Ámbito Financiero | Opinión
Por Carlos Heller
Hubo muchas declaraciones sosteniendo que los precios de la carne crecían por la existencia de limitaciones a la exportación, aunque en estos últimos meses se evidenció una leve deflación en algunos ítems. Pero luego del anuncio de la flexibilización de los cupos a la exportación de carne vacuna, desde algunos sectores empresarios se empezó a tratar de instalar la idea de que podrían registrarse aumentos en el mostrador en los próximos meses.
Pero, ¿por qué subirían los precios si se mantienen hasta finales de diciembre las restricciones para exportar los principales cortes de consumo popular? ¿Por qué ocurriría eso si la medida sólo abarca a la exportación de “vacas conserva” al mercado asiático, un tipo de ganado que no se utiliza normalmente para el mercado interno?
Al respecto, uno de los medios de mayor llegada recogió las palabras de un empresario del sector afirmando que “es un tema de oferta-demanda”, y que habrá una mayor demanda de carne «por la platita» que le están entregando a la gente previo a las elecciones legislativas del 14 de noviembre”.
El razonamiento se basa en una premisa falaz, con tinte político, pero que deja expuesto el verdadero motivo que hay detrás de eventuales remarcaciones: la posibilidad de apropiación de una parte importante del mayor ingreso para los sectores más desprotegidos. En el diccionario económico este comportamiento tiene un nombre: puja distributiva. El fenómeno no se produce sólo en segmentos transables internacionalmente, como el agropecuario, aunque tiene una fuerte expresión allí.
Se registra en un marco de precios casi récord de las materias primas, producto de la recuperación de la actividad global, pero también de la especulación que se da en esos mercados. En nuestro país, las inversiones que se observan en el sector agropecuario (por ejemplo, la compra de maquinaria) están en línea con un mundo ampliamente demandante de materias primas, probablemente de forma creciente si se avanza a nivel internacional con políticas de redistribución y que apunten a eliminar la pobreza. En este contexto, es esencial contar con un Estado activo que regule esta puja distributiva, como el gobierno trata de hacer con las medidas que viene tomando y tomará.
El proyecto de ley del “Régimen de fomento al desarrollo agroindustrial”, en el que se venía trabajando desde mucho antes de las elecciones, es un proyecto que busca alcanzar la meta de 200 millones de toneladas de producción de cereales, oleaginosas y legumbres en 2030. Tiene además el objetivo específico de incrementar las exportaciones de bienes y servicios agrobioindustriales para llegar a los 100 millones de dólares en ese momento, así como de crear 700.000 nuevos puestos de trabajo en el sector.
La idea es que haya un crecimiento importante de la capacidad exportadora de la Argentina, lo cual va en beneficio directo de los exportadores y de los distintos eslabones, pero también se busca generar ingresos importantes en el resto de las variables, como las fiscales, las reservas, el empleo, etc. Hace al objetivo de avanzar hacia un programa de generación de valor agregado y desarrollo.
Este régimen auspicioso no va a eliminar la puja por la distribución de la riqueza y por eso se requiere, entre otras cosas, del monitoreo y control estatal para evitar subas injustificadas. Es vital seguir tratando de que los precios domésticos y los internacionales, en especial de los alimentos, estén desacoplados, ya que de lo contrario se tiende a ir en contra del objetivo central de la política económica de que los ingresos le ganen a los precios.
Dada la evolución de las paritarias y por la reciente desaceleración de la inflación respecto del pico de marzo, los salarios reales de julio crecieron casi dos puntos por encima de lo que lo hicieron los precios. Es información que va llegando con la demora estadística del caso y que seguramente se va a seguir modificando de forma positiva en los próximos meses. Naturalmente se viene de muy atrás y cuesta que se noten las mejoras. Así y todo, los indicadores de consumo están mostrando avances, que no se dan naturalmente sino que son una consecuencia de las políticas aplicadas. Si un resultado electoral resta capacidad para sancionar leyes, el objetivo de profundizar la recuperación se verá amenazado.
