Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
El miércoles pasado se “cayó” la sesión en Diputados destinada a tratar el proyecto denominado “ficha limpia”. En gran medida, esa imposibilidad del oficialismo de alcanzar el quórum necesario para sesionar no puede desligarse del disgusto de varios legisladores/as y gobernadores porque, intempestivamente, se levantó la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda (PyH) en la que estaba previsto dictaminar el proyecto de Presupuesto 2025.
Los cuestionamientos al oficialismo ya venían desde la anterior reunión de PyH, cuando ante la pregunta de un diputado, el presidente de la comisión comentó que el dictamen sería el enviado por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), “sin cambiar una coma”.
La cuestión no es menor. El proyecto del PEN es un Presupuesto 2025 de ajuste. Se consolidaría el ajuste producido este año, de tal forma que el gasto primario proyectado para 2024, en términos reales, es cerca de un 30% inferior al realizado en 2023. Y para 2025 se prevé que éste aumente en un 0,1% del PIB, es decir “aumento cero”. De esa forma, se continúa el ajuste aplicado en este año.
Gran parte de ese ajuste ha sido a partir de la no ejecución de partidas que tienen afectación específica, así como de la reducción de varios gastos sociales. El gobierno promociona efusivamente que ha duplicado (aunque en términos nominales) los valores de la AUH, pero el mayor gasto de este ítem es sólo un 2% comparado con los montos del gasto primario recortados en el período que va de enero a octubre de este año (siempre en términos reales).
Entonces, la diferencia entre votar el Presupuesto tal cual fue enviado por el PEN o que no haya Presupuesto y el Gobierno gaste con total discrecionalidad, sería como elegir entre saltar de la sartén al fuego o viceversa.
Cuestionamientos
Es que la regla fiscal que está explícita en el proyecto de Presupuesto ha sido bien definida por el Presidente: “El déficit siempre fue consecuencia de pensar primero cuánto gastar y después ver cómo financiarlo. Nosotros vamos a hacerlo al revés, pensando primero cuánto tenemos que ahorrar para después ver cuánto podemos gastar”. Y ésta es una de las cuestiones principales por las cuales, desde Unión por la Patria (UxP) cuestionamos el proyecto de Presupuesto.
Consideramos que cuando hay una necesidad, efectivamente hay un derecho y por lo tanto el Presupuesto debe construirse a partir de establecer cuáles son las necesidades que la sociedad tiene, y que deben ser resueltas por la acción gubernamental. A partir de allí, se decide cómo se generan los recursos para poder hacerlo factible y eso nos llevaría a debatir las políticas impositivas, cómo combatir la evasión, la elusión fiscal, cómo generar políticas progresivas que hagan efectivamente que los que más tienen más aporten.
En el dictamen de UxP (que no se pudo presentar porque se levantó la reunión de la Comisión de PyH), además de exhibir las críticas al proyecto de Presupuesto y detallar los recortes ya realizados y los que se prevén, proponemos una serie de medidas que deberían tomarse para reducir, lo máximo posible, el ajuste que quiere seguir llevando a cabo el oficialismo.
La primera propuesta es establecer la movilidad de las asignaciones familiares (que el proyecto del PEN propone derogar) y que se ajusten por el IPC Nacional. También se establecen partidas que mantengan, en términos reales, lo erogado en 2023; esta previsión alcanza a las asignaciones de gastos para las universidades nacionales, a las transferencias corrientes a las provincias y municipalidades, a los servicios sociales, entre ellos los gastos en Salud, Seguridad Social, Educación y Cultura, Ciencia y Tecnología, Trabajo y Vivienda. Adicionalmente, también se incluye a los gastos de capital, de forma de eliminar el tremendo recorte producido este año y continuar con las obras comenzadas por la anterior gestión.
Asimismo, se restablece la vigencia del Fondo de Incentivo Docente y el financiamiento al Programa de Compensación Salarial Docente, ambos a nivel nacional. Se propone incorporar como parte de los haberes jubilatorios y otras prestaciones del SIPA, un incremento de $95.000 que se irá ajustando junto con los haberes. Otras propuestas son cercanas a las realizadas por los gobernadores, e intentan reducir la arbitrariedad del manejo de fondos que pueda hacer el PEN.
Estas son algunas de las iniciativas que UxP incorpora en el dictamen que no se le permitió presentar, que parten de las demandas de toda la sociedad que está sufriendo el ajuste, y de los compromisos asumidos con nuestros votantes.
