04/04/2011 - La Mañana de Neuquén
ENTREVISTA A CARLOS HELLER
El diputado nacional y presidente del Banco Credicoop pasó por Neuquén para explicar los principales lineamientos de su proyecto de reforma de entidades financieras: topes para las tasas, intervención estatal y orientación del crédito son algunos de los puntos centrales.
Por R.A.
Carlos Heller habla como economista, pero no es economista. También critica a los bancos y es banquero. Lo que a primera vista parece una contradicción es en realidad una cabal muestra de que existe otro tipo de sistema financiero posible: desde hace cinco años, el actual diputado nacional preside el Banco Credicoop, desde donde defiende la necesidad de la intervención del Estado en el mundo de las entidades de crédito, en una suerte de humanización del sector. Ese posicionamiento ideológico lo volcó en su proyecto de ley de reforma financiera, que busca que los bancos sean tomados como un servicio público. Con mucha resistencia de los sectores concentrados, el proyecto avanza en comisión y también fuera de ella: más de 700 mil personas ya expresaron su adhesión al mismo.
El viernes, el dirigente cooperativista pasó por Neuquén para presentar el Partido Solidario, herramienta política con la que aspira a disputar la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. E&E aprovechó para dialogar sobre su proyecto, pero también sobre la inflación, tema clave en el día a día de los argentinos.
¿Qué significa que la actividad bancaria pase a ser un servicio público?
Un servicio público debe ser regulado, no ser visto como un mero hecho de mercado. La doctrina jurídica habla de dos tipos de servicios públicos: los que llama propios, aquellos que brinda el Estado, y los impropios, aquellos que se brindan a través de un privado. A partir de esta idea, nuestro proyecto plantea orientar el 45% del crédito a las Pymes y créditos hipotecarios para vivienda familiar. Otro capítulo importante tiene que ver con la cobertura: buscamos desconcentrar el sistema de sucursales. Hoy por hoy el 60% de las localidades de Argentina carecen de servicios financieros. Nuestro proyecto obliga a quienes abren sucursales en grandes ciudades a hacer lo mismo en localidades pequeñas: si quieren ir donde está “la crema”, se tienen que instalar en otro lado, porque son un servicio y no un negocio. De ahí derivan las resistencias que tenemos, de pensar a los bancos como un servicio y no como un negocio. También hay en nuestro proyecto un mecanismo de estímulo para los bancos con vocaciones para ir a localidades de menor desarrollo. Todos aportamos a un fondo común en proporción del volumen de nuestras entidades, y ese fondo común va para las entidades que apuestas a localidades con menos desarrollo.
¿Incluye también la regulación de tasas?
Hay políticas de regulación de tasas para los sectores más vulnerables, para personas hasta ciertos montos y también para las micro y pequeñas empresas. Además, si el servicio es público, tiene que haber quién proteja los derechos. Por eso proponemos que se cree en el Banco Central la figura del defensor del usuario de los servicios financieros. También hay cambios en el sistema de garantía de los depósitos. Hoy hay muchos bancos que no lo integran y nosotros lo hacemos obligatorio.
Habrá un tope para regular la participación de los bancos en el mercado…
Sí, se establece un tope máximo al tamaño que pueden tener las entidades. Esto surge de lo que pasó en el mundo con la crisis financiera, a partir de la caída de los grandes bancos. Queremos evitar esto poniendo un techo: ninguna entidad puede representar el 10% del total del sistema.
El tema de regular las tasas es un gran tabú, Los bancos lo presentan como un fantasma…
Nuestro proyecto no tiene ningún fantasma: evita excesos. Nosotros decimos que nadie podrá cobrar más de un X por ciento que la media ponderada que el sistema cobra para ese sector. Esa media ponderada se establece de acuerdo a la cartera de cada entidad, es decir, si el Banco Nación tiene el 30% de la cartera con Pymes y el Credicoop tiene otra cifra, todo eso da una masa, se promedia y de ahí sale el número. No es ninguna ficción, es una tasa que el propio sistema fija y que evita excesos de entidades que cobran tasas exorbitantes, que generalmente son pagadas por los más pequeños, los más débiles, los menos informados. A ellos tratamos de proteger. Las grandes empresas no necesitan tasas reguladas porque tienen capacidad de negociación de igual a igual, son los débiles lo que necesitan protección.
