10.05.2013 | Ámbito.com | Opinión
Por Carlos Heller (Diputado Nacional por el Frente Nuevo Encuentro)
Las distintas políticas que se han implementado en los últimos años han ido profundizando la intervención del Estado en la economía para fomentar el crecimiento económico, sostener y mejorar el empleo y lograr una mejor redistribución de la renta y la riqueza.
Entre otras tantas, cabe destacar decisiones como la estatización de las AFJPs, que cerró el negocio especulativo con los fondos de los jubilados; la re estatización de Aerolíneas Argentinas y de YPF, que disputa con las ideas de la "intangibilidad de las inversiones externas" que el mundo neoliberal defiende con ahínco; la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que democratiza la actividad y regula a los actuales monopolios; las nuevas funciones otorgadas en la Carta Orgánica del Banco Central, por las que éste puede direccionar el crédito, fijando montos y tasas; al igual que la nueva ley de Mercado de Capitales, que derriba la autorregulación y unifica el control en el Estado. Cabe mencionar también la implementación de retenciones para captar parte de la renta extraordinaria de ciertos sectores exportadores, medida que también caracteriza al modelo iniciado en 2003.
Todas estas acciones, de una u otra forma, acortan márgenes de maniobra que tenían los grandes empresarios para obtener desmedidas ganancias, afectan sus intereses, y esto genera una disputa y una puja, para mantener e incrementar los márgenes de utilidad. Uno de los resultados más evidentes de esta conducta, pero no el único, es el impulso inflacionario que imponen a la economía aquellos formadores de precios, pertenecientes a mercados oligopólicos, que lo utilizan para captar gran parte del poder de compra de los asalariados y jubilados, en pos del aumento de su tasa de ganancia empresarial.
De la misma forma, todos aquellos que manejaban grandes cantidades de dinero provenientes de operaciones no legales -entre ellas la evasión impositiva-, y que han visto restringido su accionar, entre otros, a partir de la política de administración de divisas, hoy buscan continuar con sus maniobras especulativas, presionando a través de las expectativas para una devaluación de la moneda local. Esta puja se expresa no sólo en las acciones concretas que realizan, sino también a través de la política, con una pléyade de intelectuales y políticos que defienden la libertad absoluta del mercado, y acompañan las estrategias de los dueños del poder económico.
Ante problemas como la inflación y las disparadas del dólar ilegal, entre otros, las únicas soluciones que ofrecen pasan por liberar los mercados y ajustar la economía, tanto a partir de la reducción del gasto público, como de la restricción de la circulación monetaria. Es el otro modelo, el de una Argentina que se achica y en el que sólo unos pocos, los más poderosos, se benefician.
Frente a esta situación, es importante desoír los consejos de quienes apuntan a defender sus intereses particulares, en detrimento de la comunidad y prestar atención al discurso del lunes 6 de mayo de la presidenta Cristina Fernández, quien categóricamente expresó: "Los que pretendan ganar plata a costa de una devaluación que tenga que pagar el pueblo van a tener que esperar a otro gobierno".
Es preciso seguir implementando políticas que fomenten el crecimiento de la economía. Sólo a través de este camino se podrá seguir creando trabajo, mejorando sus condiciones y redistribuyendo de manera más equitativa.
Debido a la elevada primarización de la economía, el crecimiento es muy dependiente de los precios internacionales de las materias primas agrícolas y de la evolución climática. Una característica que ha afectado a todas las economías de Latinoamérica, incluso la más industrializada, la República Federativa de Brasil. Revertir esta situación no es fácil, involucra procesos de largo plazo, pero que deben planificarse ya. La idea está lanzada; en varios discursos la presidenta Cristina Fernández se ha referido a la importancia de generar mayor valor agregado a partir de los productos agrícolas, promoviendo procesos de industrialización para exportar las materias primas con mayor nivel de procesamiento, fomentar la sustitución de importaciones e impulsar la industria del conocimiento y la innovación. El impacto de estas políticas fue claramente expresado en el reciente discurso de la presidenta: "necesitamos una fuerte reindustrialización para mejorar el poder adquisitivo y el funcionamiento de la economía". Hay que ir poniendo estas ideas en acción.
La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central otorga una gran cantidad de herramientas para avanzar hacia el crecimiento y la transformación productiva, se espera que la reforma del mercado de capitales también abone ese camino, pero queda aún un tema principal que es la necesidad de una profunda reforma impositiva. Ésta tendría dos objetivos concomitantes, por un lado, fomentar la producción con una menor carga de los impuestos sobre los bienes y servicios, en especial el IVA, y mejorar la distribución del ingreso haciendo recaer el mayor peso de la recaudación en las ganancias en cabeza de las personas, mejorando la base imponible de este impuesto, actualizando las escalas e incluso superando la tasa máxima del 35% para las mayores fortunas. La renta financiera debe ser gravada, excluyendo a los pequeños ahorristas, y centrarse especialmente en las ganancias de capital.
El hecho de gravar los dividendos en cabeza de las personas tiende a evitar que el impuesto a las ganancias termine siendo trasladado a los precios. Este cambio en ganancias se vincula con el segundo objetivo de la reforma impositiva, que es incidir en los precios, gravando con una muy elevada tasa las ganancias excepcionales, de forma tal de desactivar el mecanismo de incremento de rentabilidad vía aumento de precios. Este cambio debe acompañarse con un estricto seguimiento de los costos de las grandes empresas, para ir incidiendo en los márgenes que se obtienen en las distintas cadenas de los productos, trabajando sobre la idea de una "rentabilidad razonable" para que el valor agregado generado por una actividad se distribuya proporcionalmente entre los distintos actores, los trabajadores, los productores y los comercializadores, beneficiando además a los consumidores.
En resumen, la principal problemática de la Argentina hoy se basa en concientizar a la sociedad, a través de las acciones de gobierno, y de la acción política e intelectual, de que la profundización del modelo es el único camino que garantiza una economía que brinde beneficios a todos los habitantes y reparta el ingreso en forma más igualitaria.
En esa tarea, es menester recordar el perjuicio sobre la economía y la sociedad que generaron las políticas de liberalización, desregulación, privatización y endeudamiento externo, que hoy son moneda común entre aquellos economistas y políticos de la oposición que ofrecen soluciones mágicas a los diversos problemas, pero que en su seno esconden el más profundo recetario neoliberal.
