Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
El gobierno tiene una frase de cabecera: “el superávit fiscal y el equilibrio de las cuentas públicas son innegociables”. Por contraste, tratan de instalar que Unión por la Patria es partidaria del déficit fiscal. Lo hemos dicho muchas veces: no somos hinchas del déficit, somos enemigos del ajuste como instrumento para resolverlo. No creemos que el déficit se solucione con motosierra y licuadora. Hay muchas herramientas alternativas.
La actual gestión propone enfrentar el problema por la vía del ajuste. Al mismo tiempo, impulsa la reducción del impuesto a los Bienes Personales beneficiando a las categorías más altas y propone eliminar las diferencias entre lo que tributan por los bienes en el país y en el exterior, entre otras cuestiones. Es decir: junto al ajuste promueve una caída de ingresos tributarios por el recorte de gravámenes a sectores de altos recursos y a grandes inversionistas.
Nuestra propuesta, por el contrario, consiste en aumentar los ingresos tributarios a partir del ciclo virtuoso del crecimiento de la economía, el aumento del empleo, la mejora de los salarios, el crecimiento del mercado interno y el consumo que redunda en nuevos ciclos de expansión económica y de aumento de la recaudación. También a través del combate a la evasión, a la elusión, al contrabando y, en general, con la aplicación de impuestos progresivos a toda la riqueza que no paga impuestos. Un ejemplo entre muchos otros posibles: gravando los inmuebles rurales en el exterior que ahora aparecen exentos del pago de Bienes Personales.
Tampoco parece congruente con la decisión gubernamental de reducir el déficit implementar el “blanqueo de capitales” tal como se lo presenta, con montos a regularizar por los que no se paga nada, entre otras medidas.
Insistimos en que el gobierno, en su búsqueda del “déficit cero”, debería pelear por la eliminación de los sobrecargos que el país paga por la brutal deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional por el gobierno de Mauricio Macri. Cuando se tomó ese crédito, la tasa de interés era del 1,9%. Hoy es del 5,1% producto de la suba de las tasas internacionales. Además, la Argentina tiene un sobrecargo de 3% por haber tomado un crédito mayor al que los reglamentos del FMI permiten. Esa eliminación de sobrecargos contribuiría significativamente a la reducción del déficit.
En la misma línea, tampoco se entiende cómo se compatibiliza el objetivo de lograr el equilibrio fiscal con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), incorporado al proyecto de ley “Bases”, un marco legal con beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios que favorece a proyectos de más de 200 millones de dólares. El nuevo régimen introduce bajas alícuotas en el Impuesto a las Ganancias, liberación de exportaciones e importaciones, la no obligación de ingresar los dólares resultantes de sus exportaciones y el CIADI como tribunal de resolución de los conflictos entre el Estado nacional y las empresas. Este organismo es el Tribunal Internacional del Banco Mundial donde la Argentina ha perdido sistemáticamente todos los juicios con empresas multinacionales, cuando se judicializaron los cambios en las políticas implementadas por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
De ser aprobado el RIGI, las medidas contenidas en este régimen van a atentar gravemente contra la actividad privada preexistente en el país. No es casual que los empresarios locales estén en estado de alerta. Lo que se propone es gravísimo: puede conducir a la destrucción de una parte del aparato productivo, a un fuerte aumento del desempleo y al agravamiento de la crisis. Además, ¿por qué las PyMEs no tienen las mismas prioridades y ventajas que los que traen proyectos por más de 200 millones de dólares?
En síntesis: un modelo basado en la combinación de ajuste del gasto y reducción de los ingresos producto de los beneficios impositivos para grandes inversionistas y sectores de altos recursos sólo puede conducir a un ajuste infinito o a aumentar las imposiciones sobre las clases medias y demás sectores populares, como ocurre con la reposición del gravamen a la cuarta categoría de Ganancias.
Los resultados ya se manifiestan con claridad. En marzo de este año, la caída interanual del índice de producción industrial fue del 21,2%. Todos los rubros de la industria tuvieron descensos significativos. En “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras” la caída fue del 40,4%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 25,2%; “Alimentos y bebidas”, 14,2%; “Maquinaria y equipo”, 37,9%; “Industrias metálicas básicas”, 34,0%; “Productos minerales no metálicos”, 35,8%; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 42,8%; “Madera, papel, edición e impresión”, 19,3%; “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 21,3%; entre otros. Se trata de un descenso generalizado que afecta a una gran cantidad de empresas y deteriora la vida de miles de argentinos y argentinas integrantes de sectores medios y demás sectores populares.
En paralelo, la construcción tuvo una caída interanual del 42,2%. En ese marco, la demanda de asfalto descendió un 69,2%; el hierro redondo un 54,3%; el cemento portland un 43,1%, entre otras. Estos números se explican por la casi paralización de la obra pública financiada por la Nación y la fuerte caída de las transferencias a las provincias. La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) ha asegurado que en el último mes se perdieron casi 100 mil puestos de trabajo en el sector.
La inflación tenderá a bajar en este escenario, pero como consecuencia de una recesión brutal. Seguramente habrá un aumento más moderado de los precios producto de la baja del consumo.
En este contexto —de permanente ajuste y retroceso de la producción, el empleo y los salarios—, el paro general de este último jueves tuvo una fuerte participación de la ciudadanía. El único límite al ajuste es la capacidad de resistencia de los ajustados.
La historia reciente ya tiene, entre otros, varios capítulos: comenzó con el paro de las centrales obreras el 24 de enero, continuó con las movilizaciones por los derechos humanos el 24 de marzo, luego con la marcha federal de la comunidad universitaria el 23 de abril, posteriormente con las concentraciones del 1º de mayo y, la semana que pasó, con el paro de las centrales de trabajadores y trabajadoras. Son los ajustados que expresan crecientemente su resistencia a un modelo de país que los excluye y castiga.
