La detención de la dirigente social y diputada del Parlasur constituye un claro intento de criminalización de la protesta social, destrucción del poder de movilización de las organizaciones populares y pérdida de capacidad de articulación solidaria.
Los organismos de derechos humanos, diversos colectivos y organizaciones sociales y políticas, así como referentes de todos los campos de la vida nacional, han denunciado que las acciones emprendidas en Jujuy constituyen una legítima demanda de actores de la economía social que están pidiendo ser recibidos para dialogar a propósito del futuro del sector. Las medidas económico-sociales del gobierno en su primer mes, constituyen un elemento suficiente para sembrar inquietud y preocupación, y es responsabilidad de las autoridades democráticas escuchar y dar respuesta. Este movimiento de legítima movilización es por el derecho al trabajo y contra la aplicación de fórmulas neoliberales que el pueblo argentino ha sufrido en carne propia y contra las cuales resulta imperioso manifestarse, antes de que sea demasiado tarde.
Es imprescindible, entonces, impedir el avance de este tipo de medidas, ya que, de lo contrario, se sentará el precedente judicial que permitirá que las protestas sean perseguidas y los dirigentes encarcelados.
Alertamos, en un mismo sentido, acerca de la creciente efectivización de acciones de inspiración represiva y autoritaria que son inadmisibles para los cánones de una democracia verdadera.
El actual gobierno nacional y el de Jujuy – que integran el mismo espacio político- hicieron en su campaña electoral, del diálogo y el republicanismo su principal argumento de autorreferencia. Se decía que, por sobre todas las cosas, venía a instalar un modelo de transparencia y funcionamiento pleno de las instituciones.
Las oscuras circunstancias en que fue ampliado el Superior Tribunal de Justicia – tras una batería de leyes sancionadas en la madrugada y tras la cual dos disputados renunciaron a sus bancas y se sentaron en el más alto sitial del Poder Judicial de Jujuy-, así como la tozuda actitud de desconocer el pedido de audiencia de la organización Tupac Amaru, desmienten con toda brutalidad lo que prometían los discursos de campaña.
Los gobiernos democráticos son legítimos por su origen pero deben ser revalidados en su ejercicio, y tras cuatro décadas de vigencia de la institucionalidad democrática resulta inadmisible la negativa a oír a la sociedad civil y sus organizaciones; y más aún emprender persecuciones ideológicas atravesadas de prejuicios clasistas, sexistas y racistas.
Elevamos nuestra protesta y pedimos la inmediata libertad de Milagro Sala, la apertura de una instancia de diálogo y el respeto a las garantías constitucionales de peticionar, protestar y defender derechos consagrados en la Constitución y las Leyes. El voto popular no otorga la potestad de reprimir, de perseguir y de negar a los más, intentando ahogar bajo amenazas la aspiración legítima e inalienable a una vida digna.
El conflicto debe ser abordado desde una concepción democrática elemental, pues la democracia es el gobierno de las mayorías a favor de los más débiles. Los votos consagratorios de una autoridad legal ven cuestionada su legitimidad cuando el poder del Estado se usa a favor del privilegio y para perseguir a los sectores más vulnerables.
Partido Solidario – Dirección Nacional
Carlos Heller - Presidente
Juan Carlos Junio - Secretario
