Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
Las dos pandemias, la generada por la gestión del gobierno anterior y la producida por la transmisión del virus, actúan en simultáneo profundizando la crisis. Por ello, la situación hoy es peor que cuando se comenzó a hablar de la renegociación de la deuda.
Por ejemplo, la caída del PBI para 2020, antes de la irrupción del coronavirus y dado los arrastres que venían del año pasado, estaba estimada en un 1 por ciento. Hoy hay proyecciones que indican que la caída podría llegar al 7 por ciento. Por su parte, el Ministerio de Economía está previendo un 3,1 por ciento de déficit fiscal primario para este año. Ello es lógico: el país atraviesa, por un lado, un escenario de fuerte contracción de los ingresos fiscales consecuencia de la crisis económica y, por otro, de generalizada expansión del gasto público, producto de las nuevas necesidades sanitarias y de la asistencia a los sectores más vulnerables de la sociedad.
En este contexto, lo que les está diciendo el Estado argentino, a través de las palabras de Martín Guzmán, a los acreedores que piden flexibilizar la propuesta de reestructuración de la deuda, es que ésta es ya muy exigente para el país porque fue diseñada para otro contexto y hoy se la sostiene aun cuando la situación ha empeorado significativamente. Además, el promedio de la tasa de interés que la Argentina ofrece pagar es del 2,33 por ciento en un tiempo en el que en los países centrales se habla de tasas del cero por ciento o incluso negativas. Es poco frecuente encontrar en el mundo créditos a tasas de interés mayores que las que la Argentina está proponiendo. Cuando Guzmán les dice a los bonistas que “no estamos pidiendo que pierdan, sino que ganen menos”, lo que está afirmando es que la oferta de la Argentina es también una buena propuesta para ellos. Por supuesto: los tenedores de bonos no opinan lo mismo. Ellos dicen: nadie obligó a la Argentina a tomar los créditos, ustedes contrajeron la deuda porque quisieron, por lo tanto, ahora páguennos tal como se comprometieron a hacerlo. A lo sumo, como propone el fondo de inversión BlackRock, conceden un periodo de gracia, es decir, un corrimiento de los plazos, pero sin incorporar quitas significativas. Ello supone desconocer el criterio de sostenibilidad que plantea la Argentina: el país no está proponiendo sólo correr los plazos sino crear las condiciones --mediante quitas del 5 por ciento promedio sobre el capital y del 62 por ciento sobre los intereses, sumado al periodo de gracia-- para crecer y, consecuencia de ello, generar los recursos para poder afrontar la deuda.
Por eso, ante el pedido de pago de ese grupo de acreedores la Argentina responde: de manera irresponsable el anterior administrador del país tomó un compromiso impagable; el actual gobierno, por el contrario, hace una propuesta sostenible por la cual va a poder cumplir. Además, con esta oferta, no sólo no van a perder sino que van a ganar lo que normalmente pueden ganar en este tipo de operaciones. De ese modo está planteada la discusión.
La Argentina hoy no está sola en la negociación. En la actualidad, los países africanos han confluido en un frente común que llega incluso a pedir la condonación total de sus deudas. Varios presidentes de países centrales apoyan y acompañan la propuesta argentina. 160 prestigiosos economistas de todo el mundo, entre ellos Thomas Piketty y Jeffrey Sachs, premios Nobel como Joseph Stiglitz y Edmund Phelps, ex funcionarios del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, firmaron un pronunciamiento público por el que les piden a los acreedores de la Argentina que “actúen de buena fe y acepten la propuesta de canje de deuda al considerarla una resolución responsable que sentará un precedente positivo, no solo para el país, sino para el sistema financiero internacional en su conjunto”. Luego afirman: “Para ser francos, el costo de la refinanciación se ha vuelto excesivamente alto. Argentina ha presentado a sus acreedores privados una oferta responsable que refleja adecuadamente la capacidad de pago del país: un período de gracia de tres años con un corte menor en el capital y un corte significativo en los intereses”. Finalmente dicen: “En este momento excepcional, la propuesta de Argentina también presenta una oportunidad para que la comunidad financiera internacional demuestre que puede resolver una crisis de deuda soberana de manera ordenada, eficiente y sostenible”.
A diferencia de este pronunciamiento, la propuesta de Asociación Empresaria Argentina (AEA) es que hay que evitar el default como el objetivo principal de la negociación. ¿Qué es AEA? Es una de las asociaciones que reúne a las grandes corporaciones empresarias de la Argentina. Es claro: en lugar de apoyar la propuesta sostenible de reestructuración de la deuda, lo que proponen como prioridad es evitar el default poniendo en un lugar secundario el costo de esa decisión. Dos enfoques de la misma cuestión. Dos puntos de vista enfrentados.
Esta semana que pasó hubo una fecha importante: el 8 de mayo, día previsto para que los bonistas contestaran a la propuesta Argentina de reestructuración de la deuda. Hay una segunda fecha relevante: el 22 de mayo, día en que entraría en mora el pago de un cupón que venció el 22 de abril. Ese cupón no se pagó, y el país tiene 30 días de gracia dentro de los cuales puede acordar o abonar sin que se considere que haya ingresado en default.
La propuesta argentina está sobre la mesa. El ministro Guzmán ha dicho que el país está dispuesto a considerar cualquier combinación de quita de intereses, reducción del capital, periodo de gracia y extensión de vencimientos que sean compatibles con los criterios de sostenibilidad de la deuda establecidos por el gobierno nacional.
Ayer a la mañana, el Presidente afirmó que “continuamos dialogando de buena fe con los acreedores con el objetivo de alcanzar un acuerdo sostenible... Como siempre nuestro objetivo es asumir compromisos que podamos cumplir”.
Ahora es necesario que sean ellos, los bonistas, quienes pongan sobre la mesa su propuesta. La posición argentina es clara: para poder pagar es necesario generar las condiciones de sostenibilidad que hagan posible esa voluntad de pago.
