Tiempo Argentino | TRAS LA APROBACIÓN DE LA DE ABASTECIMIENTO
El eje de la fuerte confrontación ideológica y política que se dio en el Parlamento, si planteó el dilema Estado Nacional versus libertad de mercado.
Por Juan Carlos Junio
Tras un maratónico debate en la Cámara de Diputados, se aprobó el paquete de leyes que busca proteger a la ciudadanía de los abusos que los grandes capitales concentrados, generan en las esferas de la producción y el consumo, un paso necesario para seguir abonando la senda de una sociedad más justa y democrática. Esta problemática crucial no es nueva, ya era planteada hace un par de siglos por Mariano Moreno, quien señaló con determinación que "el monopolio es un atentado contra la libertad humana".
El eje central de la fuerte confrontación ideológica y política que tuvo como ámbito al Parlamento Nacional, estuvo dado en el dilema Estado Nacional versus libertad de mercado. Ciertamente, la idea de libertad viene desde los inicios mismos de la historia. Cervantes nos dice en su Quijote, que "la libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos". O sea que la concepción acerca de este gran paradigma del ser humano ha sido motivo de todo tipo de controversias. Desde cualquier convicción que tenga la mira puesta en el progreso colectivo de la sociedad, está clarísimo que la idea de libertad es mucho más amplia y trascendente que la de "los mercados", asociada al lucro sin fin de las grandes corporaciones.
La lucha de los justos ha sido siempre la de asociar el concepto de libertad al de igualdad. O sea que tanto la libertad en términos sociales como individuales está directamente ligada a la igualdad económica social y cultural. Si se la despoja de estos atributos ideológicos, separándola de la justa distribución de las riquezas y del acceso igualitario a la salud, la educación y las demás necesidades humanas, se transforma en una idea regresiva, con disfraz republicano. Claro que como somos parte de una Nación soberana, siempre atacada por las grandes potencias capitalistas y sus buitres de cada época, la libertad también debe ser concebida como la de un pueblo –con su historia, su cultura, sus recursos humanos y naturales– cuyo devenir histórico no tenga tutelajes extranjeros de embajadores imperiales o de financistas internaciones aliados a burgueses locales.
La iniciativa más resistida por las corporaciones fue la vinculada a la actualización de la anterior ley de Abastecimiento (1974), que a partir de ahora se denominará Nueva Regulación de Relaciones de Producción y Consumo, y que apunta a garantizar las necesidades básicas o esenciales orientadas al bienestar general de la población. Según quedó plasmado en el texto definitivo, y como fruto del debate parlamentario, quedaron excluidas de la norma las micro, pequeñas y medianas empresas, siempre que no detenten posición dominante. De esta forma, la ley termina alcanzando a, como mucho, el 1% de las empresas, precisamente las que pueden abusar de su posición dominante y generar situaciones de acaparamiento de bienes y subas desmesuradas de los precios, afectando a los ciudadanos que concurren a abastecerse para sus necesidades más diversas.
Se aprecia claramente que la libertad que reclaman está asociada al sostenimiento del poder de facto que tienen por su carácter oligopólico. Pretenden sostener esa capacidad de veto paralelo al sistema democrática de las autoridades elegidas por el pueblo.
La nueva Ley de Abastecimiento implica poner en pleno funcionamiento una herramienta que en su momento había sido suspendida por Carlos Menem (1991), a comienzos de la etapa desreguladora de los noventa, lo cual de por sí ya otorga un argumento contundente para pensar en la necesidad de contar con una ley acorde a los tiempos actuales, teniendo en cuenta, además, que con el paso del tiempo y de la mano de la falta o escasez de regulaciones, se han ido configurando mercados con mayores grados de concentración y extranjerización.
La perspectiva resulta inaceptable para el gran empresariado local y ciertos sectores de la oposición, que se mantuvieron firmes en su rechazo a la iniciativa, a pesar de que la nueva ley resulta incluso algo más laxa que la anterior, ya que se eliminaron las disposiciones sobre expropiación e intervención de empresas, la clausura definitiva, así como las sanciones de arresto y prisión. La negativa fue bien explicada hace un tiempo por el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos Vega, al señalar que: "hay una cuestión filosófica porque como empresarios nos oponemos a los controles", sin dudas, un extracto para la colección, que podría formar parte de cualquiera de los manifiestos realizados por el Foro de Convergencia Empresarial, o por el propio G6. En este último están contenidas las principales asociaciones de empresas, para quienes esta ley es un hecho anticonstitucional, y que además va a afectar los niveles de inversión. Este punto suena burdo, y hasta provocativo, considerando que al amparo del modelo y la legislación de los noventa, la dinámica de la inversión no transitó un sendero de particular brillantez; en realidad, lo que añoran es aquel esquema de altas ganancias en dólares, del que disfrutaron los principales conglomerados empresarios, que además tuvieron vía libre para fugarlas al exterior. Su rechazo doctrinario no es sólo dogmático; exigen sostener su "libertad" para manejar discrecionalmente los precios, de forma tal que se reserven la facultad de operar cuando quieran sobre el conjunto de la sociedad un impuesto a las ventas también de facto.
En definitiva, con este nuevo cuerpo normativo se le otorga herramientas al Estado, y no a un gobierno en particular, para regular en beneficio de todos los ciudadanos. Mientras tanto, y potenciados por los medios dominantes, algunos políticos se subordinan a las empresas oligopólicas, encolumnados detrás del falaz argumento de la libre competencia del mercado y de la tradición neoliberal. Esta intervención de cierto sector de la oposición implica, en última instancia, legitimar el accionar de las grandes corporaciones, que colisionan con los intereses de los sectores mayoritarios, particularmente los más humildes. Siempre resulta edificante y esclarecedor volver a las fuentes; Manuel Belgrano como secretario del Consulado en tiempos coloniales decía amargamente de los comerciantes monopolistas españoles: "Sólo saben comprar por cuatro y vender por ocho."