¿Cómo se orienta el crédito, por ejemplo, hacia sectores productivos?
Estableciendo la obligación. Si el banco tiene por ley una determinada proporción hacia un sector, tendrá que salir a buscar tomadores de crédito.
Ellos se encargarán de que eso sea rentable…
No tiene por qué no ser rentable. Pongo el ejemplo del Credicoop. Nosotros tenemos el 70% de nuestra cartera en Pymes y el 30% en personas y no perdemos plata. Claro que ganamos menos que otros que hacen lo inverso, pero aún así nos va muy bien. Manejamos el criterio de la rentabilidad necesaria y no el de la máxima rentabilidad posible. El asunto es definir en qué tipo de país queremos vivir.
Existe un discurso que toma a los bancos como algo inmaculado a lo que no se puede tocar sin que haya un descalabro. ¿Ese discurso se empezó a caer, hay más margen par una reforma financiera?
Yo podría decir que es al revés. La experiencia mundial demostró que la falta de regulaciones es lo que genera las crisis. Los liberales que gobiernan el mundo son tan duros ideológicamente que toman medidas transitorias para salir de la crisis. Eso muestra que cuando hay crisis imponen regulaciones y cuando no, dejan que el mercado funcione libremente. Si en vez de eso hubiera regulaciones siempre no habría crisis.
Usted dice que los bancos son especuladores por naturaleza…
Yo creo que son como todas las empresas: vivimos en una sociedad capitalista donde el afán es maximizar la rentabilidad. Si esto no tiene regulaciones funciona así. Falta un Estado activo, fuerte, inclusivo, que tome partido y que regule para defender a los más débiles.
La inflación y la puja distributiva
Usted sostiene que la principal causa de la inflación es la puja distributiva. ¿Cómo se interviene para modificar ese escenario?
El Estado recauda impuestos y traslada a los sectores más débiles vía jubilaciones, Asignación Universal, etc. Todo eso se vuelca al consumo y ese vuelco genera mayor demanda y esa demanda se traslada a los precios. La Argentina tiene una economía muy concentrada, donde en cualquier rubro el 70 u 80% de la actividad está en manos de tres o cuatro empresas. Esas son las formadoras de precios. Si no hay nada que se lo impida, el tope lo pone la capacidad de compra que tiene el deudor. Y mientras éste es estimulado con aumentos de sueldos y otros ingresos, los formadores de precios siguen aumentado. Por eso decimos que hay que meterse con los costos de las empresas, la rentabilidad de las empresas, y tener políticas impositivas que, al estilo de las retenciones móviles, se apropien de las rentas extraordinarias que generan las subas de precios. Los empresarios tienen que ganar más plata aumentando la producción, aumentando el volumen de lo que venden, no aumentando el precio.
¿Sirve el control de precios?
El control de precios es una herramienta que sirve en determinados momentos. El gobierno impulsa un control de precios selectivo que dio frutos: por ejemplo, los precios del transporte público no suben igual que los demás. Lo que hay que hacer es una combinación de políticas y yo creo que la concertación es posible, pero acompañada con políticas de control para que eso no sea violado en la práctica.
Hay sectores que piden topes para los reclamos salariales de los gremios. ¿Cree que es una medida válida para controlar la inflación?
Si uno dice que hay que mejorar la distribución de los ingresos eso supone que los trabajadores tienen que ganar más, no menos. Si hubiera una política efectiva de control de precios, los aumentos de salarios nominales no serían tan grandes. Todo se puede lograr en el marco de una adecuada concertación.
¿Es necesario modificar el INDEC?
Ningún país puede funcionar sin tener estadísticas confiables. Por las razones que sean, la confiabilidad de la estadística pública en Argentina está cuestionada y es imprescindible recuperarla. Ahora, no creo en las estadísticas de las consultoras privadas, porque carecen de capacidad operativa para dar información cierta. En general lo hacen con el “masomenómetro”: esperan a ver cuál va a ser la inflación oficial y la duplican. Por eso la negativa a proporcionar la metodología de cálculo que cada una de ellas consultoras tiene. El Estado es el único que tiene la capacidad para hacer estas mediciones.
