Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
Comenzó un nuevo año, aunque las principales tendencias internacionales de 2022 y los grandes desafíos que tenemos por delante se mantienen. En este contexto resulta vital ampliar los márgenes para seguir implementando aquellas políticas que permitan continuar creciendo y distribuyendo ingresos.
Según las proyecciones del Banco Mundial, el PIB global crecerá sólo un 1,7% en 2023, con una fuerte corrección a la baja en las estimaciones para el 95% de las economías avanzadas. En particular, para Estados Unidos se espera un aumento de tan sólo el 0,5% en 2023; 1,9 puntos porcentuales por debajo de los pronósticos anteriores. Por su parte, la zona del euro tendrá una variación nula este año.
Me interesa destacar que en este contexto adverso el organismo proyecta para Argentina un 2% de crecimiento. Puede lucir como una tasa moderada, pero con este valor se estaría llegando a una secuencia de tres años de crecimiento continuados, algo que no se observaba desde el lapso 2006-2008.
Para encontrar una buena síntesis de los efectos de las políticas que lleva adelante este gobierno, vale mencionar una nota que apareció en un medio de gran llegada, que basándose en datos de una consultora tituló: “Después de seis años de caída, el consumo apenas creció 1,9% en 2022”. Se intenta presentar como algo malo aquello que no lo es. Los cálculos indican que los seis años de caída están compuestos por cuatro de pandemia macrista, y por dos que tuvieron que ver con los momentos más álgidos de la pandemia sanitaria. Lo más relevante es que el año pasado se pudo empezar a recomponer el gasto de los hogares, lo cual no es poco.
Resulta clave garantizar la continuidad del sendero de crecimiento, con el objetivo también de seguir consolidando las mejoras que se han venido observando en materia laboral. La tasa de desocupación durante el tercer trimestre 2022 alcanzó al 7,1% de la población económicamente activa, registrando una baja de más de un punto porcentual frente al mismo periodo de 2021. Esta cifra adquiere mayor mérito si se tiene en cuenta que se incrementó la proporción de la población en condiciones de trabajar y que además hubo una mayor cantidad de ocupación. A su vez, la economía viene de “22 meses consecutivos de crecimiento del empleo formal”, según destacó recientemente el ministro de Economía, Sergio Massa.
No obstante, existe una parte significativa de los/as trabajadores/as que se encuentran en la informalidad, que están insuficientemente remunerados/as y que se ven particularmente afectados/as por los niveles inflacionarios.
Es por ello que uno de los principales objetivos del actual gobierno es reducir la inflación. En este campo los desafíos son complejos, aunque el Estado también ha logrado avances importantes en la búsqueda de transitar por una escalera descendente. En diciembre de 2022 la inflación mensual se ubicó en el 5,1% (cerca del 4,9% de noviembre), un valor que contradice de lleno a quienes trataban de influir en las expectativas y auguraban el tránsito hacia un proceso hiperinflacionario.
Por su parte, del análisis de la evolución del IPC publicado por el INDEC se concluye que durante 2022 el comportamiento del sector de Alimentos y Bebidas fue uno de los que más incidió, con un aporte equivalente a un cuarto de la inflación total.
No es casual entonces que el Gobierno nacional haya firmado acuerdos que apuntan a poner un techo al aumento de precios que fijan las principales empresas proveedoras de estos productos.
Respecto de la marcha de los Precios Justos, vale un párrafo en particular para comentar la decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que habilitó un canal para que los/as porteños/as denuncien “controles ilegales de precios realizados por patotas sindicales o piqueteros”, según afirmó un alto funcionario de la jurisdicción. Sin embargo, los gremios son, a lo sumo, proveedores de información para la Secretaría de Comercio, que es el organismo que tiene la tarea de fiscalizar.
En rigor, habría que ir un paso más allá y preguntar por qué no se están cumpliendo los acuerdos, no por qué se controla. Las empresas se comprometieron a abastecer a la población con ciertos productos a determinados precios. Si los acuerdos se cumplieran no estaríamos hablando de estos temas. El Gobierno nacional tiene todo el derecho a identificar y sancionar a aquellas empresas que están afectando el normal abastecimiento en las góndolas.
Lograr que las políticas de precios sean efectivas, junto con la estabilidad macroeconómica son factores clave a la hora de encarar un proceso eficaz de reducción de la inflación.
La forma viable de hacerlo, en línea con la visión del Gobierno, es con gradualismo. En cambio, las políticas de shock que promueven ciertos sectores van en contra de los intereses de la gente: suelen contener devaluaciones bruscas que exacerban la suba de precios y ello, sumado a las típicas herramientas de ajuste fiscal y monetario, genera una severa caída de la actividad y del empleo.
En este marco, las presiones de quienes tratan de especular para obtener ganancias injustificadas o intentan maximizar sus chances de cara a las elecciones presidenciales, tornan imprescindible la implementación de políticas y regulaciones para proteger a los segmentos más débiles.
“La ley del más rico”
Con este título se presentó el habitual informe de OXFAM, en paralelo al Foro de Davos. Luego de dos años de pandemia, con sus cicatrices aún vigentes, la mencionada organización no gubernamental hizo un repaso de la distribución de la riqueza mundial en la coyuntura actual. Para nombrar sólo algunas de sus conclusiones, en el informe se lee que “desde 2020, el 1% más rico ha acaparado casi dos terceras partes de la nueva riqueza generada en el mundo, casi el doble que el 99% restante”. Los milmillonarios parecen haber sacado provecho del contexto pandémico adverso y su riqueza aumentó en U$S 2700 millones cada día.
También se destaca en el documento que “los precios de los alimentos y de la energía son dos de los principales factores que contribuyen a la inflación”. En este contexto “el 76% de estas empresas” aumentó sus ganancias y, en particular, “los beneficios de algunas de las mayores empresas” de ambos rubros se han multiplicado por más de 2,5, comparando con el promedio del período 2018–2021. Nada que sorprenda; si no recordemos las ganancias que obtuvieron las farmacéuticas cuando el mundo parecía desmoronarse en medio de la pandemia.
Está claro que la maximización desmesurada de las ganancias (un claro indicador de la puja distributiva) es una de las principales protagonistas a la hora de explicar la suba de precios, también en el mundo. El papel del Estado es fundamental para influir en estos procesos inflacionarios y para tratar de que no se termine de convalidar esta injusta e inaceptable “ley del más rico”.
