Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
En repetidas ocasiones, desde el comienzo de la actual gestión, comenté que todas las medidas del gobierno apuntaban a conquistar la confianza de los mercados. La desregulación de la economía fue, en este marco, el puntapié inicial para comenzar un nuevo camino hacia la financiarización, con el consiguiente crecimiento de la deuda. Es la misma línea que se había utilizado en las anteriores gestiones neoliberales.
En 2016 señalé que durante la dictadura, y en los noventa, el elevado endeudamiento se traducía en fuertes fugas de capitales, un tema que importantes economistas del ámbito popular, como Eduardo Basualdo, se encargaron de mostrar. Si en ese momento se establecía un paralelismo entre el endeudamiento y la fuga, en estos años el comportamiento fue casi el mismo. Según los datos del Balance Cambiario del Banco Central, desde diciembre de 2015 la deuda pública creció 105 millones de dólares, mientras que la compra de activos externos (más los intereses pagados) lo hizo en 112 mil millones. Una coincidencia que no es casual.
Luego, en 2017, también hice referencia a la emisión del bono a 100 años, un claro ejemplo del esquema de valorización financiera. Nótese que en ese momento no se le pidió opinión al Congreso de la Nación. El bono a 100 años fue colocado a una tasa anual del 7,9%, muy parecida a las extraordinarias tasas pagadas a los fondos buitre. También decía que se trataba de un verdadero "cambio" en la situación financiera de nuestro país que preocupaba, ya que —comenté en esa ocasión— "son las mismas políticas que en su momento derivaron en la crisis económica y social de principios de siglo y del largo proceso que insumió luego la reestructuración de la deuda".
La opción elegida se expresó en los números que son los que determinan la crisis actual del modelo. Por caso, la deuda pública, que al asumir Mauricio Macri estaba en el 53,6% del PBI (incluyendo 4,1 puntos de los denominados "holdouts"), en marzo de 2019 se encontraba en el 88,5 por ciento. Otra clara muestra de responsabilidades. Estos datos indican que la vulnerabilidad es inherente al modelo aplicado por Macri y su equipo.
Los mercados y el FMI ya descontaban este desenlace. En julio de este año, sin ir más lejos, Bloomberg situó a Argentina en el primer lugar de su ranking de vulnerabilidad, haciendo énfasis en el elevado ratio de deuda externa. También ese mes el FMI afirmaba en su cuarta revisión del préstamo que "la elevada deuda pública y necesidades financieras y la alta sensibilidad a los movimientos del mercado determinan riesgos de sustentabilidad para la deuda Argentina (…). Las mayores necesidades financieras provenientes del reciente acortamiento de plazos generan riesgos de liquidez en los meses venideros (…). La deuda de Argentina es evaluada como sustentable pero no con una alta probabilidad". A pesar de esta última definición, el Fondo autorizó en julio el desembolso de 5400 millones de dólares, lo que marca que las responsabilidades son compartidas. Esto no hace más que confirmar que la deuda con el FMI y los pagos de esta, concentrados en 2022 y 2023, se programaron para forzar una renegociación, con la idea de atar aún más al país a los objetivos del Fondo. Ya sea con el acuerdo actual, o con uno nuevo de facilidades extendidas, que traería consigo todo un conjunto de reformas estructurales.
Por eso hay que decirlo con todas las letras: el responsable de la situación no es el sistema democrático, como intenta tácitamente transmitir el oficialismo al echarle la culpa a los resultados de las PASO. El problema no se gestó en las últimas semanas, sino en los últimos años, con todo un conjunto de políticas generadoras de vulnerabilidad externa y multiplicación de la pobreza.
Cuidar a los argentinos
Las novedades estadísticas de esta semana siguieron ratificando los costos del modelo. Según el Indec, en el mes de junio de 2019, los asalariados registrados e informales sufrieron otra reducción de su poder adquisitivo, y ya suman más de 16 meses consecutivos de caída. Como siempre, los más perjudicados fueron los trabajadores no registrados, con una pérdida de poder adquisitivo del -14,1% interanual, comparados con los trabajadores del sector privado y público (-9,3% y -8,9% respectivamente).
Siguiendo con los datos laborales, el Ministerio de Producción y Trabajo publicó las estadísticas de empleo. Durante el primer semestre de este año, 98.249 asalariados privados perdieron su empleo. Los trabajadores de casas particulares y los monotributistas fueron las dos modalidades que registraron un incremento en el nivel de empleo durante ese periodo (11.428 y 24.357 respectivamente). Al analizar la misma variable pero por ramas de actividad, la industria manufacturera ocupó el desafortunado primer lugar en la pérdida de trabajadores durante el primer semestre (-23.700), seguida por el sector comercio (-13.000) y el sector servicios que nuclea a los de intermediación financiera, actividades inmobiliarias, restaurantes y hoteles, servicios de salud, etc. (-10.500). Muy alejado de los supuestos brotes verdes que el gobierno intentaba instalar en el primer semestre.
Como una imagen espejo de lo descripto en los párrafos anteriores, las estadísticas de consumo del mes de junio no fueron alentadoras. En el acumulado del primer semestre, las ventas en términos reales en supermercados se redujeron en un 12,8% y en mayoristas un 14% interanual. Algo preocupante al tener en cuenta que el principal rubro de venta de estos establecimientos es el de alimentos y bebidas.
El próximo gobierno será el encargado de revertir esta delicada herencia. Pero hay que dejarlo bien en claro: la única opción es la de un cambio de modelo, que ponga en primer lugar el bienestar colectivo, y no las políticas de achicamiento del mercado interno y de desregulación, que sólo benefician a unos pocos.
