Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
Desde el gobierno se afirmó en la semana que “algunos indicadores empiezan a mostrar que hay luz que se empieza a ver”. No obstante, en estos días se sumó un nuevo indicador que da cuenta de la caída de la actividad. Según el Índice General de Actividad (IGA) que elabora la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados, el PBI registró bajas interanuales del 6,3% en el primer cuatrimestre del año y del 3,1% en abril.
En el frente fiscal, durante el cuarto mes del año continuó el superávit financiero, pero con una magnitud cada vez menor. Sacando el efecto de la inflación, en abril se observa que mientras que los ingresos registraron una caída del 1% frente a los valores de marzo, los gastos totales subieron un 11% en el mismo lapso (datos sin estacionalidad). Ello está relacionado con que una parte del ajuste inicial se basó en “pisar” gastos devengados (el claro ejemplo de la deuda con las generadoras eléctricas), que con el transcurrir de los meses se vuelve más complejo de sostener. Así también, la reducción del gasto de capital (-85% interanual en lo que va del año) en gran medida es mantenimiento diferido de la infraestructura y equipamiento a cargo del Estado, lo que tampoco puede ser una política sostenida un tiempo prolongado porque implica un riesgo de graves daños a la seguridad de los/as argentinos/as.
Del lado de la recaudación es patente la relevancia del impuesto PAIS, que de representar un 2,3% de los ingresos en abril de 2023, pasó al 7,5% en abril de 2024. El presidente Javier Milei prometió eliminarlo. De avanzar con ello, y para seguir mostrando superávits fiscales, se requeriría una profundización del ajuste del gasto público, que ya está teniendo impactos muy negativos en todos los ámbitos, tanto en las familias como en las empresas.
Según algunas estimaciones, el freno en la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner significó “un ahorro” de unos 40 millones de dólares, pero por no terminar las obras se tendría que importar gas por un monto de 500 millones de dólares, impactando en el frente de las divisas. La ecuación, que no cierra por ningún lado, se combina con una gran dosis de insensibilidad social, tal como lo refleja la falta de entrega a comedores comunitarios de miles de toneladas de alimentos almacenados por el gobierno en diversos depósitos.
Milei hizo referencia en Estados Unidos a que los gobiernos no tienen que intervenir en el mercado: “¿Se creen que la gente es muy estúpida? Algo van a hacer para no morirse”, sostuvo.
Dictamen para Ley Bases y paquete fiscal
El Senado arribó a un dictamen para tratar en el recinto, en unas semanas, los proyectos de la Ley Bases y el paquete fiscal. Los cambios que se negociaron no alteran la dirección que el gobierno quiere imprimirle a la economía y a la sociedad argentina. Se mantienen en el texto de la Ley Bases las facultades delegadas para el Poder Ejecutivo para actuar de manera discrecional y saltear al Parlamento, así como las concesiones para las grandes inversiones.
El contenido del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), que es lo que exigen ciertos sectores locales y del exterior, sigue siendo absolutamente nocivo. Por ejemplo, si se transforma en ley, a toda empresa que se acoja al RIGI se le daría 30 años de estabilidad para sus inversiones. Además, toda diferencia legal dejaría de estar en la órbita de la justicia argentina para tratarse en el CIADI (organismo de solución de disputas del Banco Mundial). La soberanía, a un lado.
Los beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios del RIGI son extremadamente amplios: bajas alícuotas en el Impuesto a las Ganancias, liberación de exportaciones e importaciones vinculadas a la operatoria de las empresas, y libre disponibilidad de divisas. Seguramente con estas reglas vengan algunas de las inversiones que busca traer el gobierno (para explotar el litio, el petróleo y el gas, y otras actividades primarias), pero generarán pocos o nulos encadenamientos con el resto de la economía. Tal como vengo sosteniendo, es un verdadero régimen de desmedido extractivismo.
Por su parte, la regularización de activos (que forma parte del paquete fiscal), también mantiene su esencia, a pesar de algunos cambios como la incorporación de los/as hermanos/as de los funcionarios/as como sujetos que no pueden acogerse a la misma. A su vez, se modificó el período de exclusión de funcionarios/as, que pasó de 5 a 10 años a contar desde la entrada en vigencia de la ley. Fue una de las críticas puntuales que realicé durante mi intervención en Diputados, ya que era dejar llamativamente afuera de la restricción a los funcionarios de la gestión macrista. Por su parte, se mantiene la posibilidad de regularizar bienes registrados a nombre de terceros, otro beneficio muy discutible.
Más allá de ciertos cambios cosméticos y algunas concesiones, el problema es el contenido general del proyecto, ya que lo central no se ha visto modificado. Se apunta a transformar estructuralmente la economía y a profundizar la regresividad en materia de distribución de la renta y la riqueza, que ha empeorado sustancialmente en estos meses producto de la licuadora y la motosierra.
La aprobación de ambas leyes sería un hecho muy importante para la actual administración, que busca “fondos frescos” para darle oxígeno a su plan y que trata de dar muestras de “gobernabilidad” a los mercados y al FMI.
Más allá de cualquier maquillaje temporal, hay que tener en claro que el gobierno seguirá insistiendo con su programa completo. Juan Carlos de Pablo, uno de los principales referentes económicos del presidente, acaba de afirmar que “(Milei) a los capítulos que rebotaron los tiene preparados en un cajoncito”, lo cual indica que hay una visión que se mantiene.
Algunos/as senadores/as dieron su apoyo al dictamen luego de conseguir un tratamiento diferencial para los habitantes de las jurisdicciones a las que pertenecen. Por ejemplo, en materia de Impuesto a las Ganancias. Lo mismo ocurrió con las regalías mineras, tras lograr que pasen del 3 al 5%, como máximo.
Resulta fundamental tener en claro que no hay jurisdicción que pueda salvarse sola. Además de que se pierde la visión federal y el interés superior de la Nación, se trata de beneficios puntuales que no compensan los problemas económicos y sociales que genera el modelo y que tarde o temprano las terminará afectando.
Muchos senadores y senadoras firmaron con disidencias parciales, por lo que habrá que ver más adelante cuáles son esas disidencias. A la hora de votar podrían surgir rechazos sobre los contenidos. El resultado sigue abierto, y también dependerá de la movilización social, expresando su oposición a este insostenible proyecto de país.
