masa de recursos de $ 10 mil millones para empresas que desarrollen proyectos de innovación tecnológica. Además, se dispuso la creación de una tarjeta para el personal formal de casas particulares, que les otorgará a los trabajadores de este segmento la posibilidad de acceder a datos sobre su historia laboral, ingresos percibidos, y demás información, para tener un mejor control y seguimiento de su situación laboral en línea con el cumplimiento de derechos fundamentales consagrados en la actual legislación.
También en el plano laboral, recientemente se han impulsado líneas de acción para avanzar con la formalización de segmentos importantes de la economía. Aquí aparecen entre otras, el Estatuto del Peón Rural, la reglamentación del trabajo en casas particulares y el proyecto de reducción del trabajo informal. Se trata de herramientas destinadas a disminuir los índices de precarización laboral, enfrentando con iniciativas específicas la indecencia del trabajo en negro que todavía denigra a millones de trabajadores argentinos. Un desafío que, a pesar de las heterogeneidades, corta de manera transversal a todas las economías de Latinoamérica.
Entre los temas trascendentes de estos últimos días, debe anotarse también la conclusión del proceso de recuperación de YPF para el Estado nacional, terminando definitivamente con su historia privatista.
El nuevo fondeo para el financiamiento productivo complementará otros programas implementados por el gobierno, como los créditos del Bicentenario, y particularmente la Línea de Créditos para la Inversión Productiva, por un monto de $ 76.700 millones entre 2012 y abril de 2014. Estas nuevas políticas financieras instrumentadas a partir de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina han favorecido a decenas de miles de pequeñas y medianas empresas y, consecuentemente, a la creación de nuevos puestos de trabajo.
Este panorama contrasta con la habitual preferencia de la banca comercial por prestarle a los consumidores a través de créditos personales, que es el segmento donde logran ganancias extremas, en línea con lo que expresó la presidenta en el acto de firma de convenios de reestructuración de las deudas públicas que las provincias mantienen con la Nación.
En este marco es que también cobra valor la presencia y el rol activo y creciente de la banca pública y cooperativa, que no se encuentra guiada por la búsqueda del lucro máximo, jugando de esta forma un papel esencial para contribuir al desarrollo económico y social de la Nación.
Esta realidad continúa interpelándonos respecto de la necesidad de terminar con la Ley de Entidades Financieras impuesta por la dictadura cívico-militar, y sancionar una nueva de la democracia que regule el accionar de la banca privada con una concepción de servicio a la sociedad. Por ello no es de extrañar que entre los firmantes de las ampliamente comentadas "Bases para la formulación de políticas de Estado" se encuentre una entidad de nombre equívoco como la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), que en realidad nuclea a las entidades extranjeras que operan en el país; además de otras como la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que expresa a los grandes monopolios locales y extranjeros; o la tradicional aristocrática Sociedad Rural Argentina (SRA). Todas cargadas de una visión que en lo económico representa la ideología neoliberal, que ya demostró su fracaso en nuestro país y ahora en la Europa del ajuste contra sus pueblos.
Los principales trazos del escrito de las grandes corporaciones "convergentes" reiteran la necesaria retirada del Estado para dejar en manos de los empresarios el motor del desarrollo. Todo con el viejo sofisma de la libertad de mercado en el que conviven pacíficamente los tiburones y las sardinas. El mismo sería alcanzado, según figura en el documento, mediante el respeto a la propiedad privada y la legítima búsqueda de beneficios. Nada de este discurso se verificó nunca en los '90, etapa en la que en cambio se generó un escandaloso aumento del desempleo, la pobreza y la exclusión social. De hecho, si se realiza un paneo por el tan mentado documento del Foro de Convergencia Empresarial, no existen menciones a la desigualdad ni a la mejora del reparto de la renta. Jamás piensan en los derechos sociales de los trabajadores y las grandes mayorías. Hacen referencia a los derechos constitucionales, pero en relación a la defensa de la propiedad privada y la seguridad de sus negocios. Para ellos la Constitución Nacional está para proteger sus propiedades y ganancias.
Por lo demás, el planteo filosófico de la "crema" empresaria convoca al compromiso de los partidos para que las políticas de Estado "trasciendan los diferentes períodos constitucionales de gobierno". Una especie de reencarnación moderna de lo plasmado a principios de los noventa por John Williamson, quien en su tristemente célebre "Consenso de Washington" pontificó un decálogo de políticas, con eje en la desregulación, privatización y apertura a los capitales externos, exigidas por los acreedores internacionales y los centros de poder global. En suma, la misma perspectiva de esta nueva convergencia, aunque ahora intenten disfrazarlo un poco con ciertas dosis de realismo mágico.
Nuevamente vienen con lo viejo y antipopular. Lo nuevo es defender los grandes logros sociales y culturales de los últimos años, y sobre esa base seguir avanzando sobre las grandes riquezas para sostener y profundizar una distribución más justa a favor de la gran mayoría de nuestro pueblo.
