Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
Sucede algo inédito en la Argentina: en el inicio de su gestión, el gobierno promueve dos paquetes de iniciativas integrales, el DNU y la llamada “Ley Ómnibus”, que tienen como objetivo, entre otros, desregular la totalidad de la economía. La diversidad de temas que tratan esos paquetes alcanza hasta a las organizaciones deportivas y a la doble indemnización para las personas no registradas que trabajan en casas particulares, entre muchas otras dimensiones de la vida de los argentinos y de las argentinas.
Por supuesto, esa diversidad de medidas simultáneas genera una gran complejidad en cuanto a su tratamiento parlamentario. La “Ley Ómnibus”, por ejemplo, que el Presidente quiere que sea sancionada antes de que finalice enero, para ser tratada requiere de la constitución de numerosas comisiones en el Parlamento. El último jueves se le dio giro a tres de ellas: Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales y Legislación General. Pero el tratamiento de los 664 artículos diversos que contiene ese proyecto requiere de la formación de por lo menos veinticinco comisiones.
En la constitución de estas primeras comisiones, el oficialismo impuso sus autoridades a través de procedimientos que fueron objetados por el bloque de Unión por la Patria, también acompañado por el bloque del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, en medio de una fuerte polémica. En el transcurso de la discusión, el diputado Germán Martínez dejó asentada la postura de nuestro bloque: “No respetaron la conformación de las comisiones con el sistema D' Hondt, no avanzaron en la conformación de otras comisiones, resolvieron unilateralmente el giro en tres comisiones y se sientan acá como si nada hubiera pasado”.
A su turno, la diputada Paula Penacca sostuvo: “No tenemos ninguna duda de que hubo un acuerdo político pero no tenemos ninguna duda de que hay que, además, respetar la voluntad popular que nos designó, en octubre, como primera minoría”.
Es decir: se acordó y se votó que las comisiones se iban a integrar de modo proporcional según el sistema D'Hondt. Y no es lo que sucedió. Se cambió de modo arbitrario el criterio y, por lo tanto, se vulneraron las reglas de funcionamiento parlamentario. Posteriormente, Penacca agregó: “lo que pasó con la conformación de comisiones es muy grave: nos robaron integrantes. La avanzada contra las instituciones y la división de poderes que se da desde el Ejecutivo con la Ley Ómnibus y el DNU, se está replicando en el Legislativo. Está en riesgo la democracia”.
El nuevo Presidente comenzó su gestión dándole la espalda al Congreso y continúa con esa misma posición. Pareciera que el gobierno considera al tratamiento parlamentario un trámite que hay que transitar de un modo automático y en el menor tiempo posible. Desde esa perspectiva, el debate legislativo se parece a una molestia que hay que atravesar velozmente pero al que no se considera necesario ni, por lo tanto, se valora. Es una especie de concesión institucional. En ese mismo sentido, el Poder Ejecutivo incluye en el paquete enviado al Congreso la delegación de facultades legislativas para el Presidente por dos años con opción a dos años más. Ello significa la posibilidad de que durante toda la gestión de Javier Milei el Poder Legislativo se transforme en una figura decorativa.
El gobierno pone permanentemente en discusión la legitimidad de los mandatos: dice que actúa con el mandato que le dio el pueblo. Pero quienes integramos el bloque de Diputados de Unión por la Patria también expresamos un mandato popular. Lo que el Ejecutivo no debería hacer —porque si lo hace corre el serio riesgo de sostener posiciones autoritarias— es desconocer la legitimidad de la oposición.
En nuestra República, los distintos poderes se eligen en tiempos diferentes: la Constitución establece que las elecciones presidenciales se producen cada cuatro años, la Cámara de Diputados se renueva por mitades y la de Senadores por tercios cada dos años. Este desacople de los tiempos tiende a equilibrar los poderes: si el Presidente fuera elegido junto con la totalidad de los diputados y senadores, desaparecería el equilibrio que se busca con la división de poderes. Por ejemplo, de los integrantes de la actual Cámara de Diputados que fueron electos en los comicios de octubre, La Libertad Avanza cuenta sólo con un 30% de ellos, aproximadamente.
La existencia de un Poder Legislativo con funcionamiento autónomo, con independencia de criterios y con capacidad de revisar los proyectos que el Ejecutivo le envía, hace al funcionamiento eficiente de la República. La discusión que actualmente se promueve parece ser la inversa: a menor injerencia del Poder Legislativo, mayor eficiencia y legitimidad de la gestión pública. Es decir: a menor división de poderes y a menor autonomía del Legislativo, mayor eficiencia de la gestión. Nuestro espacio político opina claramente lo contrario: un buen funcionamiento de la democracia exige deliberación, debate, contrastar distintos puntos de vista.
La democracia necesita tiempo para construir consensos alrededor de los distintos temas. Sus procedimientos buscan rapidez pero también seriedad, profundidad y acuerdos. Es, además, la caja de resonancia en la que deben poder expresarse la ciudadanía y las diversas formas de organización de esa ciudadanía. Por el contrario, el gobierno envía un paquete cerrado de medidas bajo la consigna “todo o nada”. Por lo cual, la única función que le atribuyen al Poder Legislativo es aprobar rápido todo lo que envía el Ejecutivo. Su autonomía se reduce a cero. En los cuatro años de la gestión que acaba de terminar, la oposición de ninguna manera acompañó las propuestas del entonces oficialismo y para aprobar leyes hubo que construir mayorías diferentes en cada uno de los temas.
El actual gobierno enfrenta decisiones judiciales que ponen en discusión algunas de sus iniciativas. Por un lado, las medidas cautelares que frenaron la aplicación del título cuarto del DNU que desregula el mundo del trabajo; por el otro, la justicia en lo Contencioso Administrativo desechó la estrategia gubernamental de concentrar todas las presentaciones contra el DNU en este último fuero. A ello hay que sumarle el proceso de movilización creciente de los distintos sectores perjudicados por las iniciativas gubernamentales.
El nuevo gobierno intenta aplicar sus políticas en un escenario en el que las diversas organizaciones ciudadanas, respaldadas por la cultura democrática fortalecida durante los últimos cuarenta años, comienzan a acelerar su reacción.
