Revista Debate - Política - 06-04-2012
Por Carlos Heller La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el cuidado de los recursos naturales y Malvinas demuestran la firmeza del gobierno nacional por la defensa de sus intereses.
El concepto de soberanía se ha ido constituyendo en un atributo clave de decisiones centrales en la política económica nacional y regional. Como lo expresamos en otras oportunidades, con la ola neoliberal en sus diferentes versiones se instaló una tríada conceptual que operó como matriz ideológica de la globalización hegemonizada por las corporaciones transnacionales: el fin de la historia, la caducidad de los Estados y el fin de la política.
Las decisiones otrora en manos de los Estados fueron declaradas obsoletas, pues supuestamente, al decir del sociólogo conservador Daniel Bell, quedaron éstos ante la aparición del espacio trasnacional de poder liderado por las grandes corporaciones, “demasiado pequeños para las grandes cosas y demasiado grandes para las pequeñas cuestiones”.
Los organismos internacionales clásicos pasaron a cuarteles de invierno y fueron desplazados por una élite tecnocrática al frente de los centros financieros del poder a escala global. Las democracias quedaron aprisionadas y condicionadas, las autonomías de los bancos centrales respecto de los poderes políticos constituyeron uno de los ejemplos de este modelo de supuesta autonomización de la economía sobre la política.
En este marco, cobran sentido los atributos de soberanía que configuran la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la modificación de la Ley de Convertibilidad. Un Banco Central preocupado exclusivamente por el valor de la moneda, y su independencia absoluta respecto al resto de las políticas económicas, encarna una postura profundamente elitista, que pretende desvincular el accionar de la autoridad monetaria de los gobiernos elegidos democráticamente y quitar de la órbita gubernamental uno de los resortes fundamentales de la gestión macroeconómica.
Se reemplazó por un nuevo Banco Central que recupera herramientas de orientación del crédito, y la regulación de tasas de interés y demás costos y plazos, y que fija sus objetivos en el fomento de la política monetaria, pero también de la financiera, del empleo y del desarrollo económico con equidad social, en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional. Estas definiciones indican una recuperación de soberanía del Estado nacional sobre la política monetaria, financiera y crediticia.
La no política, cosmovisión central del Consenso de Washington, obviamente fue una construcción ideológica. En realidad, se trató de un tipo de política en el quelos actores centrales no fueron elegidos por ningún procedimiento democrático, sino por las poderosas fuerzas de los poderes concentrados. El globalismo fue la versión militante de la globalización neoliberal y se enseñoreó como idea hegemónica.
En realidad, se están recuperando las misiones y herramientas históricas con las que contó la Nación antes del vendaval neoliberal, que todavía arroja sus efectos sobre el presente. La actual crisis global, multidimensional y denominada por algunos analistas como civilizacional del sistema capitalista a escala mundial, muestra hoy el agotamiento de este modelo en el cual la política era convidada de piedra.
En América Latina se viene consolidando un nuevo patrón de pensamiento que arroja resultados positivos en sus economías y determina su baja contaminación de la crisis global. El tema sustancial es el de la puesta en valor de los Estados y las complementariedades de la integración regional.
Con este telón de fondo, calificado muchas veces como los nuevos vientos con perfiles emancipatorios que surcan a América Latina, también cobran sentido los destellos soberanos de las medidas que se van adoptando en materia de recursos petroleros. El mismo vendaval neoliberal privatizó las empresas públicas, entre ellas YPF, iniciando un duro camino entre las apetencias de los rendimientos privados y las necesidades energéticas del Estado nacional que derivó, como en muchas otras empresas concesionarias, en una gran falta de inversión. La misma provocó un estancamiento de la producción hidrocarburífera, en un país que ha venido creciendo fuertemente, lo cual derivó en un déficit energético significativo.
También se encuentra un acto de soberanía en la conformación de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), y las medidas que van tomando sus integrantes, como cuando deciden rescindir concesiones o intimar a varias petroleras que están a cargo de áreas que actualmente no tienen producción, para que inviertan más allí y de esa forma aumentar la oferta.
