Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
El ajuste económico está afectando en primera persona a la inmensa mayoría de las argentinas y los argentinos y las estadísticas no hacen más que reflejar la dura realidad y la insostenibilidad del actual modelo.
Los sectores productivos siguen sumando datos negativos. La actividad industrial manufacturera medida por el Indec cayó en enero un 1,3% con relación a diciembre, sumándose a la baja del 8,1% del anterior mes. De esta forma, durante enero el nivel de actividad en la industria se posicionó en su menor valor desde agosto 2020 (41 meses), en momentos de pandemia.
Mucho más impactante aún es el dato de la construcción, ya que el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción se desplomó un 10,2% mensual en enero, una baja similar a diciembre (9,4%). Durante el primer mes del año el indicador registró su menor valor desde junio de 2020 (43 meses). Obviando la pandemia es el registro más bajo de la serie (iniciada en 2012) y se encuentra un 2,9% por debajo del mínimo previo (de diciembre de 2019), justamente a finales del gobierno de Mauricio Macri.
En el mes de febrero el Índice Construya, que sigue la demanda privada de insumos para la construcción, registró una caída del 26,6% respecto de un año atrás, en tanto que los despachos de cemento, un indicador adelantado del sector de la construcción, se redujeron un 6,2% mensual.
Otros datos de febrero también son un reflejo de la continuidad de la recesión: las bajas del patentamiento de motos (-13,7%), de la producción de autos (-19%) y de las ventas minoristas pymes (-25,5%), entre varios.
Por donde se los mire, los números indican que estamos ante una situación grave, producto de la pérdida del poder adquisitivo de amplios sectores de la población y del recorte de beneficios sociales. A ello hay que sumarle que hay trabajadores/as que están perdiendo su empleo y por ende su fuente de ingresos, algo que puede inferirse a partir de la recaudación fiscal.
En términos reales (descontando la inflación), y según los datos del Mecon, las contribuciones patronales a la seguridad social se redujeron en el primer bimestre un 22,6% interanual y los aportes personales un 27,8 por ciento. A su vez, el IVA asociado al mercado interno registró una caída real del 13,4% contra el mismo período del 2023. Se trata de los rubros más representativos, junto con Ganancias, y todos ellos están directamente vinculados al nivel de ingresos reales de la población.
Según una reciente información de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el gobierno habría mantenido superávit fiscal en el primer bimestre del año, debido a un retroceso en los gastos (-23,8% interanual) y un leve incremento en la recaudación (+0,4%), medidos en términos reales. Gran parte de la disminución del gasto en términos reales se centró en las jubilaciones y pensiones (-33,0%) y los programas sociales (-29,9%). También destaca la fuerte merma de los subsidios energéticos (-59,5%) y de los gastos de capital (-82,4%). Como contrapartida, los intereses de la deuda crecieron 34,2 por ciento.
En este entorno, la caída de los ingresos fiscales llevará al gobierno a realizar mayores recortes del gasto, lo cual agravará la recesión y reforzará la caída de la recaudación. Es un círculo vicioso motorizado por el ajuste, que tampoco se sostiene desde el lado social. Su límite está dado, como suelo señalar, por la capacidad de resistencia de los ajustados.
Por mi parte, he repetido constantemente que era imposible llevar adelante un ajuste como el que se planteaba sin que recayera principalmente sobre los jubilados y el gasto social en general. El discurso de ajustar a la supuesta “casta” es un justificativo para intentar lograr la validación de la sociedad, dado que el ajuste potencial que se puede hacer sobre la política es poco significativo. De hecho, el recorte de transferencias a las provincias afecta directa y principalmente a su población, que ve encarecerse el transporte, y tendrá menores prestaciones sanitarias y educativas, entre otras tantas dificultades.
En este marco, el FMI volvió a pedir cierta moderación: su vocera, Julie Kozack, acaba de insistir en que hay que evitar que el peso del ajuste recaiga “desproporcionadamente sobre las familias pobres y trabajadoras”, es decir, están advirtiendo: “No se les vaya la mano”, reconociendo implícitamente que las políticas implementadas por el gobierno y avaladas por el FMI impactarán negativamente sobre toda la sociedad, en especial sobre los sectores más desprotegidos.
En materia de ingresos, la remuneración imponible de los trabajadores estables (RIPTE) se redujo en enero un 5% comparado con diciembre, y terminó siendo el peor enero desde 2003. La tendencia no es promisoria a la luz de la evolución de la inflación. En CABA, en febrero se verificó una suba del nivel de precios del 14,1%, acumulando un 38,9% en el primer bimestre. Nada para festejar.
La inflación es un síntoma, como lo es la fiebre para las personas: sin dudas hay que bajarla atacando las causas que la generan, pero evitando “matar al paciente”, impacto que las estrategias recesivas suelen ocasionar. Más adelante, el gobierno podría tener resultados positivos en su meta de bajar la inflación, aunque, si eso ocurre, será sobre la base de una acentuación de la desigualdad y de una elevada desocupación. A su vez, cuando se consume menos, también se ven afectadas las empresas que producen para el mercado interno. Todo esto ya lo vivimos, por caso durante la dictadura, la convertibilidad y en el gobierno de Mauricio Macri.
Pacto de Mayo
Se realizó la reunión del Poder Ejecutivo con los gobernadores, para comenzar a discutir el “Pacto de Mayo”. A tan significativo evento no acudió el presidente Javier Milei, sino que fue dirigido por el jefe de Gabinete, y participó el ministro del Interior. No hubo mucho nuevo bajo el sol. El gobierno presentó una versión acotada de la ley ómnibus, el paquete de alivio fiscal y la firma del “Pacto de Mayo” como una única negociación. La nueva ley ómnibus incluiría la declaración de emergencias, las facultades delegadas, la privatización de empresas públicas, un blanqueo laboral, cambios en el régimen de hidrocarburos y una nueva fórmula jubilatoria, entre otras iniciativas. La controvertida reversión del Impuesto a las Ganancias sería tratada en un proyecto aparte. Todos los trascendidos indican que estos últimos dos puntos son los que más diferencias generaron. En verdad, se intenta instalar un verdadero “plan canje” a los gobernadores, pretendiendo retomar los puntos esenciales que no pudieron ser aprobados en Diputados.
En esa línea, desde la Asociación Empresaria Argentina (AEA) se destacó como un “paso muy positivo” el anuncio del presidente de avanzar en el Pacto de Mayo, y se valoró el espíritu del gobierno en materia fiscal, laboral y previsional. También se expresa: “Desde AEA apoyamos la voluntad de llevar adelante una transformación profunda en el país como la que expresan los diferentes puntos señalados en los lineamientos del Pacto. De esta forma será posible movilizar las energías del sector privado, única forma de encaminar a nuestro país en la senda del desarrollo económico y social”. En este caso, no puede pasar desapercibida la palabra “única”: es así o así. Un posicionamiento de parte de los grupos más concentrados que no sorprende.
