Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
La última actualización de las perspectivas de la economía mundial del FMI indica que en 2024 el PBI argentino caería un 3,5 por ciento, profundizando la baja prevista en la estimación de abril, ubicada en el 2,8 por ciento.
El número, en rigor, ya había sido presentado en junio por el staff del organismo, con motivo de la octava revisión del acuerdo vigente. No obstante, del análisis de los datos mundiales que presentó el FMI se desprende que Argentina es el único país que verá caer su PBI. Además, es uno de los países que registró la mayor revisión a la baja respecto del anterior valor. No es algo que llame la atención: ocurre como consecuencia de las políticas de desregulación y ajuste extremo llevadas adelante por la actual gestión nacional, que no se observan en ningún otro lugar del planeta.
En materia cambiaria y monetaria, el gobierno anunció que venderá dólares en el mercado de contado con liquidación (CCL), con el objetivo, según posteó el ministro de Economía, Luis Caputo, de “cerrar la última canilla de emisión monetaria”. Se trata de la emisión que el Banco Central (BCRA) realiza como contrapartida de las compras netas de divisas de la entidad monetaria en el mercado de cambios.
El presidente del BCRA, Santiago Bausili, había señalado semanas atrás que entre junio y septiembre “se pierden Reservas prácticamente todos los años en Argentina”. El Central, de hecho, cerró el mes de junio con ventas netas de divisas (47 millones de dólares). Quiere decir que, por cuestiones de estacionalidad, esa canilla ya estaría relativamente cerrada. En este contexto subsiste un problema de fondo, que es la dificultad para acumular dólares en las Reservas.
La medida apunta, en lo inmediato, a contener la suba reciente de la brecha entre el dólar financiero, medido a través del CCL, y el oficial, relación que el día previo al anuncio rondó el 55 por ciento. El objetivo último es desalentar expectativas de devaluación y así avanzar con la reducción de la inflación. Desde lo conceptual, la herramienta anunciada implica para el gobierno contar con la potestad para intervenir en las cotizaciones cuando sea conveniente.
Lo he repetido innumerables veces: la inflación no obedece exclusivamente a un fenómeno monetario, sino que tiene múltiples causas, fundamentalmente la puja distributiva, pero también la escasez de dólares, característica estructural de nuestra economía.
El cierre de las “canillas” de emisión monetaria, en un contexto en el que la base monetaria se encuentra en niveles históricamente bajos, seguramente intensificará la recesión. Con una cantidad de dinero que quedaría fija o disminuiría, y sumado a ello una inflación todavía elevada, el volumen de transacciones económicas en pesos difícilmente pueda aumentar.
Se conocieron esta semana los datos fiscales de junio, mostrando seis meses consecutivos de excedente financiero, una situación que no se alcanzaba desde 2008. Sin embargo, a diferencia de aquella vez, cuando se consiguió en el marco de una economía en crecimiento, hoy el superávit se basa en el enorme recorte de prácticamente la totalidad de los rubros.
Comparado con igual período de 2023, el rubro más afectado en el semestre fue el de las jubilaciones y pensiones no contributivas, que explican el 29 por ciento del recorte total del gasto en términos reales, seguido por el gasto de capital (22 por ciento) y los subsidios económicos (16 por ciento). Si analizamos la reducción de cada ítem en términos reales, destacan los gastos de capital (75 por ciento) que afecta a gran cantidad de empresas constructoras y sus trabajadores/as, y las transferencias a provincias (también un 75 por ciento), cuya merma perjudica principalmente a la población de los distintos territorios. Un modelo de ajuste que impacta principalmente sobre la población y las PyMEs.
Como ocurre con los diversos ámbitos de la gestión, son las propias políticas del gobierno las que generan la recesión y el deterioro de las condiciones de vida de los argentinos y las argentinas.
