Perfil | Opinión
Por Carlos Heller
Llegamos al año que se inicia con varios debates muy intensos entre el gobierno y la principal oposición política, económica y mediática.
El más reciente gira alrededor de la firma de un nuevo Consenso Fiscal para 2022 que acordaron todas las jurisdicciones del país, con la sola excepción de la Ciudad de Buenos Aires. En ese marco, el presidente Alberto Fernández, aseguró que el acuerdo constituye “un paso más en favor de garantizar un crecimiento equilibrado en toda la Argentina. Este acuerdo nos sirve mucho en la discusión que tenemos con el Fondo porque nos muestra un país que proyecta el futuro en términos fiscales racionales y con el consenso de todos los gobiernos provinciales”. Luego, entre otras cosas, agregó: “es importante poner en debate buscar la progresividad del sistema recaudatorio y que paguen los que más tienen y dejen de pagar los que menos tienen. Y en ese sentido que en 2022 podamos poner en discusión un impuesto como el de la herencia es muy interesante.”
En efecto: entre muchas otras medidas, el pacto fiscal plantea la posibilidad de que las provincias incorporen el gravamen a la transmisión gratuita de bienes, es decir, el impuesto a la herencia que fue derogado por José Alfredo Martínez de Hoz durante la última dictadura.
Pero, además, el consenso fiscal les devuelve autonomía a las provincias y, lejos de promover el aumento de impuestos, le pone topes a la suba de los mismos. También las provincias se comprometen a lo que en el pacto se llama endeudamiento responsable, por el cual sólo podrán incrementar la deuda en moneda extranjera en líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito, por desembolsos pendientes originados en convenios firmados con anterioridad al 31 de diciembre de 2021, y por las operaciones de reestructuración de deuda.
En la misma línea de la progresividad del sistema impositivo, se aprobó recientemente la ley que modifica el Impuesto a los Bienes Personales. La iniciativa aumenta de 2 a 6 millones de pesos el monto mínimo no imponible a partir del cual se abonará el tributo. Además, se eleva de 18 a 30 millones de pesos la exención sobre los inmuebles dedicados a vivienda familiar y se mantienen las alícuotas sobre los bienes declarados en el exterior.
Pero si, tal como planteaba la principal oposición, se hubiera votado sólo la elevación del monto mínimo a partir del cual se abona el gravamen, la medida hubiera producido una caída de unos 31 mil millones de pesos en los ingresos fiscales. De ellos, el 62% les correspondía a las provincias y a los municipios.
En ese escenario, en mi carácter de presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, me referí al déficit que generaba la medida, tal como Juntos por el Cambio la impulsaba. Sostuve que me llamaba mucho la atención que quienes siempre están tan preocupados por el déficit, estuvieran dispuestos a aumentarlo en 31 mil millones de pesos.
Como siempre decimos, nosotros no somos hinchas del déficit fiscal sino enemigos del ajuste. Estamos de acuerdo con rebajar cargas tributarias que afectan a los que menos tienen, pero eso hay que reemplazarlo con progresividad: que aporten más los que más tienen. Esa fue la reforma que propusimos y que aprobó primero la Cámara de Diputados y finalmente el Senado.
La ley incrementa la alícuota del gravamen de 1,25% a 1,5% para el caso de patrimonios declarados de entre 100 y 300 millones de pesos y la lleva a 1,75% para los que tienen más de 300 millones de pesos declarados. En total, unas 16 mil personas. En paralelo, les alivia la situación a alrededor de 450 mil beneficiarios por el aumento del mínimo no imponible.
En ese complejo escenario político, el gobierno avanza con su modelo de crecimiento con distribución haciendo más progresivo el sistema tributario para que aporten menos los que menos tienen y más los que más tienen.
Nota publicada en Perfil el 02/01/2022
