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Por Carlos Heller
No caben dudas de que el contexto político de Brasil experimentó un importante giro en comparación con el existente hace menos de un año. La presidenta Dilma Rousseff, reelegida hace solo diez meses por 54 millones de ciudadanos, pasó de una aprobación del 40% en diciembre de 2014 al 7% en la actualidad.
Las razones de este contraste son complejas y se alimentan tanto desde lo económico como desde lo político. En el primer caso, las posibilidades de mejorar en el corto plazo son bastante bajas. El FMI redujo la estimación de crecimiento del PIB brasileño para 2015 habiendo pasado de proyectar una variación positiva del 2,8% en enero de 2014 a una caída del 1,5% en su última estimación, al tiempo que de acuerdo al boletín Focus, publicación del Banco Central de Brasil que agrupa las estimaciones de analistas privados, se espera una caída del 2,26%.
En paralelo, las últimas cifras de desempleo mostraron un alza, habiendo llegado al 7,5% en julio. Una variable que se había reducido hasta sus mínimos históricos en el primer gobierno de Rousseff.
A esto se suma el hecho de que en 2008 le fue asignada la categoría de “grado de inversión” y por lo tanto Brasil recibió elevados ingresos de capitales financieros que han ido configurando una ascendente deuda del gobierno y de las empresas con acreedores externos. Esta importante afluencia de capitales, dadas las bajas tasas de interés internacionales, llevó a una apreciación del real en los últimos años con la consecuente caída de la competitividad de su economía y los efectos negativos que esto conlleva en la balanza comercial. Este déficit se compensaba hasta hace poco con el alto precio de los bienes exportables, situación que ya se revirtió. Otra consecuencia del endeudamiento público y privado es que la economía se volvió muy dependiente de la política monetaria estadounidense y, ante la inminente suba de la tasa de interés de la potencia norteamericana, los flujos de capitales pueden llegar a hacer un “vuelo hacia la calidad” y “volar hacia el norte”, provocando mayor inestabilidad económica.
La depreciación del real ya es un hecho, en la actualidad su cotización se encuentra en los niveles más bajos desde principios de 2003 y continua en descenso, lo que a su vez genera una presión sobre los precios y pone en jaque la ortodoxa política de metas de inflación que viene aplicando Brasil. Los intentos de revertir esta situación a través del ajuste fiscal y los aumentos de tasas de interés internas llevan, no obstante, a una mayor recesión. No es casual que la propia presidenta haya admitido que “el año que viene no va a ser maravilloso”, para luego “moderar” esa expresión agregando que el plan de ajuste que adoptó su gobierno ayudará a minimizar el impacto externo en la economía nacional.
El tiempo dirá, aunque son muy pocos los casos, sino inexistentes, en los que los ajustes económicos hayan generado crecimiento económico. La experiencia muestra que en vez de sanear las cuentas fiscales se genera un mayor déficit, porque hay menos actividad económica, menor recaudación impositiva, y menos aportes al sistema previsional. Y ese círculo perverso es lo que ya pasó en la Argentina y lo que de alguna manera afecta a Brasil por haber tenido que aceptar ciertas políticas ortodoxas.
Y aquí es donde entra a jugar el plano político. El haber ganado las elecciones gracias a una alianza con el PMDB le está provocando más de un dolor de cabeza a la mandataria brasileña. Para citar un ejemplo, Renan Calheiros, uno de los líderes de ese partido, le presentó una carta al ministro de Hacienda, Joaquim Levy, con veinte postulados neoliberales que evitarían llegar al juicio político contra la presidenta. Dentro de los mismos se encuentran la reducción del impuesto a la herencia, el achicamiento del Estado, incentivos a la repatriación de capitales y reforma laboral.
Objetivos que contrastan claramente con los presentes en la campaña electoral del Partido de los Trabajadores hace menos de un año.
Existen entonces varios obstáculos difíciles de franquear. La posibilidad de buscar apoyo en los movimientos y al interior del PT puede verse afectada por las medidas de ajuste fiscal, al tiempo que lograr un mayor consenso en el Congreso implica negociar con intereses que van mayormente en contra de los postulados del partido oficialista.
Resulta interesante en esta instancia establecer un paralelismo entre lo anteriormente expuesto y la situación en nuestro país. Los actores sociales que impulsan esa vuelta a la ortodoxia en Brasil se asemejan a los que en Argentina piden volver a un modelo netamente agroexportador, eliminando, por ejemplo, las retenciones. Aquellos que añoran los tiempos de la desregulación financiera y la eliminación de restricciones cambiarias para dejar al mercado la tarea de fijar el valor “de equilibrio” del dólar, son los mismos que pregonan la necesidad del tan mentado “ajuste” como la única salida para quien gane las próximas elecciones presidenciales.
En contraposición, cabe mencionar algunas reflexiones de la presidenta Cristina Fernández en su reciente discurso en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que apuntan a resistir la crisis global con políticas contracíclicas, que son las que permiten mantener el nivel de empleo y que la economía no decrezca, dejando en claro que “el único dique de defensa que nos queda con las crisis” mundial y regional es “sostener el mercado interno”.
En realidad, Brasil es un ejemplo concreto de la interminable batería de presiones que ejerce el aparato neoliberal apañado por los grandes conglomerados económicos, dentro de los que se encuentran también algunos medios de comunicación presentes también en nuestro país (y en todo el mundo). El eje de la cuestión es no ceder ante sus requerimientos, enfrentándolos y fomentando el apoyo popular a quienes en verdad garantizan proyectos políticos inclusivos, democráticos y con una mejora en la distribución del ingreso.
