Ámbito Financiero | Opinión
Por Carlos Heller
A poco más de dos meses de haber asumido el gobierno de La Libertad Avanza, queda claro que el ajuste está recayendo sobre la mayoría de la población. El mentado cambio de los precios relativos está llevando a que los ingresos de los/as trabajadores/as y los/as jubilados/as estén cada vez más retrasados con relación a los precios de los principales bienes y servicios de la canasta básica.
Al igual que en diciembre de 2023, el IPC de enero de 2024 (+20,6% mensual) fue presentado desde el oficialismo como un buen dato ya que bajó desde el 25,5% del mes anterior. Sin embargo, cuando la inflación se encontraba en el orden del 12% mensual, a fines de la gestión previa (producto fundamentalmente de la devaluación impuesta por el FMI) se hablaba de un modelo “empobrecedor” que conducía “inexorablemente a una hiperinflación”.
Recordemos también las críticas que recibieron los programas del gobierno anterior, que apuntaban a contrarrestar los efectos de estos aumentos: los créditos subsidiados a jubilados y trabajadores registrados, el alivio fiscal para monotributistas o los programas de contención de precios.
El ajuste ya puede sentirse en varios sectores de la economía. Ejemplos de ello son el recorte de subsidios a los servicios públicos y el consecuente abrupto aumento de tarifas, la liberación de los aranceles de la medicina prepaga, de los colegios privados, del combustible, o el aumento en el valor de los alimentos (+20,4% mensual en enero).
Una frase de Javier Milei podría resumir gran parte del enfoque del gobierno: “la motosierra y la licuadora, que son pilares del ajuste, no se negocian”.
En este marco, varias partidas del Presupuesto 2023 fueron congeladas en 2024, un recorte drástico, dada la inflación interanual del 254,2% de enero, y algunos fondos directamente se eliminaron, como ocurrió con el “Fondo Nacional de Incentivo Docente” que permitía complementar y mejorar los sueldos de los/as maestros/as en todo el territorio nacional. Ese plus salarial estuvo vigente desde 1998 hasta enero 2024, pero el Gobierno nacional no renovó el decreto que extendía su validez.
En otra reciente declaración, el Presidente señaló que “es la primera vez que el ajuste recae mayoritariamente sobre la política y la primera vez en 100 años que Argentina está haciendo lo que verdaderamente fue exitoso en el mundo”.
Respecto de quiénes soportan el peso del ajuste, el último dato del nivel de salarios publicado por el INDEC es elocuente: los ingresos de los trabajadores registrados (del sector público y privado) cayeron en diciembre pasado un 13% real con relación al mes previo.
Con respecto a la comparación con el mundo, la reflexión de Cristina Fernández de Kirchner en el documento publicado la semana pasada resulta elocuente: “estamos en un mundo multipolar con fuerte disputa comercial entre las dos economías más grandes del mundo y el resurgimiento de los nacionalismos y del proteccionismo económico”. Muy lejos de la libertad de mercado y de la no intervención estatal que pregona Milei. A su vez, los países de la Unión Europea tienen habilitada la posibilidad de tener hasta un 3% de déficit fiscal y aplicar así distintas políticas públicas.
El Gobierno ha decidido que la inflación se encargue de hacer el ajuste, mientras desfinancia a las provincias, gobierna sin presupuesto y por la vía del decreto.
Cada vez se hace más evidente que las políticas que está aplicando este Gobierno perjudican a la mayoría de los argentinos/as. El Poder Ejecutivo tiene la legitimidad de los votos obtenidos, pero eso también debe reflejarse en el cumplimiento de lo expresado en campaña y sobre todo en el marco del respeto por la Constitución. “El ajuste se lo vamos a hacer pagar a la casta política”, pregonaba Milei en campaña, intentando convencer al electorado de que no se vería perjudicado. La realidad se encarga de demostrar lo contrario.
