Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
El personal técnico del FMI aprobó la octava revisión del programa de facilidades extendidas. A pesar de no escatimar en elogios al gobierno de Javier Milei, el Fondo dejó en claro que “Argentina tendrá acceso a desembolsos acordes con el programa” renegociado en 2022. Es decir, no habrá “fondos frescos”.
En el comunicado emitido por el Fondo se sostiene: “Sobre la base de unos resultados mejores de lo esperado (…) cabe citar el primer superávit fiscal trimestral en 16 años, la rápida caída de la inflación, el cambio de tendencia de las reservas internacionales y una fuerte reducción del riesgo soberano”.
El organismo agrega: “las autoridades han realizado esfuerzos significativos para ampliar la asistencia social a madres y niños vulnerables, así como proteger el poder adquisitivo de las pensiones”.
El FMI se queda una vez más en lo discursivo y fuera de la realidad de la economía y la sociedad argentina. Posteriormente, la vocera del FMI, Julie Kozack brindó una visión más “política”, expresando que es necesario que “la asistencia social sea suficiente y esté bien orientada para proteger a los más vulnerables, y también para garantizar que la carga de la consolidación (ajuste) fiscal no recaiga desproporcionadamente en los trabajadores”. Nuevamente la palabra “desproporcionadamente”, reconociendo en quiénes recae y seguirá recayendo el ajuste.
Entre los “logros” que se detallan se habla de “la corrección de precios relativos”, un tema que, siempre observo, significa que los principales precios relativos que no se corrigen son el salario y las jubilaciones y pensiones, que han venido perdiendo significativamente frente al resto de los precios.
Resulta llamativo que un gobierno que manifiesta como uno de sus principales objetivos el equilibrio fiscal, nunca haya mencionado los abusivos intereses y cargos del préstamo otorgado por el FMI. La Argentina no sólo se vio perjudicada por el alza de las tasas de interés de los países centrales, sino también por el conocido “sobrecargo” de tres puntos que se adicionan por haber tomado un crédito del organismo que superaba el límite disponible para el país. Los intereses de la deuda con el FMI más los sobrecargos que la Argentina debió afrontar en lo que va del año alcanzan los 1.619 millones de dólares, y anualizado llega a los 3.200 millones de dólares, una cifra descomunal.
Precios agobiantes
Se conoció esta semana el IPC Nacional del mes de abril, que arrojó un 8,8 por ciento, dato que fue celebrado como un logro de su gestión por el propio Presidente. No obstante, aún está por encima del promedio de las variaciones mensuales registradas antes de las elecciones primarias en agosto pasado.
Vale la pena hacer un análisis al interior de este indicador. El segmento de precios regulados (entre otros, las tarifas de agua, gas, electricidad y transporte) lideró el incremento mensual (18,4 por ciento), seguido por la categoría de estacionales (9,9 por ciento) y por la inflación núcleo (6,3 por ciento).
La incidencia del aumento de tarifas de los servicios públicos en el poder adquisitivo de los salarios es significativa. Entre noviembre de 2023 y abril de este año, según el IPC publicado por CABA, el agua aumentó un 234 por ciento; el gas, un 397 por ciento y la electricidad, un 174 por ciento. La variación del salario en el mismo período sería del 79 por ciento, suponiendo un optimista 11 por ciento para abril. Queda claro que las tarifas están absorbiendo cada vez más una mayor parte del presupuesto familiar, desplazando el consumo de otros bienes esenciales, una combinación agobiante.
Y hablando de la inflación, una comparación que me parece interesante: en los cinco meses transcurridos entre diciembre de 2015 y abril de 2016, la inflación de CABA acumulada de Macri dio 23,9 por ciento. Parece baja, pero si tomamos el mismo período del año anterior, diciembre de 2014 y abril de 2015 (último año de Cristina Fernández de Kirchner) la inflación acumulada, también midiendo con los datos de las estadísticas de CABA, ¡fue del 9,21 por ciento!
Para seguir la misma medición de CABA, en los primeros 5 meses del gobierno de Alberto Fernández el aumento de precios minoristas fue del 13,1 por ciento. En contraste, en los 5 primeros meses de Milei este indicador fue del 109,0 por ciento, y, como dije, disparado por la devaluación pero morigerado por la gran recesión impulsada por la motosierra y la licuadora.
En resumen, el ajuste no es inevitable. Lo que pretende el Gobierno es una fuerte redistribución del ingreso y la riqueza en beneficio de las multinacionales y las grandes fortunas, haciendo recaer el ajuste sobre la gran mayoría de la sociedad, en especial sobre los sectores más desprotegidos.
