Página/12 | Opinión Por Juan Carlos Junio
El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, relacionado con los fondos que Mauricio Macri, en su condición de Presidente, asignó por decreto a su discípulo preferido del PRO, Rodríguez Larreta; se basó en un subterfugio que distorsionó el verdadero fin: compensar el costo del traspaso de la Policía Federal a la Ciudad. La decisión de los cuatro de la corte tomada en medio de los festejos mundialistas y al borde de las Fiestas, detonó el debate y la confrontación política sobre la cuestión del federalismo, la coparticipación y la distribución de los recursos nacionales. El fallo de los Supremos, impugnado por el Presidente, la mayoría de los gobernadores y una gran parte de la opinión pública, por su carácter partidista y antifederal, enervó la situación de ilegitimidad de los cuatro cortesanos, camaristas, jueces y fiscales del Comodoro Py. El proceso de vaciamiento de credibilidad no solo se fue constituyendo por la ausencia absoluta de voluntad para cumplir con su misión de impartir justicia, sino por su sometimiento a los núcleos económicos y mediáticos, cumpliendo con el mandato de apropiarse de facto de esferas del poder legislativo y ejecutivo, abrogándose el derecho de vetar decisiones económicas, financieras y tarifarias. Se constituyeron así en un grupo ilegítimo amalgamado a los poderes fácticos con el fin de cogobernar, a pesar de que no los votó nadie.
Esta decisión del máximo tribunal, como expresó el Presidente de la Nación, carece de todo criterio de justicia y es de imposible cumplimiento, y tal como señaló Cristina Fernández de Kirchner en su última intervención en Avellaneda, tiene como finalidad sustentar la campaña electoral del candidato de la derecha, Rodríguez Larreta. De allí que la polémica debe ubicarse en la disputa de poder de los distintos pliegues de la derecha contra el gobierno nacional y el Frente de Todos. El debate por la coparticipación y el federalismo convocó a que 14 gobernadores del país, quienes rechazan el fallo y los interpelan a que no se favorezca arbitrariamente al candidato del PRO. Todo el país lo sabe, en la mayoría de nuestras provincias, sus pueblos tienen más necesidades insatisfechas que en nuestra ciudad. Sin embargo, existe un punto originario determinante de este conflicto, del cual se habla muy poco, que generó la nueva teatralización del Jefe de Gobierno para victimizarse ante la opinión pública, ¿cuál es el verdadero costo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que debió ser aportado por la Nación? Obviamente es un valor importante y bastaría una auditoria para establecerlo, pero nadie puede creer sensatamente que sostener la estructura policial porteña valga la triplicación del aporte de la Nación que le asignó Macri, que luego llevaron a 3,5 y que el Presidente Fernández debió corregir, dejándolo en 1,40. Mucho menos le corresponden los 180 mil millones de pesos inventados por los cortesanos que no responden a ninguna ponderación legal. Lo habrán fabricado los cuatro solos, descontando que todas sus decisiones gozarán por siempre de una suerte de “bill de inmunidad", siguiendo la tradición inglesa.
En ese marco hay una cuestión central que debe incorporarse a la ponderación del tema: el fallo no viene a favorecer ni a la Ciudad como tal, ni a su pueblo, sino a un partido que la gobierna, y es socio político de una Corte que siempre arbitra a favor de las corporaciones mediáticas, económicas y de la derecha política. En los últimos dos meses confirmaron la condena a 13 años de cárcel a Milagro Sala; anteriormente facilitó la condena a Cristina en el juicio Vialidad rechazando un sinnúmero de planteos de la Vicepresidenta; en noviembre resolvieron que no era legal la división del bloque de Senadores del FdT; y siguen las firmas.
Así las cosas, resulta obligatorio que la ciudadanía porteña se pregunte: ¿en qué se aplicó durante estos años, desde 2016, esa masa mil millonaria de fondos que se le dio en exceso al PRO de Larreta supuestamente para cubrir el costo de las fuerzas de seguridad? El alcalde gozó y manejó todos esos enormes recursos, pero no fueron utilizados para mejorar la vida de nuestro pueblo. El gobierno porteño de JxC continuó creando nuevos impuestos al consumo ciudadano, inclusive durante la pandemia, y “actualizó” todos los tributos, varios de ellos superando la inflación. En esa línea, se impone otro interrogante: habiendo tenido esa masa fenomenal de dinero ¿es aceptable que en nuestra ciudad haya 800 mil pobres?¿Cómo es posible que el gobierno de JxC todos los años rechace el acceso a la escuela pública de 25.000 a 50.000 niñas/os; o que los docentes y profesionales de la salud hayan tenido que librar una dura lucha durante 2 meses para recibir sueldos dignos, y los hospitales sigan con grandes carencias de infraestructura, tecnológicas y de insumos básicos?
Este grave episodio de la disputa por los fondos que se le otorgaron al PRO oportunamente, oculta otra cuestión que estaba soterrada y que ahora sale a la luz. El PRO de Larreta se propone no solo afrontar la campaña porteña, sino una nacional. De allí que los cuatro de la corte le echen una mano al partido amarillo, a pesar que contará con el tradicional apoyo del establishment.
Resulta oportuno recordar que en la CABA en el 2022 se aumentó el gasto en publicidad oficial a 26 millones de pesos por día.
Está clarísimo que este episodio es determinante en la disputa de poder, de allí que se pronunciaran rápidamente las representaciones de lo más rancio del establishment. Como pocas veces el denominado poder real se manifestó tan abierta y urgentemente: la AmCham (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina), el Foro de Convergencia Empresaria, la AEA y la Sociedad Rural, entre otros; quienes ponderan a este poder judicial, y muy particularmente a los cuatro supremos como tropa propia. De allí este pronunciamiento de carácter colonial, de una cámara de empresas extranjeras y de los otros núcleos de la oligarquía local.
