Por Eduardo Fernández
Las cordobesas y los cordobeses asistimos por estos días a una catástrofe ambiental y social que no por repetida debería acostumbrarnos sino, por lo contrario, tendría que ponernos en urgente alerta tras la búsqueda de soluciones definitivas.
En la provincia de Córdoba se quemaron unas 770 mil hectáreas en 5.358 incendios entre 1999 y 2017.
En los últimos días llevamos dos víctimas fatales, superamos las 70 mil hectáreas de monte quemado y, mientras escribo este texto, los bomberos voluntarios todavía combaten cuerpo a cuerpo en La Cumbre y Villa Carlos Paz.
Es verdad que las condiciones climáticas generan condiciones propicias para los incendios, pero lo que a esta altura como sociedad no podemos seguir tolerando es el reduccionismo cómplice de culpar a la naturaleza por un desastre que en la enorme mayoría de los casos tiene causal humana y entonces puede y debe ser gestionado desde la política.
Involucrarnos
Nuestra provincia vivió en el año 2016 un intenso debate social por la actualización del mapa de ordenamiento del bosque nativo, protagonizado fuertemente por las organizaciones sociales que finalmente vieron cómo la Legislatura evitó su tratamiento haciendo perder estado parlamentario al proyecto, frustrando la iniciativa de participación ciudadana.
Este año se venció por segunda vez el plazo para actualizarlo, tal como establece la ley nacional, en lo que pareciera un esfuerzo por desconectar la necesidad de poner en agenda el tema de las gravísimas consecuencias que acarrea seguir pateando para más adelante un debate serio y responsable al respecto, que no se puede continuar tapando con lamentos por la mala suerte o los merecidos reconocimientos a la valentía de nuestros bomberos y bomberas.
Un acuerdo que marca el rumbo
En la última sesión de la Cámara de Diputados de la Nación, convertimos en ley el Tratado de Escazú. Se trata del primer acuerdo regional a nivel mundial que garantiza el acceso a la información y la participación pública en proyectos que tengan impacto ambiental, el acceso a la justicia ante determinados requerimientos y la creación y fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras.
Una ley que se convierte en un valioso instrumento que busca que el tema ambiental no tenga secretos entre los Estados y las grandes compañías extractivistas.
El tratado busca cuidar el medioambiente, luchar contra la desigualdad, la discriminación y garantizar los derechos de todas las personas a un ambiente sano y al desarrollo sustentable a través del acceso a la información ambiental, a la participación ciudadana y pública en las cuestiones ambientales, dándole más juego a la participación de las organizaciones de la sociedad civil, de la sociedad en general y de los y las más vulnerables. Se trata de respetar esa participación y de propiciarla, abriendo los espacios para generarla y garantizando el acceso a la justicia.
En nuestra provincia, donde sistemáticamente se producen incendios y no sabemos si se investigó, si se encontraron responsables o si hubo sanciones, al observar el mapa vemos repetirse un patrón como un exceso de casualidad, donde hubo fuego ahora hay countries.
