Perfil | Opinión
Por Carlos Heller
El Presidente Alberto Fernández, en su discurso ante la Asamblea Legislativa, se refirió al ahorro obtenido por el gobierno a partir del resultado de la negociación de la deuda externa con los bonistas: “este logro permitió que Argentina se vea favorecida con un ahorro de 34.800 millones de dólares entre el período 2020-2030”. Y agregó: “Sin embargo, el problema no ha concluido. Aún nos queda por resolver nuestra deuda con el Fondo Monetario Internacional (…) A una Argentina en absoluto default, el FMI le adjudicó un préstamo de 55.000 millones de dólares. De esa cifra se desembolsaron 44.000 millones de dólares que solo sirvieron para facilitar la salida del mercado financiero argentino de capitales especulativos con la absoluta anuencia de las autoridades de entonces”.
Según lo expresado por el actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver-Carone, cuando se desempeñaba como director del FMI en representación de la administración Trump, ese préstamo desmedido fue otorgado para favorecer al entonces presidente Mauricio Macri en la búsqueda de su reelección.
Como consecuencia de esa herencia recibida, el gobierno hoy se encuentra ante un endeudamiento con el FMI imposible de afrontar en las condiciones en las que fue pactado. Según lo acordado por la gestión de Macri, “este año, la deuda a pagar es de 3.826 millones de dólares. En 2022 esa cifra aumenta a 18.092 millones de dólares. El año subsiguiente el monto asciende a 19.186 millones de dólares. Recién en 2024 el pago de la deuda se cancela abonando 4.921 millones de dólares”, afirmó el Presidente ante la Asamblea Legislativa.
En este marco, el Banco Central de la República Argentina acaba de pedir que se investiguen los acuerdos del gobierno de Macri con el FMI y elevó a la Sindicatura General de la Nación y a la Oficina Anticorrupción toda la documentación para evaluar “las responsabilidades de los funcionarios que actuaron oportunamente en la efectivización del acuerdo suscripto por la República Argentina con el Fondo en 2018 y determinar la existencia de perjuicio para el patrimonio público”.
Antes, el Presidente anunció que había instruido “a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda”.
En este escenario, tres funcionarios de la pasada gestión económica de Juntos por el Cambio, Hernán Lacunza, Nicolás Dujovne y Guido Sandleris, insistieron con el argumento de que la deuda con el FMI se utilizó para pagar otras deudas anteriores. Por supuesto: ese planteo es insostenible. Como consecuencia del acuerdo con el FMI, ingresaron al país unos 44.490 millones de dólares provistos por este organismo. Y, como señala el BCRA en un informe, “en la etapa de aceleración de salida de capitales, a partir de mayo de 2018, la formación de activos externos alcanzó los USD 45.100 millones”, un número similar al del préstamo. No se puede explicar lo inexplicable y negar que de algún lado surgieron los fondos para financiar la fuga.
Además, según el Banco Central la fuga de capitales durante la gestión de Juntos por el Cambio estuvo concentrada en unos pocos actores económicos. El 1% de las personas jurídicas o empresas que realizaron compras netas adquirió 41.124 millones de dólares en concepto de formación de activos externos y el 1% de las personas humanas realizó compras por 16.200 millones de dólares. Sumando ambas cifras, llegamos a casi 58 mil millones de dólares.
Recientemente el Congreso sancionó la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, cuyo principal objetivo es regular la toma de deuda futura en moneda extranjera por parte del Estado.
Es evidente: todos y todas los argentinos y las argentinas nos quedamos con las deudas mientras una minoría se llevó los dólares afuera. Las penas son de nosotros, los dólares son ajenos.
