La importancia de Atucha II, la noticia que ignoraron algunos medios. El papelón de Pollack y la situación griega.
Por Carlos Heller
La presidenta Cristina Fernández anunció el jueves pasado que el reactor de la Central Nuclear Néstor Kirchner (Atucha II) comenzó a producir energía eléctrica al 100% de su capacidad. De esta forma se añaden 745 megavatios (MW) al sistema eléctrico interconectado, posibilitando que la energía de origen nuclear pase del 7% al 10% de la matriz energética nacional. La energía neta que entrega Atucha II permite el reemplazo de generación térmica en base a combustibles fósiles, suplantando un volumen diario equivalente, del orden de 4,7 millones de litros de gasoil o de 5 millones de m3 de gas natural.
Cristina subrayó que el 88% de la obra es íntegramente nacional y que también marca un hito empresario pues hoy "tenemos 129 empresas argentinas con certificación de empresas nucleares", cuando en 2003 no había una sola; además, se ha incrementado significativamente la cantidad de científicos y técnicos que trabajan en la central.
La presidenta también afirmó que "lo que les preocupa a las grandes potencias es el regreso de la Argentina al selecto club de once países en el mundo que tienen capacidad de enriquecer uranio". Al respecto, remarcó que "por eso nuestro canciller (Héctor Timerman) envió dos cartas a dos actores importantes de la política internacional explicando que Argentina es un país pacífico".
La puesta en marcha a pleno de la central Néstor Kirchner fue prácticamente obviada en los medios monopólicos, a pesar de que significa un hito en la generación de energía y en el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país.
Como un escalón más de la cadena del desánimo, un diputado del PRO envió una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, rechazando la puesta en marcha de la central nuclear, esgrimiendo los argumentos de un exsecretario de energía de De la Rúa. Ni siquiera se preocupó por presentar un proyecto de resolución, un instrumento habitual de los legisladores. La "queja" se expresó sólo en una carta, lo que muestra la endeblez de sus argumentaciones sobre la puesta en funcionamiento de Atucha II, aunque intentando validar sus críticas a través de la difusión por varios medios.
El acto en la central Néstor Kirchner fue también político, y deseo destacar otra frase de Cristina: "Hay que garantizar que quien conduzca este Estado tenga las mismas ideas sobre soberanía, autonomía, ingreso popular, trabajo, ciencia y tecnología", que cerró expresando que "esta es la mejor herencia que debemos dejar". En estos momentos, cuando arrecia la ofensiva de la derecha para criticar al gobierno por los logros obtenidos, e instalar sus ideas de cambio en retroceso –que contienen vedadas recetas neoliberales y represivas– se revaloriza el comentario de la presidenta, quien además, con la gestión activa de la cosa pública, desactiva esa errónea idea que desde hace tiempo se pretende instalar respecto de un supuesto "fin de ciclo".
CONTINÚA LA SAGA BUITRE. El mediador Daniel Pollack informó el jueves que el pasado 30 de enero comunicó al estudio de abogados de Argentina que el fondo NML Capital quería negociar con nuestro país sin pre condiciones y sin pagos en efectivo.
Los abogados transmitieron al gobierno esta oferta y le respondieron a Pollack que estaba en consideración.
Faltando a la confidencialidad requerida, a las dos semanas Pollack acusó públicamente a la Argentina de no responder a la invitación, según interpreta el Ministerio de Economía (Mecon) "con el claro propósito de ‹demostrar› que Argentina no quiere negociar y los fondos buitre sí". El comunicado del Mecon se pregunta a partir de estas actitudes del mediador: "Si Argentina accedía a negociar 'en secreto', ¿cuánto tardaría en 'filtrarse' la información a los medios locales e internacionales para perjudicar al gobierno?".
En declaraciones radiales el día en que se conoció la noticia, el ministro de Economía, Axel Kicillof, comentó que "la palabra mediador ya no le encaja. Yo creo que este papelón (de Pollack) debe llamar a la reflexión de Griesa".