Éstas son decisiones relevantes, aunque aún abarcan una porción marginal de la producción de Repsol YPF, por lo que queda pendiente la cuestión fundamental de la exploración y producción de la compañía, y del resto de las concesionadas. En este aspecto, cabe recordar que el tema de los recursos naturales ha sido, es y será un tema estratégico para el país, y su manejo no puede estar en manos del sector privado, ya sean capitales locales o transnacionales. Claro está que estas medidas, como no podría ser de otra manera, revelan las resistencias que generan en los sectores de poderes concentrados de la economía global.
Rápidamente, apareció el lobby español, recordando que la Argentina tiene un tratado de protección recíproca de inversiones con España y que, a través de éste la empresa, podría acudir al CIADI, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, un organismo del Banco Mundial que recepta los litigios de empresas privadas contra los gobiernos.
La presión no termina allí, llamadas del Rey, declaraciones del ministro de Industria español, quien reconoció que la administración de Rajoy está siguiendo el caso muy de cerca con los representantes de la petrolera. También hicieron trascender una eventual solicitud del presidente español, Mariano Rajoy, a su par británico, David Cameron, de expulsar a la Argentina del G20 si avanzara con alguna medida contra Repsol. Una alternativa que no es viable, pero permite visualizar el uso de la política del chantaje en defensa de sus intereses.
Son las presiones del capital multinacional, y de gobiernos que ponen como prioridad absoluta el respeto a las inversiones privadas, postura que se evidencia en las medidas de ajuste que están tomando en sus respectivas naciones.
Otro tema de soberanía que está en el candelero es el tema Malvinas, y la importante jugada del Gobierno, que, manteniéndose siempre dentro de la vía diplomática, por un lado, ha tensado las relaciones con el gobierno del Reino Unido para que respete las Resoluciones de la ONU (que datan de 1965) y comience las conversaciones por la soberanía en Malvinas, y por el otro lado, ha gestionado y recibido un amplio apoyo de los países latinoamericanos. Recientemente se anunció la adopción de una serie de medidas legales y normativas para impedir o dificultar a un centenar de empresas británicas y de capital internacional, la extracción ilegítima de los recursos energéticos argentinos en el Atlántico Sur por parte de empresas y compañías ligadas a Gran Bretaña. La novedad y originalidad de estas medidas consiste en que el Estado argentino accionará legalmente no sólo contra las empresas en sí mismas, sino también con aquellas firmas que le prestan servicios, tanto logísticos como financieros, constituyendo una política homogénea e integral. Las medidas exponen los vastos intereses materiales y de grandes empresas que determinan la intransigencia británica. Estamos hablando de recursos hidrocarburíferos potenciales cercanos a los de dolares 167.000 millones. Para la Argentina, la soberanía aquí se vuelve “operativa”, y deja de ser una cuestión abstracta o simbólica.
A este accionar del gobierno argentino se suma la valiosa declaración de la Unasur del 17 de marzo de 2012 que reitera el rechazo a la presencia militar del Reino Unido en Malvinas por ser contraria a “la política de la región de apego a la búsqueda de una solución pacífica de la disputa de soberanía”, rechazo que se extiende al “desarrollo de actividades unilaterales británicas en la zona disputada que incluyen, entre otras, la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables de la Argentina ...”.
Todas estas medidas colocan una cuña a la reiterada postura de las grandes potencias de no cumplir con los compromisos internacionales que no les convienen, que podríamos definir como la prepotencia del poder.
Esta prepotencia del poder transita los tres temas abordados en esta nota: El capital financiero internacional que desea un Banco Central a su disposición y desligado del gobierno de turno, los intereses privados que privilegian la ganancia por sobre los compromisos de inversión de los contratos de explotación de recursos naturales y, luego, se amparan en entidades como el CIADI. Y, principalmente, las cuestiones relacionadas con Malvinas, en las que una potencia colonialista desoye las decisiones de la ONU, y no sólo el costo material que tiene para la Argentina, un tema que generalmente es escasamente discutido, sino los costos globales para la región sudamericana, en términos de disponibilidad de preciosos recursos naturales, eventual presencia de material nuclear en el Atlántico Sur y pérdida de control sobre las especies marinas de la zona.
