Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
Cientos de miles de personas de todo el país demostraron durante el paro y la movilización del pasado miércoles su rechazo al rumbo regresivo que el gobierno nacional busca profundizar, mediante el proyecto de Ley Ómnibus que se trataría en Diputados en los próximos días.
La masiva expresión de malestar, lejos de ser un hecho aislado, es previsible que se reitere y amplíe a medida que el oficialismo avance en sus propuestas de liberación indiscriminada de precios, suba de tarifas, eliminación de derechos y nuevo ciclo de desguace de áreas clave del Estado, que implicará además graves pérdidas de soberanía.
En este rumbo, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que la prioridad sigue siendo el déficit cero en las cuentas públicas prometido al Fondo Monetario. No obstante, los múltiples rechazos a la iniciativa parlamentaria obligaron a retirar el capítulo fiscal del proyecto Ómnibus. A cambio, el ministro anticipó “un mayor ajuste para todos, para la política, para la Nación y para las provincias”.
Se retiraron del proyecto los artículos referidos a la suba de retenciones a la exportación, el cambio en la fórmula de ajuste de los haberes jubilatorios, el blanqueo de capitales, la baja en alícuotas del impuesto a los Bienes Personales y la moratoria impositiva. También se posterga el proyecto de suba del Impuesto a las Ganancias sobre los ingresos de los/as trabajadores/as.
Para justificar el sobreesfuerzo que se exigirá a casi toda la sociedad, Caputo insistió en sostener que el desequilibrio entre ingresos y egresos del Estado ha generado problemas para la Argentina “en los últimos cien años”. De allí que, frente a la previsión de menos recursos, se planifiquen mayores recortes sobre todos los sectores.
Dicho de una manera más directa, la motosierra se aplicará sobre las partidas de los servicios básicos que presta el Estado: Salud, Educación, Seguridad, Infraestructura en todas las provincias, etc. Lo cual involucrará necesariamente achicamiento de planteles de empleados y menos salarios para agentes estatales (maestros, enfermeros, médicos, policías, personal de maestranza, por mencionar apenas algunos ejemplos). Sólo así les cerrarían los números.
Hay que recordar que el déficit financiero de 2023 fue de 6,1% del PIB, lo cual incluyó un 3,2% de intereses de la deuda (principalmente la contraída con el FMI). Pero, obviamente, no es por allí donde se harán los recortes.
El gobierno prevé acentuar la involución que se viene verificando desde los primeros días de su gestión. Primero con el shock desregulatorio y de liberación de precios “reprimidos”, luego con el controvertido decreto de necesidad y urgencia (DNU), que deroga leyes como la de Alquileres, Góndolas, Compre Nacional, Abastecimiento y pretende borrar un sinfín de derechos laborales (capítulo hoy frenado por la Justicia) y con el pretendido broche de la “Ley Ómnibus”.
Superpoderes
El proyecto original de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, conocido como “Ley Ómnibus”, había sido parcialmente corregido a fin de atender diversos reclamos sectoriales y regionales. Sin embargo, el borrador de la iniciativa que finalmente obtuvo el dictamen de mayoría (luego de trabajosas gestiones y con gran cantidad de disidencias) no mejoró ninguno de los temas centrales, e inclusive empeoró algunos.
Los artículos suprimidos o modificados no significan un límite a las futuras decisiones del Poder Ejecutivo. Al contrario, en el supuesto de ser aprobada (ahora que se excluyó el capítulo fiscal) la ley le otorgará amplios superpoderes al Ejecutivo (por un año, y con la posibilidad de extenderlo a dos con aprobación parlamentaria).
La delegación de facultades que le corresponden al Congreso, si finalmente se concretara, implicaría tergiversar el espíritu de la Constitución Nacional en lo que hace a la división de poderes.
Según surge del texto del proyecto, el jefe de Estado podría entonces modelar por vía de decretos un sistema económico “basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia y competencia, con respeto a la propiedad e iniciativa privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes y servicios”.
Podría establecer además “la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria; y procurar dejar sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado”.
La aprobación de la ley impulsada por libertarios y aliados daría luz verde para reorganizar el sector público nacional, a fin de “lograr la mayor economía, eficiencia, eficacia y racionalización de sus estructuras administrativas y reducir su actual sobredimensionamiento”.
Del mismo modo, se habilitaría regular y reordenar el sector energético “en función de la apertura de la exportación de hidrocarburos y sus derivados, de forma ágil y segura”. Mientras, permitiría “adecuar y recomponer las tarifas del sistema energético sobre la base de los costos reales del suministro, a fin de cubrir las necesidades de inversión y garantizar la prestación continua y regular de los servicios públicos”.
Retrocesos
Lo que queda del proyecto Ómnibus incluye la eliminación en la normativa vigente del punto referido a la transparencia de la deuda pública y su relación con el crecimiento económico necesario para asegurar la capacidad de repago.
El capítulo de privatizaciones, en tanto, supone la desaparición de empresas públicas estratégicas para el desarrollo nacional, o el eventual encarecimiento de los servicios que brindan, tanto intermedios como de consumo masivo.
La reforma del Estado propiciada eliminó a YPF del listado de las privatizables, mientras se autorizarán privatizaciones parciales en los casos de Nucleoeléctrica, el Banco de la Nación y Arsat. Se prevé “privatizar total o parcialmente o liquidar” 40 compañías estatales, sociedades y establecimientos productivos, incluidos, entre otros, Aerolíneas, AySA, Casa de Moneda, Correo, Fabricaciones Militares, Télam, Administración de Puertos, Banco de Inversión y Comercio Exterior, Tandanor y Yacimientos Carboníferos.
En esos y en otros casos relacionados con la promoción cultural o la investigación en ciencias se podarán presupuestos y desfinanciarán proyectos. Lo cual muestra que el gobierno actual desconoce la relevancia de la rentabilidad social que muchas áreas generan, así como la importancia de los desarrollos científicos, tecnológicos y socioculturales producidos.
Este amplio intento de reforma de las relaciones sociales, económicas y políticas, en desmedro de trabajadores/as, jubilados/as, inquilinos/as, PyMEs, industrias locales, etc., ya empezó a generar su contracara. Se puede ver en la creciente resistencia ciudadana al modelo de exclusión y pérdida de derechos; concentración económica derivada de una redistribución del ingreso más regresiva; achicamiento del Estado (para reducir su capacidad de intervención ante abusos de los grupos dominantes en cada mercado); y deterioro de las condiciones de vida del grueso de la población.
