Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
La Unión Europea ha llevado a la democracia en Grecia a una situación sin salida. Ya desde la asunción del nuevo gobierno de Syriza, los líderes europeos aconsejaron a los gobernantes dejar de lado las promesas electorales y continuar aplicando el ajuste.
Ante su perplejidad, el gobierno griego propuso avanzar en algunos temas, orientados a mejorar el saldo fiscal a costa de mayores impuestos y recortes, pero evitando que el peso de estas medidas recaiga en la población más vulnerable, protegiendo además la actividad turística de los deseos fiscalistas de la troika. Pero el Eurogrupo no quiso ceder un ápice.
Desde esta columna venimos alertando, y recordando, que el ajuste no hace más que empeorar la situación económica y social, y sólo beneficia a los sectores del poder económico más concentrados.
Resultan útiles, entonces, las opiniones de destacados economistas como Joseph Stiglitz, Nobel de Economía, quien comentó: "Me cuesta imaginarme la existencia de una recesión tan deliberada y con consecuencias tan catastróficas como ésta en el pasado." Para luego reflexionar: "Es alarmante que la troika no haya asumido la responsabilidad por nada de esto o al menos admitido lo errados que fueron sus pronósticos y modelos." En similar sentido se expresó Paul Krugman, otro Nobel: "Sabemos que una austeridad aún más dura es un callejón sin salida, después de cinco años Grecia está peor que nunca."
¿Es que acaso los líderes europeos no se han enterado de lo que dicen estos y muchos otros economistas? Lo conocen perfectamente, pero sucede que el problema no es estrictamente económico, sino que tiene una profunda raíz política: su intención es destruir al gobierno que se enfrenta al ajuste, y sofocar los movimientos de similar orientación que han surgido en otros países.
El Banco Central Europeo (BCE) restringió el apoyo de emergencia a los bancos griegos, acorralando al gobierno heleno con un corralito, justo antes de la votación en el referéndum. Sumándose a estas presiones, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) declaró este viernes "un evento de incumplimiento" por parte de Atenas, aunque aclaró que no tomará medidas en forma inmediata.
Hace unos días el FMI publicó un estudio donde no hace más que detallar aquellos aspectos en los que Grecia no cumplió con los "mandatos" impuestos por los acreedores y de esa manera, al necesitar mayor financiamiento, justifica la profundización de las "reformas estructurales" durante los próximos años. El FMI sostiene la necesidad de cubrir el "agujero financiero" griego con un financiamiento externo adicional de 50 mil millones de euros durante los próximos tres años, que incluyen como mínimo 36 mil millones de sus socios europeos. El documento plantea, además, que, si el crecimiento es menor del 1% o el superávit primario es inferior al 2,5% del PIB, sería necesaria una quita de deuda cercana al 30%, así como otorgar un periodo de gracia de capital e intereses de 20 años a las deudas existentes y extender la vida de los créditos en vigor hasta los 40 años.
Ante estas cifras, Yanis Varoufakis, ministro de Finanzas griego, sostuvo la necesidad de reestructuración de la deuda basado en el informe: "No me escuche a mí, que soy el ministro de Finanzas de un partido radical de izquierdas. Escuche al FMI", expresó. En el mismo sentido, y dado que el informe del FMI "confirma que la deuda es inviable y abre escenarios de negociación", el primer ministro, Alexis Tsipras pide a los griegos un voto masivo "contra chantajes y ultimatums".
Es decir, el FMI intenta primero sobreendeudar más a Grecia, y luego sostiene que, aún con una quita de deuda, habrá ajuste hasta, al menos, el 2055. Ese es el panorama que se abre si gana el "Sí" en el referéndum. Esta observación es refrendada por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, representante de Luxemburgo, una de las principales guaridas fiscales, quien comentó que "si los griegos votan 'no', habrán hecho todo menos reforzar la posición de Grecia en la negociación", para luego aclarar que, de todas formas, "aun cuando ganara el 'sí', afrontaría dificultades en las negociaciones". En definitiva, Juncker propone elegir entre la sartén o el fuego.
Estas dos posturas divergentes a las que se enfrenta la ciudadanía griega son similares a las que también se enfrentarán, en una forma menos explícita, los votantes argentinos en agosto y octubre.
Por un lado, la actual política de relaciones internacionales y defensa de la soberanía, que tuvo un hito cuando Néstor Kirchner decidió cancelar la deuda argentina con el FMI para comenzar a transitar el camino de lo que caracterizó como la "salida del infierno". Por otro lado, están todos aquellos que dicen que Argentina está fuera del mundo, y la quieren insertar en ese orbe dirigido por los países centrales, que hemos visto cómo trata a quienes deseen pensar o actuar por su cuenta y evitar las políticas de ajuste y empobrecimiento que predominan en el mundo desarrollado.
Un precandidato presidencial ha comentado: "Es incomprensible que el kirchnerismo aplauda a quien ha llevado el corralito a Grecia", adoptando la visión europea y del FMI, que responsabiliza a Grecia por lo sucedido. Esta mención sirve de ejemplo para analizar el estilo de "relaciones carnales" que está en la mente de la mayoría de los políticos opositores.
Avances antiespeculación
Un caso similar al griego se encuentra en nuestro continente: Puerto Rico acumuló una deuda per cápita en bonos municipales mayor a la de cualquier estado norteamericano. Su gobernador, Alejandro García Padilla, señaló que necesita sacar a la isla de una "espiral de la muerte", para aclarar que ahora los acreedores deben "compartir los sacrificios" que se les impusieron a los residentes puertorriqueños con los ajustes que esos mismos acreedores solicitaron –y que el gobernador generosamente aplicó–. ¿Lo asaltará alguna troika?
En tanto, el Parlamento belga acaba de aprobar una ley para frenar a los fondos buitre, ya que prohíbe que éstos reclamen ante los tribunales de ese país más que el precio inicialmente pagado por el título que hayan adquirido. Otro de los ejes centrales es que los jueces tendrán la posibilidad de denegar la ejecución de una resolución judicial dictada en el extranjero.
Según el impulsor de la norma, los legisladores tuvieron que enfrentar presiones de los representantes de las finanzas estadounidenses y de bufetes de abogados con negocios presentes en Europa, que defienden los intereses de algunos clientes. Sin embargo, el avance contra los buitres sigue cosechando adeptos.
Por su parte, el regulador anticompetencia de Brasil, Cade, acaba de abrir una investigación por supuesta manipulación de divisas por parte de un grupo de 15 bancos globales entre 2007 y 2013, entre ellos Standard Bank, Tokyo-Mitsubishi, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan y Bank of America. Según el comunicado del organismo, "las supuestas prácticas pudieron haber puesto en riesgo la libre competencia en este mercado y perjudicado los términos y precios para clientes en sus transacciones cambiarias, a fin de aumentar las ganancias para las firmas involucradas". Similar mecanismo utilizaron los mismos grandes bancos, que acabaron pagando 5800 millones de dólares al gobierno estadounidense por la misma manipulación.
En definitiva, el sistema es implacable. Sea Grecia, Puerto Rico o Brasil, los capitales concentrados presionan, desde lo político y lo económico, por las políticas que los benefician, y Argentina no es la excepción. «
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 05 de Julio de 2015