En su comunicado, el Mecon recuerda que "el sr. Pollack sostuvo que la cláusula RUFO no importaba, que los llamados 'me too' (otros bonistas holdout) tampoco importaban y acercó a Argentina una propuesta de pagar 200 millones de dólares a los fondos buitre para que concedieran un stay (suspensión), en clara violación de la cláusula RUFO".
El reciente comunicado de Pollack se emite cuando el propio juez Griesa está recibiendo los pedidos de otros fondos buitre para asociarse al fallo original, los denominados "yo también"; mientras que Argentina presentó un escrito al juez reclamando que se coloque la fecha límite del 2 de marzo para aceptar estas presentaciones, en función de la estrategia del gobierno de poder negociar con la totalidad de los bonistas que quedaron fuera del canje.
Respecto a la decisión del juez británico, a partir de un planteo de los fondos de Soros para que se expida sobre los bonos argentinos con legislación británica retenidos por Griesa, tema ya comentado en la columna pasada, cabe agregar que el Mecon consideró que el fallo "dejó en claro que Argentina no estuvo ni está en default ya que este dinero pertenece legítimamente a los bonistas", además de sostener que la República Argentina "no es parte en esta causa pues se trata de una disputa entre los fondos buitres y los bonistas". Resulta una interpretación adecuada que pone en evidencia el avance del fallo original de Griesa sobre las más elementales normas legales.
Queda claro, con las distintas acciones que acabo de reseñar, que tanto Griesa como Pollack juegan a favor de los intereses de los fondos buitre, lo cual deslegitima el proceso de mediación, y anticipa que arribar a una solución definitiva –con nuestro gobierno sosteniendo acordar en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables– resultará una tarea más que ardua. Se sabe que los buitres no desean negociar, sino imponer todo tipo de sanciones al gobierno argentino, puesto que también tienen sus intereses políticos, íntimamente ligados con los económicos.
ACUERDO CON GRECIA. En la cuarta reunión del Eurogrupo desde que Syriza ganó las elecciones, el gobierno de Grecia y sus socios del euro decidieron el viernes extender el programa del rescate griego –que expiraba el 28 de este mes– durante al menos cuatro meses más, aunque originalmente Alexis Tsipras, premier griego, había solicitado seis meses de extensión. El acuerdo da cierto margen presupuestario a Atenas para atender los gastos sociales más acuciantes y permite un cierto alivio de la deuda a cambio de severas condiciones, sosteniendo las reformas. Grecia se encontró en una situación difícil, contra un muro de contención de los principales países del Eurogrupo, que le exigen sostener los ajustes con algún margen de maniobra, en parte para cumplir los compromisos, en parte para evitar el contagio a otros que podrían pedir menores ajustes, y en parte para evitar que el euro sufra algún cimbronazo, claro que con Grecia en la situación más complicada. Según el gobierno heleno, Grecia "consiguió el principal objetivo", que era ganar tiempo para negociar un pacto más amplio "en el marco de un acuerdo puente de cuatro meses". De todas formas, los enfoques del Eurogrupo y de Atenas difieren sobre las características del acuerdo.
Previamente, la canciller alemana Angela Merkel indicó que el objetivo de Berlín es “ayudar a Grecia a quedarse en el euro”, aunque volvió a reclamar al Gobierno griego que profundice en algunas reformas importantes, como la laboral. La canciller sostiene que Grecia ya ha hecho "sacrificios importantes" y que ya están dando "algunos resultados", aunque no se animó a detallar cuáles son esos resultados de las políticas europeas que los griegos no ven por ninguna parte, salvo los negativos.
Y es que, precisamente, esa profundización de la reforma laboral, que implica abaratamiento y flexibilización de los salarios, choca de frente con las nuevas (y saludables) medidas del gobierno de Tsipras, como la elevación del salario mínimo y la reincorporación de empleados públicos cesanteados. En realidad, Merkel debería explicarle a los griegos por qué el programa que impusieron a Grecia, que preveía una reducción de la deuda que alcanzaba al 113% del PBI antes de la quita, finalizó con una deuda del 175% del PBI. La negociación seguirá en términos muy duros, y habrá que ver cómo encuentra margen el gobierno griego para cumplir con sus promesas electorales.
