Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
El presidente Alberto Fernández arrancó su discurso en el Consejo de las Américas con una frase contundente, más en el lugar en el que la dijo: “Se debe repensar la lógica financiera del capitalismo”. Vinculado a esto, luego señaló sobre la deuda: “haremos todo el esfuerzo que podamos, pero créanme que esto es lo que podemos, no podemos más que esto”, al referirse al esquema de pagos futuros. Son los temas esenciales por hablar.
De la reciente encuesta que presenta IDEA, que recoge las opiniones y visiones de los hombres y mujeres de negocios de las empresas más grandes del país, surge que un 40% de los encuestados dijo que no modificará su plantilla de personal, un 31% que la disminuirá levemente y un 16% que la reducirá de manera significativa.
A la hora de las explicaciones, en una nota periodística referida a la encuesta se comenta que “el nivel de empleo, hoy congelado en el sector formal por la prohibición de despidos, no va a crecer por decisión del sector privado, según se desprende de las respuestas de casi 200 ejecutivos”. La realidad es que nos encontramos en un contexto de crisis en el cual el empleo se ve profundamente amenazado. Mucho peor sería todo bajo la lógica del Estado canchero.
Hoy desde el Estado se está tratando de defender el empleo, a tal punto que se decidió extender hasta fines de septiembre la prohibición para realizar despidos sin causas. También se acaba de rechazar la apertura de un procedimiento preventivo de crisis (PPC) solicitado por Latam para despedir empleados abonando indemnizaciones reducidas. Según un medio, desde el Ministerio de Trabajo se sostuvo que “mientras rija la prohibición de despidos, no se habilita el PPC”, una postura más que lógica.
Siguiendo con la encuesta de IDEA, un tercio de los que respondieron señaló que no alterará su ritmo de inversiones, mientras que un 60% lo reducirá. Acto seguido, para promover la inversión, según se menciona en la nota, el 73% respondió que se requiere estabilidad institucional. El encuestador señaló: “Esto tiene que ver con algunas anécdotas relacionadas con el mantenimiento o no de la propiedad privada en algunos sectores”. ¿Acaso se les habrá pasado por alto que para el Banco Mundial la inversión bruta fija en América Latina y el Caribe estará cayendo como mínimo un 11% este año, es decir, que hay un fenómeno que es general? ¿O que el nivel de utilización de la capacidad instalada en nuestro país está por debajo del 50%?
En esta línea, los encuestadores concluyen que hace falta “una revisión del marco impositivo y del marco laboral (…), cambios en las condiciones de contratación; incentivos fiscales”. Este argumento va en línea con el pedido de AEA, a través de su presidente, Jaime Campos, quien señaló recientemente que hay que ir hacia un sendero de reducción de impuestos. Reducir impuestos y aumentar incentivos fiscales: las víctimas estarían a la vista.
No quiero dejar de vincular la cuestión de los impuestos con una intervención en el Foro de Davos de 2019, mucho antes de la crisis. Allí, el periodista e historiador holandés Rutger Bregman, afirmó: “aquí escucho a la gente hablar de participación, justicia, igualdad, transparencia, pero casi nadie menciona un auténtico problema, la evasión de impuestos y el problema de que los ricos no pagan la parte que corresponde. Es como si estuviera en una conferencia de bomberos y nadie pudiera hablar de agua. Hay que dejar de hablar de filantropía y empezar a hablar de impuestos”. Como la sabia frase de Antonio Machado reproducida por Serrat: “nunca es triste la verdad…”. Y menos aún en el corazón de Davos, donde se dan cita los más grandes empresarios mundiales y las principales autoridades de algunos gobiernos.
La frase calza a la perfección con noticias que hablan de cómo avanza la concentración de la riqueza y la renta, algo que ocurre con o sin pandemia. De hecho, en la semana se conoció que en un solo día el dueño de Amazon, Jeff Bezos, vio incrementar el valor de las acciones de su empresa en 13 mil millones de dólares, un aumento del 8%. Desde principios de año, la trepada llega al 73%. Muestra que estamos frente a un sistema a todas luces inhumano, que permite que el patrimonio de una sola persona alcance los cerca de 173 mil millones de dólares. Para dimensionarlo, es el 20% del programa extraordinario de reactivación que acaba de anunciar la Unión Europea para los próximos tres años. O la tercera parte de la producción argentina de 2019. Por eso resulta urgente, y suscribo totalmente lo que dice Alberto Fernández, repensar todas estas lógicas para tratar de hacer un mundo más justo y en el que valga la pena vivir. Está claro que no es una tarea sencilla, y que enfrente hay una poderosa contraparte —minoritaria— que mueve sus fichas.
En la semana en varios medios se comentó acerca de las opiniones de ex funcionarios del área económica de la Argentina, incluso con títulos del estilo: ex ministros advierten sobre un nuevo Rodrigazo. Se trata de Domingo Cavallo, Roque Fernández, José Luis Machinea y Ricardo López Murphy, quienes participaron de un seminario organizado por la Fundación Libertad. Pronosticaron “tiempos tormentosos con aceleración inflacionaria y sin chance de estabilización si no se corrigen los desequilibrios fiscales y monetarios”. Todas cuestiones que nos hemos cansado de debatir y refutar, con conceptos y con los hechos que marcan la historia.
El Presidente fue claro en este aspecto. Sostuvo el viernes que “en la Argentina vivimos otras pandemias sin virus, que arrasaron con 20 mil pymes en cuatro años y destruyeron trabajo industrial”. Para luego resaltar “la necesidad de que los trabajadores vuelvan a reencontrarse para la construcción de un nuevo país, y construir una multisectorial entre pymes y trabajadores para pensar el futuro y que el desarrollo sea igualitario, donde ganen todos y no donde algunos ganan y otros pierden, porque las buenas sociedades permiten que todos ganen y nadie pierda”.
Una frase de Alberto Fernández para destacar: “sabíamos que con la cuarentena poníamos en crisis el trabajo y que teníamos que hacer una inversión para que la pandemia no arrastre nuestras empresas y trabajadores. Para que sepan que el Estado los está respaldando a pasar este mal momento”. Y reflexionó: “después de la pandemia tenemos una oportunidad única de construir otro país más igualitario y justo”.
Y vale, entonces, hablar de los consensos, que no pueden transformarse en una herramienta para que una minoría impida que se traten y, llegado el momento, se aprueben ciertos procedimientos y leyes que requieren de máxima urgencia. El consenso es una búsqueda del acuerdo, es decir, nos escuchamos y buscamos puntos de coincidencia, pero sería imposible que aceptáramos a priori que sólo se puede discutir sobre lo que no hay divergencias: esto podría darle a una minoría el poder de veto sobre el tratamiento de cualquier cuestión. Una estrategia que no parece tener mucho que ver con un verdadero ejercicio democrático. La búsqueda del consenso es un proceso inteligente que trata de saldar las diferencias, de transitar equilibradamente, de construir mayorías alrededor de propuestas que se van elaborando. Y cuando no se puede llegar a un consenso vale la voluntad mayoritaria que, en definitiva, es el reflejo de la voluntad popular que la constituyó.
