Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
Tras una extensa jornada de debate, la Cámara de Diputados dio media sanción a los proyectos de ley Bases y de reforma fiscal.
El primero incluye las facultades delegadas para el presidente Javier Milei, las privatizaciones de empresas públicas y la reforma laboral, entre otras iniciativas. Además, promueve el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que favorece principalmente a sectores primarios (agroindustria, infraestructura, forestal, minería, gas y petróleo) y también a los de tecnología.
El segundo comprende un blanqueo de capitales, la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y las modificaciones al gravamen a Bienes Personales.
El gobierno parte de un conjunto de premisas falsas y, a partir de allí, saca conclusiones también falsas. La primera de estas premisas es que ellos encontraron un país al borde de la hiperinflación. Incluso, un economista como Carlos Rodríguez, ex rector de la Universidad del CEMA desde su fundación en 1994 hasta 2018, de indudable orientación neoliberal, expresó en un tuit: “en mi opinión nunca estuvimos cerca de una hiperinflación en 2023. Sí tuvimos una alta inflación, con mucha variabilidad dadas las características del proceso electoral”.
La segunda premisa falsa es que se está derrotando a la inflación, una aseveración alejada de la realidad. La inflación promedio de los primeros 4 meses de este gobierno fue 17,6%, más del doble de la del período enero-noviembre del 2023, que alcanzó al 8,6%. La inflación acumulada de los primeros 4 meses de esta gestión fue del 90%. De todos modos, como venimos diciendo, es probable que la inflación baje, pero a costa del agotamiento de la capacidad de consumo de la población, incluidos los bienes y servicios esenciales, y del sufrimiento que esta situación conlleva.
La tercera premisa es la que sostiene que el gobierno anterior produjo una emisión descontrolada. Los datos muestran que la base monetaria creció por debajo de la inflación en 2021 (8%); en 2022 (27%) y en los 11 primeros meses de 2023 (35%). En términos de PBI: diciembre 2022 era el 4,2%; en noviembre 2023 era el 3,2%; se mantuvo entre los valores más bajos desde 2003 y se venía reduciendo mes a mes.
La cuarta premisa es la que asegura que es “imprescindible” implementar una reforma laboral para crear empleo. Los datos indican que entre el 2019 y el 2023 unas 1.254.000 personas consiguieron trabajo. De ellas, 551.000 eran trabajadores y trabajadoras registrados. En cambio, durante el gobierno de Mauricio Macri, el crecimiento del empleo registrado fue de 2.000 personas. Con la reforma laboral lo que se intenta es que los trabajadores/as pierdan derechos y que perciban peores remuneraciones.
La norma que se busca aprobar permite que se puedan “modificar, transformar, fusionar, escindir, reorganizar, reconformar, transferir a las provincias e intervenir” la totalidad de las empresas y sociedades del Estado, independientemente de que se haya reducido el listado de éstas sujetas a privatización.
Un capítulo aparte merece el RIGI, que establece que las compañías puedan demandar internacionalmente al Estado nacional ante el CIADI, una disposición muy grave. Ya sabemos cómo este organismo ha actuado en conflictos que tuvo nuestro país beneficiando a las corporaciones multinacionales.
Por la amplitud de las desregulaciones para los ingresantes y la estabilidad de los amplios beneficios en materia tributaria, el RIGI promueve una cesión irreparable de soberanía nacional, y un camino sin retorno hacia una reprimarización empobrecedora de la economía argentina.
En esta misma línea se encuentra la media sanción a la reforma fiscal. La propuesta del gobierno es totalmente regresiva. Apunta a bajarle impuestos a los que más tienen y a aumentarlos a los que menos tienen. Por un lado, de aprobarse la ley, una gran cantidad de trabajadores/as volverían a pagar Impuesto a las Ganancias. Por el otro, se establecerían grandes beneficios para los más ricos: se elimina prácticamente el Impuesto a los Bienes Personales y se propone un blanqueo de capitales amplísimo, con bajísima tributación, dejando muchas dudas sobre el control del lavado de dinero.
En Bienes Personales, en la actualidad hay cinco categorías, de menor a mayor riqueza, cuyas alícuotas van del 0,5% al 1,5%. Según el proyecto con media sanción, en 2027 habrá una única alícuota para todos: 0,25%. De esa forma, el grupo de mayor riqueza terminaría pagando 1/6 del monto que paga en el presente. Es decir, la clase media seguiría abonando la misma alícuota hasta 2026 (mientras los más ricos van pagando menos) y recién recibiría una baja de alícuota en 2027. Pero, además, a quienes paguen por adelantado cuatro años fiscales se les ofrece estabilidad fiscal por diez años, tanto en este impuesto como en cualquier otro tributo nacional sobre el patrimonio. Ni siquiera en situaciones de emergencia (como sucedió durante la pandemia con el Aporte Solidario y Extraordinario, Ley 27.605) este grupo de privilegiados será alcanzado por impuesto patrimonial alguno.
En el caso del blanqueo, el proyecto establece que podrán acceder a la regularización de activos los residentes, pero también los no residentes, creando una extraña categoría de “ex residentes que pueden regularizar dinero en nuestro país”.
El proyecto excluye del blanqueo a funcionarios que se desempeñaron en los últimos 5 años a contar desde la entrada en vigencia de la ley. Haciendo bien las cuentas, podría acceder al beneficio gran parte, sino la totalidad, de los funcionarios/as del periodo macrista. También permite regularizar los bienes registrados a nombre de terceros, es decir, de prestanombres.
Desde Unión por la Patria rechazamos en su totalidad el proyecto de Ley Bases. En lo fiscal presentamos un dictamen por el cual se mantiene el impuesto cedular a las Ganancias, la ley votada a fin del año pasado, y proponemos incorporar un impuesto del 15% a las grandes empresas, tal como lo aconseja la OCDE. En Bienes Personales también proponemos mantener la ley actual, quitando de las excepciones a los inmuebles rurales en el exterior: los que están en el país continuarían exceptuados como hasta ahora. Con relación a la regularización de activos o blanqueo de capitales sostenemos el dictamen sobre el proyecto de ley de Exteriorización del Ahorro Argentino que se votó en agosto del año pasado.
El Gobierno impulsa una redistribución negativa de la riqueza, beneficiando a las grandes fortunas sin reparar ni siquiera en su origen. La posición de UxP es hacer el régimen impositivo más progresivo, y evitar la pérdida de derechos, especialmente los laborales, y del poder regulador del Estado. Ante el intento de volver al pasado, insistimos con el futuro.
