Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
Estamos frente a una enorme recesión y todos los indicadores de consumo de la población están en rojo. Los datos muestran que debido a la caída de los ingresos las argentinas y los argentinos comen menos carne (menor consumo en 110 años), y en algunos casos se reducen las dosis de los medicamentos, con el impacto en la salud que esto conlleva. Son ejemplos dolorosos de entre tantos recortes del consumo, que a la vez redundan en que las empresas que producen para el mercado interno se ajustan y despiden o suspenden a sus trabajadores, y así se retroalimenta el círculo recesivo.
Los índices de precios, en parte, reflejan esta situación. El Índice de Precios al Consumidor del Indec arrojó un 4,6% para el mes de junio. Desagregando este dato, la inflación núcleo se ubicó en el 3,7%, mientras que los precios regulados (impactados principalmente por las tarifas de servicios públicos) aumentaron un 8,1%, y los estacionales un 4,4%. Cabe mencionar la evolución de los alimentos y bebidas con un aumento del 3,0% a nivel nacional, y del 2,2% para el Gran Buenos Aires (una zona que concentra el mayor bolsón de pobreza de nuestro país). Por otra parte, si comparamos la inflación acumulada en los primeros siete meses de este gobierno (125,5%) respecto a los últimos siete meses de la gestión de Alberto Fernández (88,1%, la supuesta hiperinflación), lejos estamos de una “desinflación” como la define el oficialismo.
También se conocieron los valores de la canasta básica alimentaria (que marca la línea de indigencia) con un aumento del 1,6% en junio, y la canasta básica total (línea de pobreza) con un incremento del 2,6%. Son buenos datos: el problema aparece cuando nos preguntamos cómo se han logrado. Tanto los valores de las canastas, como el aumento en alimentos y bebidas del índice nacional, dan cuenta de una aguda retracción del consumo, especialmente en las clases de menores ingresos, y, más preocupante, en los artículos de primera necesidad. Las empresas siempre maximizan ganancias, pero también necesitan vender los productos para realizar esas ganancias. Es parte de la puja distributiva, un tira y afloje en el que terminan perdiendo los consumidores, que si bien obtienen mejores precios, lo hacen a partir de una fuerte disminución de su poder de compra en los últimos siete meses.
¿Brotes verdes?
En una entrevista radial reciente el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el modelo económico actual y señaló que “estamos en etapa de recuperación (…). Aunque es difícil transmitir en números”.
En el afán de encontrar brotes verdes, el funcionario señaló: “me reúno mucho con las diferentes cámaras y todos me dicen que ya ven claros indicios de recuperación”. Los números, incluidos los oficiales y los de varias cámaras empresariales, no muestran eso. Además, habría que preguntarle también a las asociaciones gremiales y a las de pymes, aunque la respuesta ya la sabemos: desde diciembre vienen alertando por el constante deterioro que viven, y que se observa.
Por ejemplo, Caputo tomó el caso de la industria automotriz y sostuvo que creció en junio con relación a mayo, cuando, según la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA), en dicho mes la producción nacional de vehículos cayó un 16,7% contra mayo.
Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción cuestionó la paralización de la obra pública y advirtió que por esta situación ya se perdieron 100.000 puestos de trabajo directos.
La apuesta gubernamental a que la reactivación se dé a través del motor de la inversión privada está lejos de verificarse. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, les pidió a los empresarios del círculo rojo “ponerse la camiseta en serio (…). Depende de ustedes que los argentinos tengan el futuro económico que se merecen”. Difícilmente las mismas empresas que habitualmente bregan por la apertura importadora, por la salida exportadora con bajo valor agregado, por la desregulación, o por la flexibilización laboral, sean las que generen las condiciones para el crecimiento. Está más que probado que el mercado es incapaz de resolver las grandes necesidades de la ciudadanía, y mucho menos si se le permite operar sin ningún tipo de regulación estatal.
El gobierno acaba de avanzar con el decreto 599/24 que desregula el mercado aerocomercial, mediante el cual, entre otras cuestiones, se liberalizan las tarifas y se flexibiliza completamente el ingreso de nuevas empresas, incluyendo las extranjeras. También se desregula el servicio de rampas y se permite que pequeñas aeronaves puedan volar internamente con menos requisitos y controles.
Constituye una seria amenaza para nuestra aerolínea de bandera y para la soberanía nacional. Cuesta ver cómo podrían salir beneficiados los argentinos y las argentinas a partir de las políticas de desregulación, especialmente cuando se desregularon no sólo los precios mínimos sino también los máximos.
Un ejemplo concreto de los impactos de la desregulación se da en el sector de la salud. Tras el decreto 70/2023 los aumentos de precios fueron constantes, de tal magnitud que el propio gobierno los fijó temporalmente, lo que produjo ciertas devoluciones por parte de las empresas. Levantado ese freno en junio, varias de las empresas prepagas aumentaron en un promedio del 8% en julio, y ya están informando un incremento que ronda el 5% en la cuota de agosto.
Por su parte, el presidente dejó en claro en una intervención en la Bolsa de Comercio que no le preocupan los “cómo”: “decidimos cortar la obra pública de cuajo (…), las transferencias discrecionales a provincias de cuajo”. Cabe mencionar que si no hay obra pública las empresas privadas que proveen al Estado despiden empleados, que pierden sus ingresos y dejan de consumir. Lo mismo pasa cuando se abre la importación de productos para que compitan con los que se fabrican en el país.
Según el discurso oficial, habría un Estado que gasta innecesariamente y eso requiere impuestos. Por ende, si el Estado deja de gastar va a poder rebajar los impuestos y entonces las mercancías se van a abaratar, el poder adquisitivo va a mejorar y la competitividad de las empresas será más alta. En esta línea se busca asemejar Estado con burocracia, con ineficiencia, o corrupción. Y se sostiene que para eliminar la burocracia, la ineficiencia o la corrupción hay que eliminar al Estado. Con este tipo de falacias han instalado en el imaginario una lógica que termina favoreciendo a los sectores que poseen mayores riquezas.
Desde el gobierno se sostuvo que se avanza con el FMI por un nuevo acuerdo, que “seguro” sería este año e involucraría “fondos frescos”. No obstante, consultada por estas declaraciones en su habitual conferencia de prensa, la vocera del organismo de crédito, Julie Kozack, señaló: “nuestro staff se comprometerá en discusiones sobre un potencial nuevo acuerdo, como lo haríamos con cualquier miembro del FMI, una vez que las autoridades formalmente lo soliciten. Y en este momento no hay una tabla de tiempo específica para estas discusiones”.
Estamos frente a un gobierno que en teoría “deja hacer” pero que en rigor, con sus políticas de desregulación y ajuste fiscal, interviene decisivamente en la puja distributiva. El camino para que se beneficie el conjunto de los argentinos y las argentinas es el opuesto: protegiendo la producción nacional, el empleo, y las pymes. Hay que seguir bregando por una estructura tributaria progresiva, por un programa de desarrollo con inclusión, con crecimiento, y por un Estado que intervenga para ponerle límites al mercado y a favor de los que menos tienen.
