Clic de Noticias
Por Carlos Heller
En un capítulo más de la saga buitre, en mayo se conoció el primer fallo de la justicia argentina que contradice el accionar del juez Griesa.
El juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 aceptó la medida cautelar presentada por el Ministerio de Economía para que la sucursal local del Citibank “se abstenga de realizar cualquier acto” de los mencionados en el acuerdo alcanzado con los demandantes, que fue homologado por el juez Griesa.
El acuerdo, firmado en marzo pasado, permitía al banco multinacional estadounidense desligarse del conflicto entre Argentina y los bonistas. Ante ello, el juzgado Contencioso Administrativo sostuvo que la decisión del Citibank fue tomada de “manera unilateral y evadiendo la legislación vigente” y que “tampoco cumplió con los requisitos del Código Procesal para darle validez en territorio nacional al acuerdo homologado por Griesa”.
La justicia argentina actuó debido a que el acuerdo tuvo “principio de ejecución”, ya que el Citibank comunicó efectivamente a las cámaras compensadoras Euroclear y Clearstream su decisión de dejar el negocio de custodia de bonos. Desde ya que es una buena noticia que la justicia argentina haya dado curso a la cautelar que denuncia el accionar conjunto de los tenedores de bonos que vienen extorsionando a la Argentina.
Otro capítulo, anterior, es la demanda presentada por el fondo Aurelius Capital junto con Blue Angel ante el juzgado del juez Thomas Griesa para congelar los pagos de vencimientos del Bonar 2024, emisión a partir de la cual la Argentina consiguió el pasado 21 de abril financiarse por 1.416 millones de dólares.
La estrategia adoptada por los demandantes es considerar a esa emisión como “deuda externa” y por lo tanto hacerla pasible de ser embargada para impedir los próximos pagos de intereses y capital de ese bono.
Uno de los artilugios legales en el que se escudan es el llamado “Acuerdo de Agencia Fiscal” (FAA según sus siglas en inglés), el cual fue suscripto por el ex Presidente Carlos Menem y la corporación bancaria estadounidense Banker Trust Company, y constituyó el marco legal bajo el cual se emitieron una serie de títulos de deuda pública en el año 1994.
El Ministerio de Economía dejó bien en claro que “se trata de deuda doméstica denominada en moneda extranjera, que nada tiene que ver con la jurisdicción del juez Griesa”.
El ministro de Economía, Axel Kicillof, fue muy categórico al expresar que esta última presentación no es más que “un nuevo intento desesperado, ante el fracaso de los fondos buitre en su tentativa de frenar la reciente colocación, en la que amenazaron abiertamente a los compradores del BONAR 24, sin ningún éxito. De esta manera buscan seguir generando incertidumbre en el mercado para perjudicar a la República y a los bonistas”.
¿Qué buscan entonces? Algo ya conocido: intentar generar un clima de desconfianza en el mundo financiero y en el futuro pago de deuda, con la no menos interesada e incondicional ayuda de algunos medios locales. La idea de los buitres es que estas acciones se traduzcan, entre otras cuestiones, en mayores tasas de interés en las emisiones de deuda futura, algo bastante improbable ya que las tasas a las que se emitió el Bonar 2024 siguen resultando muy atractivas para los inversores.
Un ejemplo de la repercusión en los medios fue la entrevista que el representante legal del fondo Elliot, Jay Newman, ofreció a la cadena Bloomberg, reproducida por algunos medios locales, en la cual mostró, en una falsa postura, que están dispuestos a “negociar sin precondiciones” con una estructura que implique “cero pago en efectivo”. Claro que en estas afirmaciones se “olvida” de mencionar que continúan reclamando el monto total de la deuda más intereses, cifra que supera con creces lo aceptado por los bonistas del canje y resulta altamente excesiva al tener en cuenta el precio al que compraron los bonos. Pero lo más interesante de esa entrevista fue que dejó traslucir algunos de los aspectos de la gestión del gobierno nacional que realmente fastidian a estos fondos. Así, Newman menciona como algo negativo que en “2011, el mercado pensaba que Cristina Kirchner aplicaría políticas más ortodoxas, y en cambio terminamos con controles cambiarios, de precios, de importaciones”, todas decisiones que fueron tomadas desde un Estado que no gobierna para el mercado, sino que -por el contrario- ejerce controles sobre él para evitar abusos que perjudiquen a los más vulnerables.
En relación a los grupos lobbistas a favor de los buitres se destaca la American Task Force Argentina (ATFA), liderada por el fondo Elliot de Paul Singer y que desarrolla diversas actividades para difamar a la Argentina en beneficio de los fondos buitre. Su director ejecutivo, Robert Raben, fue incorporado recientemente como miembro del directorio de la iniciativa “My Brother’s Keeper Alliance”, una ONG lanzada por la Casa Blanca el año pasado para ayudar a fomentar el empleo entre los hombres jóvenes de color. Esta decisión llevó al ministro de Relaciones Exteriores y Culto de nuestro país, Héctor Timerman, a enviar una nota al secretario de Estado norteamericano, John Kerry, repudiando este nombramiento ya que “teniendo en consideración la iniciativa impulsada por el Presidente Obama (…) resulta un contrasentido que un programa de esas loables características cuente entre sus directores a alguien que no ha dudado en llevar adelante acciones desestabilizadoras y agresivas que han impactado de manera brutal en las economías en desarrollo”.
Dos caras de la misma moneda. Semanas atrás el ex empleado del JP Morgan Hernán Arbizu fue invitado al Congreso de la Nación a exponer en el marco de la Comisión Bicameral Investigadora de instrumentos bancarios y financieros destinados a facilitar la evasión de tributos y la consecuente salida de divisas del país. Además de la entidad ya mencionada, el economista trabajó durante veinte años en el negocio de la banca privada en la Unión de Bancos Suizos y Citibank, entre otros, y se autodenunció ante el juez Sergio Torres en 2008 confesando que el banco donde trabajaba ayudaba a los principales grupos económicos a fugar divisas. Tiene, además, un pedido de extradición por parte de Estados Unidos para ser procesado. No obstante, la Comisión Bicameral consideró importante su testimonio por haber sido un actor activo en los procesos de evasión tributaria y fuga de capitales, que terminó denunciando.
En un tramo de su exposición, Arbizu dejó en claro que “en cualquier parte del mundo y particularmente en la Argentina, en este negocio (en referencia a la evasión y lavado de dinero) a los banqueros -o a los bancos nos iba mejor cuanta mayor incertidumbre había en el país. ¿Cómo se genera la incertidumbre? A través de la opinión pública. ¿Cómo la opinión pública llega a tener incertidumbre? A través de los medios de información”.
Aunque a simple vista parezcan hechos aislados, la realidad demuestra que tanto quienes perpetran los delitos impositivos como los buitres que adquieren bonos soberanos a precio vil para luego reclamar el cobro de sumas millonarias, utilizan la generación de incertidumbre para su beneficio, siendo los principales perjudicados de estas prácticas las poblaciones que se ven privadas de gozar de los recursos estatales desviados por la evasión tributaria y la eventual salida de fondos para pagar los montos de deuda injustificables que exigen los buitres.
