Las leyes clave para modificar el sistema tributario y profundizar el modelo político y social vigente
POR CARLOS HELLER
El inventario de los cambios de los últimos años se puede referir a la metáfora del vaso medio lleno. Porque este modelo, que permitió crecer a una tasa promedio del 8,7 por ciento, entre 2003 y 2008, mostró sus fortalezas, como el mantenimiento de superávit fiscal y superávit comercial, un tipo de cambio competitivo, un fuerte crecimiento industrial y del empleo.
Pero ello se logró juntamente con algunos vicios como el incremento en la concentración económica, la extranjerización de la economía, y la persistencia de empleo de baja calidad.
Una de las notables deudas que mantiene el modelo actual es la falta de modificaciones profundas al sistema tributario. Ésta es una de las principales herramientas redistribuidoras de ingreso, a la vez que posee un fuerte impacto en la actividad económica.
El sistema actual, heredado de los noventa, posee un pronunciado sesgo regresivo, que penaliza el consumo popular, por el cual quienes menos tienen son obligados a un mayor esfuerzo tributario.
Entre otras medidas, habría que reducir los impuestos generales a los bienes de consumo popular, en especial eliminar el IVA a una canasta básica de alimentos, salud y educación, para ir avanzando progresivamente hacia una disminución de la tasa general que se encuentra en los niveles más altos del mundo, teniendo cuidado en que la reducción se aplique a los precios y no vaya a las ganancias de las empresas. En forma conjunta deben incrementarse los impuestos a los consumos suntuarios.
También urge rediseñar el impuesto a las ganancias, eliminando las actuales exenciones a las rentas financieras, las operaciones de bolsa y a las ganancias de capital, y establecer una escala de impuesto a las ganancias personales con mayor progresividad.
Además, hay que seguir avanzando en la derogación de las leyes neoliberales. Una rémora de la dictadura es la Ley 21.526 de Entidades Financieras, que fue el eje esencial para la instalación del modelo económico neoliberal de José Alfredo Martínez de Hoz, que se profundizó en los noventa.
De allí que presentaremos un proyecto para sustituir la ley actual por una nueva ley que interprete el sistema financiero como un servicio público, pero confeccionada desde el interés de los usuarios y no de las entidades.
Será una “ley de servicios financieros para el desarrollo económico y social”.
Con la nueva ley se persigue la construcción de un amplio mercado de crédito bancario, centrado en el crédito productivo y el hipotecario para la vivienda, lo cual constituye uno de los desafíos más importantes. Entre otras medidas, se establecen cupos para la orientación del crédito a determinados sectores, en especial a las pymes, y con tasas diferenciales. También se busca lograr la cobertura universal para toda la población argentina, para que llegue a las localidades más pequeñas y a todas las familias.
En el mismo sentido, resulta necesario reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La actual, sancionada en 1992, es un buen ejemplo de una institucionalidad derivada de las recomendaciones neoliberales, hoy fuertemente cuestionadas, que instauró la independencia del BCRA.
Se restringió su misión primaria y fundamental a preservar el valor de la moneda, sin consideración alguna de los niveles de ocupación, del crecimiento del PBI, de la distribución de la riqueza o del poder oligopólico de los formadores de precios. Resulta entonces ineludible un cambio en la Carta Orgánica del Banco Central, para que la autoridad monetaria contemple en su objeto crear condiciones que permitan preservar el valor de la moneda, a la vez que apuntale un desarrollo económico creciente con sentido social y equidad distributiva, y un alto grado de ocupación. Para ello, resulta conveniente la creación de un consejo de políticas monetarias, financieras y cambiarias, que impartiría las directrices de políti- ca y que esté integrado por representantes del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Banco Central. Entre los cambios indispensables, debería especificarse explícitamente que le corresponde al BCRA orientar y desarrollar el crédito, y fijar tasas máximas y mínimas que deberán observar las entidades financieras.
También estamos elaborando una ley marco para micro, pequeñas y medianas empresas, que se propone definir con absoluta claridad las incumbencias y políticas que conduzcan al crecimiento y desarrollo de la actividad económica de las mipymes, abordando no sólo los aspectos productivos, sino también los aspectos legales, previsionales y fiscales aplicables a las mipymes.
El proyecto se inspira en la breve experiencia de la Copyme, creada durante la gestión de José Ber Gelbard, en 1973.
Hay que continuar desarmando el neoliberalismo de los noventa. En este sentido, es esencial fortalecer al Estado que fue desarticulado, una tarea que resulta todo un desafío, y que no admite demoras.
En ese plan, hay que recrear las juntas reguladoras de granos y de carnes, estableciendo precios sostén para las producciones que se encuentran con problemas de rentabilidad. Al mismo tiempo, hay que revisar toda la cadena de comercialización para analizar las rentas que se generan en cada una de ellas, detectando aquellas ganancias excepcionales, que generalmente se realizan a costa del ingreso de los productores y del poder de compra de los consumidores.
Si bien hay un entramado legal que es muy complejo, hay que dar una batalla en todos los frentes para recuperar el manejo, como Nación, de los recursos naturales y del subsuelo. De esta manera, se podrá evitar que estos recursos se dilapiden a cambio de mayores rentas privadas. Hay que de- sarrollar un programa para ir recuperando la prestación, por parte del Estado, de los servicios públicos esenciales que han sido privatizados en los noventa.
Para contribuir a estas aspiraciones, hay que hacer una nueva reforma del Estado, en el sentido contrario a la de los noventa, buscando una mayor calidad de gestión, estabilidad y regularización del empleo público, incorporando a esa gestión estatal la participación de los trabajadores, los usuarios y los productores, y desarrollando acciones de democracia participativa.
Todos estos comentarios y propuestas los debemos contextualizar en el actual momento político, que está caracterizado por una fuerte puja entre dos tipos de fuerzas: las que se oponen abiertamente a la consolidación y profundización del camino emprendido en el 2003 y las que, desde distintas perspectivas, apostamos a avanzar por el camino de desmontar definitivamente el andamiaje heredado del modelo neoliberal y construir los cimientos de un país soberano, democrático, con justicia social y desarrollo sustentable.
No es posible el cambio sin conflicto, sin tensión. Para profundizar los cambios, será necesario acrecentar la unidad en la diversidad del campo popular, para dar batalla en los ámbitos institucionales del sistema democrático y contar con el respaldo consciente de las grandes mayorías a través de la participación y de la movilización.
Dentro de esta mirada estratégica hay algunas vulnerabilidades que habrá que superar.
Hay que dar más consistencia a todas las políticas públicas que permitan avanzar más rápido, más extenso y más profundo en la construcción de una democracia participativa y protagónica.
El escenario actual nos exige entonces, inteligencia y grandeza que se expresa en la fórmula de “articular y construir con lo diverso para confrontar con lo antagónico”.
Esta consigna debe operar como telón de fondo de coincidencias políticas y como guía de la acción práctica. Debe serlo en el terreno de la sociedad civil, de la construcción de fuerza social y política y del trabajo institucional en el Parlamento.
Entendemos que la construcción de una sociedad más justa depende de lo que fuimos, de lo que hicimos, de lo que estamos haciendo, de lo que seguiremos haciendo.
En los próximos dos años se deciden muchos procesos. Nuestro trabajo parlamentario apuntará a defender el camino emprendido, a profundizarlo, a articular la labor legislativa con las demandas y necesidades de las mayorías populares. Por nuestro origen cooperativista, impulsaremos medidas que favorezcan la economía social, la redistribución progresiva del ingreso, los pasos que otorguen una mayor profundidad a la democracia, con más densidad participativa y protagónica.
Frente a los intereses minoritarios del privilegio, cualquiera fuere su máscara, opondremos la unidad y el derecho de las mayorías a la construcción de una vida digna de ser vivida.
Revista Debate
